De la reforma bancaria
En la economía española, como en otras de la periferia europea, se da un intenso bucle (nefasto en periodos de recesión) entre las finanzas públicas y las de los bancos. Dada la alta tenencia de bonos públicos por parte de estos (con fuerte sesgo doméstico), el riesgo soberano afecta a la solvencia de los bancos; y como la garantía de los depósitos bancarios recae en el Estado, el riesgo de los bancos afecta a las finanzas públicas.
La crisis financiera internacional y la explosión de la burbuja inmobiliaria nacional han provocado una muy grave crisis en la economía española, en el sistema bancario y en las finanzas públicas. Tres crisis que se refuerzan mutuamente. Así las cosas, aumenta el riesgo que perciben los inversores financieros a la hora de prestar dinero a los bancos y al Estado. No ya debido al efecto contagio de Grecia, Irlanda y Portugal, sino a la propia situación española. Los inversores huyen de los activos españoles (públicos y privados), la prima de riesgo soberano se sitúa en niveles muy altos y los mercados mayoristas permanecen cerrados para los bancos españoles. El nefasto bucle bancos-Estado actúa en perjuicio de la recuperación de la economía real.
Desde 2009, constatada la gravedad de la crisis, se adoptan en España sucesivas reformas bancarias. Se crea el FROB, se cambia el marco regulador de las cajas de ahorros, se exigen más capital y provisiones, se reestructuran muchas entidades, etc. Y en febrero de este año, el nuevo Gobierno adopta más medidas de saneamiento de activos inmobiliarios (problemáticos y no problemáticos), estableciendo mayores exigencias de provisiones valoradas en unos 54.000 millones de euros y nuevas modificaciones del régimen jurídico de las cajas de ahorros, entre otras medidas.
Pero todo ello resulta insuficiente. El conjunto del sistema bancario español no despeja las dudas que suscita, dudas que se extienden a la capacidad del Estado español de respaldar una hipotética (y para algunos probable) crisis de solvencia de entidades financieras españolas. De modo que sigue cerrada la financiación mayorista a los bancos, continúa la huida del capital de los títulos españoles, la prima de riesgo sube y el Ibex cae. En estas circunstancias, el pasado 25 de abril el FMI publica una valoración del sistema bancario español. En ella sostiene que, aunque los mayores bancos españoles tienen una posición financiera sólida, existen 10 entidades vulnerables que están afectando al conjunto del sistema bancario. Señala que es prioritario afrontar de forma rápida y eficaz la valoración de los activos inmobiliarios (la falta de transparencia enmascara su adecuada calificación) y recomienda mejorar la gobernanza de las cajas, así como fortalecer la autoridad e independencia de los organismos reguladores. Pocos días después, surge la crisis de BFA-Bankia, la cuarta entidad del sistema bancario.
Y el viernes, un día plagado de nubarrones financieros, por el anuncio de negativas previsiones de la Comisión (menor tasa de crecimiento, peor déficit público, mayor tasa de desempleo), con más caídas del Ibex y el aumento de la prima de riesgo, el Consejo de Ministros anuncia nuevas medidas de reforma bancaria. Destacan tres. En primer lugar, las mayores coberturas (provisiones) de activos inmobiliarios no problemáticos, debiendo ser realizadas antes de fin de año. La norma implica añadir 30.000 millones de euros a 54.000 millones exigidos en febrero pasado. Las entidades que tengan déficit de recursos para cumplir con estas exigencias y no puedan capitalizarse en el mercado podrán recurrir al FROB, emitiendo bonos convertibles contingentes, con un coste de financiación en torno al doble del coste de financiación del Tesoro. Con la medida se trata de hacer frente a un hipotético empeoramiento (o la inadecuada valoración del riesgo que diría el FMI) de la cartera inmobiliaria. En segundo lugar, la obligación de las entidades financieras de reubicar la cartera de activos adjudicados en una sociedad gestionada de forma independiente antes de fin de año. Y tercero, el encargo de dos informes de valoración externos e independientes sobre el grado de saneamiento de los balances bancarios.
¿Serán suficientes estas medidas? Ojalá, el tiempo lo dirá. España necesita sanear de verdad su sistema bancario y al propio tiempo consolidar sus cuentas públicas, rompiendo ese nefasto bucle Estado-bancos que incrementa la desconfianza y atenaza el crecimiento económico. Y en ello resulta fundamental la ayuda europea, no solo manteniendo la financiación del BCE a los bancos, flexibilizando los objetivos de déficit público y aprobando medidas de estímulo (a plantear en próximas cumbres de 23 de mayo y finales de junio), sino también creando un sistema bancario europeo (mecanismo de resolución de crisis bancarias y fondo europeo de garantía de depósitos). Pero esto último, al ritmo actual que lleva la reforma institucional de la Unión Europea, es una utopía.
José Ramón de Espínola. Catedrático de economía. Universidad Pontificia Comillas-ICADE