Una contundente reforma financiera
Ahora hace justo dos años que, oficialmente, este país comenzó a admitir que había cometido errores de bulto desde la entrada en el euro y que la etapa de sobreexplotación del crédito había traído problemas a todos los agentes económicos, que estaban comenzando a trasvasar al Estado en forma de cargas. Hace justo dos años los socios monetarios leyeron la cartilla a España en Bruselas y el Gobierno, resignado, despertó el sueño de la abundancia y regresó a la realidad del rigor. España era uno de los problemas de Europa y junto con otras economías periféricas ponía en riesgo el euro.
Aquel día, tras el abrupto regreso a la cruda realidad, España empezó a ajustar su cuerpo a sus verdaderas costuras, e inició el viaje de vuelta de una escapada que había durado demasiado tiempo y la había llevado demasiado lejos, tanto en endeudamiento de sus agentes privados como de unas Administraciones públicas que habían interpretado, como los malos políticos, que gobernar es solo gastar.
El ajuste no ha terminado, ni mucho menos, pero el camino está ya marcado. Y la única resistencia que los acreedores del país, los de hoy y los que tengan que serlo en el futuro, es la solvencia, presente y futura, de un sistema financiero atiborrado de activos inmobiliarios, una especie que tradicionalmente se ha llevado por delante a los sistemas bancarios por saludables que fuesen. Hasta cuatro reformas se han puesto en marcha desde 2009, todas ellas encaminadas a mejorar una solvencia bancaria que estaba condenada a deteriorarse de forma natural con el devenir de la crisis, pero cuya dimensión nunca se quiso admitir.
En los últimos meses, tras el fortísimo endurecimiento de las provisiones por los activos inmobiliarios dañados (esos 180.000 millones considerados problemáticos), el mercado financiero ha seguido sospechando que no era suficiente, que la crisis sería más larga de lo esperado y más prolongada por el hecho mismo de la falta de salud bancaria. El Gobierno ha admitido que su reforma de febrero era corta y ha reaccionado con relativa rapidez para enmendarse la plana a sí mismo con una segunda ronda de provisiones (28.000 millones, el beneficio de dos años, sobre los 53.000 de febrero). Además, siguiendo recomendaciones de Bruselas, ha añadido la valoración independiente de los activos para despejar las dudas sobre la parcialidad o falta de rigor del Banco de España, juicios ambos seguramente injustificados, y ha obligado a los bancos a sacar del balance los activos inmobiliarios adjudicados para depositarlos en banco malos, para que no quede duda sobre la imposibilidad de contaminación a la actividad financiera ordinaria futura.
La proporción de las cantidades fijadas como provisión es de tal calibre -en febrero sobre activos dañados y ahora sobre los sanos- que cuesta creer que no vaya a ser suficiente para cubrir cuantas pérdidas puedan ocasionarse en el futuro, tanto en los activos tóxicos como en los que pueden devenir en tal condición. Solo una recesión descomunal, más de lustros que de años, podría devastar tanto el paisaje económico como para aflorar en la banca tantas pérdidas como las que con el real decreto de ayer deben cubrirse. El dique de contención parece, pues, muy consistente. Ha llegado tarde, y lo ha hecho más por la presión exterior que por la convicción interior. Pero ha llegado. De poco sirve reclamarla para hace tres años, que hubiera sido lo suyo. No hay carácter retroactivo posible.
El Gobierno, como el anterior y casi todos en Europa, ha puesto dinero público a disposición de quienes no puedan cubrir las provisiones y, como el anterior, con abultado coste para las entidades. Ha movilizado también otras teclas que afectan de forma directa a la actividad inmobiliaria, tanto sobre la propiedad como sobre el alquiler, para facilitar respiraderos a esa inmensa bolsa de casas que, en manos de los bancos, las inmobiliarias o los particulares, presiona sobre la actividad. La recomposición será lenta. Pero sin el éxito de esta cuarta reforma financiera -de un calado tan desconocido en España como desconocida es la dimensión de la crisis-, la banca, conformada ahora por una docena de grandes entidades frente al medio centenar largo de hace cuatro años, no podría oxigenar sus balances y ganar la credibilidad necesaria ante sus acreedores y deudores para volver a agitar la economía con la captación de liquidez y la concesión de crédito.