Presupuestos poco convincentes
En un contexto económico adverso, el Gobierno pretende reducir el déficit del 8,51% al 5,3%. El autor analiza las medidas de gasto e ingresos introducidas y sus efectos sobre los inversores internacionales.
La economía española ha entrado, con una probabilidad elevada, en recesión en el primer trimestre de 2012 y, muy probablemente, registre a lo largo del año algún trimestre adicional de contracción de la actividad de mayor magnitud, derivado de los efectos del ajuste presupuestario presentado en los Presupuestos. Según las últimas estimaciones del Banco de España, el PIB del primer trimestre se ha contraído un 0,4% trimestral, una décima por encima del 0,3% del trimestre anterior. Esta caída se enmarca en un escenario de debilidad de demanda interna, que sigue penalizando negativamente a la actividad, aunque en menor medida que en el trimestre anterior, y una contribución positiva de la demanda exterior, que se ha visto reducida debido a la reciente debilidad de la evolución económica de los principales socios comerciales.
Las proyecciones de PIB para el conjunto de 2012 de los principales organismos internacionales anticipan una caída entre el 1,0%, según las más optimistas de la Comisión Europea, y el 1,8%, según las del FMI o el propio Gobierno español. Bajo este contexto económico adverso de crecimiento, el ejecutivo español pretende reducir el déficit desde el 8,51% de 2011 al 5,3% en 2012.
En los Presupuestos Generales del Estado (PGE-12) se propone un ajuste de 2,5 puntos porcentuales de PIB, entre los que se incluyen 1,6 puntos de ajustes del déficit de la Administración central, y a los que se le añaden 0,9 puntos de ajuste derivados de los gastos ya comprometidos, entre los que se encuentra el incremento de los costes derivados de los intereses de la deuda, la financiación de las Administraciones territoriales, el incremento de los gastos por prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y de las prestaciones de desempleo, derivados del mayor deterioro económico.
Con este ajuste, en torno a unos 27.300 millones de euros, solo se contemplan las necesidades que debe afrontar la Administración central, que deberá pasar del 5,1% de 2011 al 3,5% en 2012. Por tanto, en los PGE-12 no se incluyen los ajustes que deben hacer las Administraciones autonómicas, que necesitan reducir el déficit a la mitad, del 2,9% de 2011 al 1,5% en 2012. En consecuencia, a pesar de que los PGE-12 presentados por el Gobierno son austeros y están encaminados a la necesaria reducción del déficit, son, por sí mismos, insuficientes para conseguir el ajuste pactado con Bruselas. En esta línea se entiende el contenido del comunicado de prensa, en el que el presidente del Gobierno anunciaba, de forma inesperada y sin seguir los cauces habituales, la necesidad de reducir el gasto en educación y sanidad, las dos principales partidas presupuestarias de las comunidades autónomas, en 10.000 millones de euros en 2012.
Otra de las inquietudes que despertaron los PGE-12 fue el incremento de ingresos previsto por el Ejecutivo, ya que en un entorno de debilidad de demanda interna y especialmente de deterioro del mercado laboral, pretende incrementar los ingresos significativamente, sin modificaciones de los impuestos más relevantes. Dejando al margen el incremento de la retención por IRPF anunciada el pasado mes de diciembre, destaca la introducción de una amnistía fiscal para los capitales no declarados en el extranjero, propuesta que ha sido objeto de numerosas críticas, por los incentivos que puede generar sobre las expectativas de futuras medidas similares sobre los evasores de impuestos, si bien el objetivo del Gobierno era aflorar capitales en el extranjero a través de una fiscalidad más permisiva. Sin embargo, el grueso de los incrementos de la recaudación se prevé a través de la eliminación de deducciones en el impuesto sobre sociedades, las cuales no se han detallado aún. En este capítulo de ingresos, por tanto, parece que las medidas introducidas por el Gobierno son relativamente poco transparentes, a la vez que son difíciles de contrastar con datos reales, lo que aporta un mayor grado de incertidumbre y credibilidad sobre las mismas. En este sentido, aunque son medidas más impopulares, parece que el incremento de impuestos indirectos tradicionales podría haber sido una medida más fácil de justificar sobre los inversores internacionales.
No obstante, es en la partida de gasto en la que el ejecutivo ha concentrado el grueso del ajuste fiscal. Entre las medidas propuestas destaca la reducción de un 16,9% de los presupuestos ministeriales, con el de Fomento a la cabeza de los recortes, con un 34,6%, lo que representa una reducción de unos 3.000 millones de euros, por lo que las inversiones en infraestructuras se verán afectadas significativamente por este ajuste. En agregado, parece que el ajuste planteado, aunque severo, es factible de conseguir por el ejecutivo.
Con todo, las inquietudes planteadas anteriormente se han convertido en los argumentos utilizados por los inversores internacionales para desconfiar, nuevamente, de las cuentas públicas y ejercer un nuevo golpe al mercado de deuda pública española. Como consecuencia, la prima de riesgo ha repuntado con intensidad en las últimas semanas, situándose por encima de los 400 puntos básicos, nivel que no se observaba desde septiembre de 2011, a la vez que las emisiones de deuda pública por parte del Tesoro han visto cómo se reducía su demanda, provocando un incremento significativo en el coste de colocación de la deuda.
Aunque la respuesta institucional de las autoridades europeas a los PGE-12 está por determinar, el presidente del BCE atribuyó la reciente inestabilidad de los mercados de deuda a la necesidad de realizar ajustes fiscales adicionales, a la vez que se introducen reformas estructurales en las economías periféricas, entre las que puso como ejemplo la española.
España vuelve a situarse al frente de las tensiones en los mercados de deuda, superando nuevamente a Italia, a pesar de que los niveles de endeudamiento público de esta última se mantienen muy por encima de la deuda española, y provocando caídas importantes en los índices de renta variable, por lo que el Ibex 35 se ha situado en mínimos desde septiembre de 2011, mientras que los principales índices europeos acumulan un cierto avance desde principios de año.
Fran J. González. Economista del Servicio de Estudios de Catalunya Caixa