Habíamos quedado en que la banca pagaría lo suyo

Habíamos quedado en que la banca pagaría lo suyo, costearía la reforma y saneamiento del sistema para adaptarlo a las exigencias de la nueva realidad económica. Pero cada operación que se hace descubrimos que el compromiso del Gobierno de imputar los costes a las entidades es menos cierta, y que son los clientes de los bancos, todos los españoles en un país con una tasa de bancarización cercana al 100%, quienes soportarán el coste que no soporten los contribuyentes.

Los principios marcados por el presidente del Gobierno en su investidura para resolver la crisis se están cumpliendo a medias en el caso de la reestructuración financiera. Él prometió que los costes serían soportados de manera equilibrada, y algunas decisiones para respetarlo ha tomado; pero el marchamo que lleva la resolución de los problemas de insolvencia de la banca no va por tal camino. Ha topado los sueldos de los gestores bancarios de las entidades que han recibido ayudas públicas, y ha cargado sobre la banca los efectos que pueden tener los impagos hipotecarios en los casos de extrema necesidad, permitiendo la dacción en pago como una posibilidad última, aunque sea de forma semiobligatoria. Pero el saneamiento y reestructuración del sistema tiene muchos aspectos que no respetan el propósito inicial del Gobierno.

En el diseño de la reforma Guindos existen ayudas públicas a la banca por al menos dos vías, aunque en ambas el Gobierno pretende argumentar que no lo son. En primer lugar, existe la posibilidad de inyección de capital en entidades con problemas de solvencia, aunque sea a cambio de una remuneración ciertamente alta, o líneas de crédito para garantizar la liquidez, y los esquemas de protección contra las pérdidas en las adjudicaciones de entidades en subasta se financian con recursos del Fondo de Garantía de Depósitos, que son recursos públicos, aunque el fondo se capitalice con aportaciones de la banca en función de sus depósitos.

Decir que son las entidades quienes soportan el coste de la reestructuración porque se financie con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos no se ajusta plenamente a la verdad. Aunque se capitalice con sus cuotas y en función de sus pasivos (depósitos), el sobrecoste termina recayendo siempre en la clientela de los bancos, ya sea con una menor remuneración del ahorro, ya sea con un sobrecoste sobre los tipos de interés de los créditos. Dado que ya prácticamente el FGD no tiene recursos, y tiene compromisos de cobertura de pérdidas muy elevados (y más que tendrá si las entidades que faltan por subastar se protegen de pérdidas por el mismo mecanismo), las aportaciones extras se notarán tanto en los depósitros como en los créditos. Por tanto, es la clientela quien paga una parte de la reestructuración, y los contribuyentes los paganos últimos de la otra parte vía FROB, aunque a cambio haya una remuneración.

El mecanismo de cobertura contra pérdidas utilizado en el caso de la compra de CAM por parte de Sabadell, o de Unnim por parte de BBVA, suponíase que era único, y que no se utilizaría en el resto de las subastas, a juzgar por declaraciones de los ministros de Rajoy. Pero la realidad parece aclarar que se repetirán en el caso de Catalunya Caixa o las Cajas Gallegas, si terminan en subasta, así como en el caso de la absorción de las dos grandes cajas catellanas por parte de Unicaja, con un mecamismo parecido soportado por el FROB.

El propio mecanismo del FGD es imperfecto. Únicamente sindica la financiación de las pérdidas, de tal forma que el conjunto del sistema paga el conjunto de las pérdidas durante un montón de años. Pero hay entidades que con la adquisición de determinadas cajas o bancos zombies nacionalizadas se llevan más de lo que han puesto (caso Sabadell) y otras que aportan más de lo que se llevan (caso BBVA). Sería más lógico que cada entidad absorbente pagase todo el coste de la absorción, que para ello se beneficia a la larga de la ampliación de su negocio. Eso es que el sistema financiero paga el coste del ajuste, aunque termine trasladándolo a la clientela.

Si eso supone que las entidades sanas terminan pujando a la baja por las subastas de entidades dañadas, e incluso de que se corra el riesgo de que por algunas entidades nadie puje, no pasa nada: se liquidan, que es la forma más directa de adelgazar un sistema financieros con mucha grasa. La parte buena se subasta cara (depósitos y créditos sanos), y con los ingresos (públicos, por supuesto) se paga la liquidación de la parte mala, hasta donde lleguen. El resto, son pérdidas públicas y las costeamos entre todos los contributentes.

Algo así como aquél banco malo del que se hablaba en su día, y que hoy sería casi imposible crear porque significaría que tras cuatro años de crisis seguimos sin resolver el problema del sistema financiero. Pero es que es lo que ha ocurrido: tras cuatro años seguimos sin resolver el problema bancario, y ya no estamos en condicones de intervenir entidades, porque la imagen proyectada sobre el exterior sería muy dañina.