Los precios deben bajar con los salarios
España ha disfrutado de 1995 a 2007 del periodo de crecimiento económico más longevo de toda Europa, más propio de un país emergente que de uno desarrollado. De hecho, el ciclo ha tenido tanta extensión como el desarrollista que se inició con el Plan de Estabilización de 1959, que quebró la crisis del petróleo en los setenta y que sacó a España de la pobreza. La entrada en la moneda única europea generó unas condiciones de financiación desconocidas para los españoles y fue la gran catapulta utilizada para absorber los diferenciales de renta con los países centrales de Europa, pero fue también el desgraciado germen que generó el sobreendeudamiento en activos residenciales y la crisis. Pero lo que más contribuyó al avance de la economía en los noventa y la entrada en este siglo fueron las cuatro devaluaciones encadenadas en los primeros noventa y culminadas con la fijación de un tipo de cambio sobredepreciado de la peseta con el euro.
Era la última vez que España utilizaba la fórmula castiza de resolución de las crisis: neutralizar con devaluaciones competitivas la inflación lentamente inyectada en la sangre de la actividad. Una década después del último alivio cambiario, la entrada en el euro, España acumula un punto adicional anual de avance de los precios sobre la media de sus socios, porque la placentera enfermedad de la inflación no ha sido erradicada. Es más: ha sido magnificada por un ciclo inmobiliario que ha arrastrado los niveles de precios de todos los bienes y servicios hasta dejarlos fuera de mercado, hasta cotas que no nos podemos permitir.
Gráficamente, los comerciantes, restauradores, reparadores y vendedores de bienes y servicios al detalle en general convirtieron automáticamente la moneda de cien pesetas en un euro y la economía entró en una endemoniada espiral de precios, anestesiada por la explosión crediticia de los tipos bajos para siempre que prometía el euro y la alocada demanda de vivienda.
Pero llegada la crisis, y ante la resistencia a modificar precios y salarios, la economía se ajusta dinamitando casi tres millones de empleos. Solo desde 2007, cuanto estalla la recesión, los precios y los salarios han avanzado más de un 10%, mientras el empleo se ha contraído el 13%. Ahora, ante la inexistencia de correctores cambiarios, no quedan más instrumentos para estabilizar la economía que forzar devaluaciones de costes (salarios) para recomponer niveles de precios competitivos, algo que las modificaciones laborales aprobadas por el Gobierno podría proporcionar si son bien gobernadas.
En todo caso, dado que la demanda interna sigue siendo el principal motor del PIB, además de crédito son precisas reducciones generales de los niveles de precios, sobre todo de aquellos que determinan el comercio interno. Una devaluación únicamente de los costes puede generar una depresión adicional de la demanda que termine por amplificar los efectos destructivos sobre el empleo. Varias compañías de productos y servicios han practicado ya esta política de reducción de sus márgenes vía precios para ganar cuota de mercado (Mercadona, Mango, Iberia, las operadoras telefónicas, etc.), que en el medio y largo plazo es la única posible para recomponer el empleo.
Un reflejo explícito de esta iniciativa que compense la moderación de los salarios está en el pacto firmado por los empresarios y los sindicatos. Pero debe amplificarse hasta que cale en toda la sociedad. El presidente del Gobierno comentó en su investidura que España tiene que producir más barato y tiene que competir mejor dentro y fuera de sus fronteras. Afirmó también que para reconstruir la economía deben repartirse los sacrificios en función de la capacidad de cada cual.
Bajar los precios es, pues, un imperativo económico para reparar los daños de la crisis lo antes posible. A las reformas puestas en marcha por el Gobierno en menos de cien días, algunas de ellas de una profundidad inusitada, debe acompañarle una campaña de mentalización para bajar los precios. Debe ser el Gobierno el primero que movilice tal debate, denunciando abiertamente las actitudes abusivas de quienes pretenden recomponer las cuentas de sus negocios únicamente con descensos en los costes salariales, apuntando con el dedo a quien sube arbitrariamente los precios para compensar las pérdidas de cuota de mercado.