Ordóñez impide a la banca usar la carta blanca del BCE para lograr liquidez
España ha entrado en una nueva lista: la de países que han obtenido del BCE carta blanca para flexibilizar las garantías que los bancos deben presentar para conseguir liquidez. Pero el Banco de España no ha puesto en marcha el grueso de las nuevas facilidades. Los bancos ni siquiera saben si las podrán utilizar en la gran subasta del 29 de febrero.
Mario Draghi parece estar haciendo oposiciones al presidente del Banco Central Europeo que más dolores de cabeza está dando al frente alemán de la ortodoxia. Es verdad que no fue el artífice del controvertido programa de compra de deuda de los países con problemas, pero lo ha continuado, ha bajado tipos cuando su antecesor se resistía a ello y ha ideado las subastas de liquidez a la banca a muy largo plazo (tres años), que han servido en la práctica para que las entidades financieras financien a sus Estados con el dinero del BCE.
Esta medida ha despertado recelos entre los países más estrictos en disciplina fiscal y eso que solo se ha producido una subasta. Pero el último día de febrero llega la segunda y Draghi ha dado un paso más para inquietar a sus detractores.
A petición de los bancos centrales de siete países europeos, el BCE ha dado vía libre a una relajación temporal y no homogénea de las garantías que los bancos y las entidades financieras deben presentar para conseguir liquidez. Esto sirve para la subasta a tres años, pero también para cualquier otra apelación al supervisor europeo.
La consecuencia, en teoría, es que los bancos de esas naciones no se verán limitados a la hora de pedir por carecer de avales con los garantizar que honrarán sus compromisos. Pero (otra vez) la decisión de Draghi no ha sido bien recibida en todas partes: ya se han levantado voces que cuestionan la ruptura de la igualdad de reglas en este campo para toda la eurozona.
Otra consecuencia es que Europa se ha dividido (también otra vez) entre países más y menos aplicados. Se entiende que los primeros de la clase son los que no han pedido (porque piensan que no lo necesitan) la relajación de las garantías; los segundos de la clase son los que sí lo han hecho.
Y en ese último grupo está España. El supervisor dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha acompañado a los bancos centrales de Francia, Portugal, Italia, Irlanda, Chipre y Austria en la petición de laxitud. La gracia ha sido concedida; luego queda al arbitrio de cada supervisor decidir cuáles son las garantías adicionales que se pueden aceptar.
Aquí es donde está la paradoja. La sorpresa de los departamentos de tesorería de los bancos nacionales es que en realidad no habrá tal ampliación, al menos de momento. El Banco de España sigue aceptando exactamente lo mismo que antes. Es cierto, no obstante, que sí ha abierto la mano en cuanto a las fuentes de valoración del riesgo, puesto que ahora aceptará los métodos basados en calificaciones internas (IRB, por sus siglas en inglés).
En el comunicado del pasado 9 de febrero, bajo el título "El Banco de España amplía los criterios para admitir otros préstamos como activos de garantía", el regulador nacional especifica que seguirá sin aceptar hipotecas como avales y que validará préstamos al corriente de pago a empresas y organismos del sector público que tengan una probabilidad de impago igual o inferior al 1%, "aunque inicialmente solo aceptará activos de garantía con una probabilidad de impago igual o inferior al 0,4%". Es decir, lo mismo que regía hasta ahora para todos los países.
Un portavoz del Banco de España matiza que el límite se elevará próximamente hasta el mencionado 1%, si bien las entidades financieras desconocen si podrán utilizar este margen en la subasta de liquidez a tres años programada para el próximo 29 de febrero.
Otros casos
El modo de actuación de los otros seis bancos centrales nacionales que pidieron permiso para ampliar las garantías ha sido diferente. Los más intrépidos han sido los de Chipre y Portugal, que aceptarán créditos con una probabilidad de impago de hasta el 1,5%. Austria, Italia y Francia se quedan en el 1%, mientras que Irlanda deja abiertas todas las puertas y se limita a señalar que admitirá como colaterales todo tipo de préstamos. Eso sí, advierte que negociará individualmente con cada entidad la idoneidad del colateral.
Mario Draghi abrió la posibilidad de que los bancos centrales de cada país llegaran a permitir acceder a la lluvia de liquidez del BCE utilizando como garantías créditos hipotecarios. Pues bien, mientras que el Banco de España los descarta explícitamente en su comunicado, los bancos centrales de Portugal, de Francia y de Irlanda sí incluirán a partir de ahora los préstamos respaldados por hipotecas como colaterales válidos.
Es cierto que las entidades españoles ya podían utilizar para acceder al dinero fresco del BCE las cédulas hipotecarias, activos respaldados en última instancia por hipotecas y con unas penalizaciones -recortes de valoración- mínimas. De hecho, la actividad de los bancos a la hora de crear este tipo de activos solo para quedárselos en balance y acudir a las subastas de liquidez se ha disparado en los últimos tiempos. Pero el recurso de las cédulas es, por definición, limitado.
De entrada, los bancos españoles tienen como tope a la hora de emitir cédulas el 80% del capital no amortizado de los préstamos hipotecarios de los que dispongan. Por lo tanto, las cédulas no están respaldadas por unas hipotecas concretas, sino por todas las hipotecas de la entidad que cuenten con una serie de requisitos. Por ejemplo, solo se contabilizarán las hipotecas concedidas por hasta el 80% del valor de tasación.
Y es que las garantías son claves para conseguir la preciada liquidez. Los bancos y entidades financieras pueden acudir a la barra libre del BCE, pero deben dejar a cambio compromisos que avalen que la van a devolver o que minimicen las pérdidas para el prestamista en caso de impago. Para eso valen determinados activos de renta fija y también instrumentos no negociables, como los créditos. Dependiendo de la calidad del activo, se le otorga un valor u otro (se le aplica un descuento a su valor nominal), es decir, se puede pedir más dinero poniéndolo como garantía. Por ejemplo, un descuento del 5% permite lograr 95 euros por cada 100 que se avalen. Si el descuento es del 50%, solo se conseguirá la mitad.
El sistema de garantías, sin embargo, puede convertirse en un círculo vicioso, porque los países que más están sufriendo con la crisis son los que más dinero necesitan del supervisor y a la vez son los que pueden tener más problemas para presentar avales porque se haya degradado el rating de sus activos. A la vista de este problema, el BCE ya relajó las condiciones en el pasado, pero de forma igual para todos. Ahora rompe la homogeneidad.