Los parados no admiten más paños calientes
El diagnóstico que dibujan los datos de la última encuesta de población activa (EPA) equivale al de un paciente que se desangra sin remedio frente a un equipo de cirujanos ocupados en discutir cómo cortar la hemorragia. Durante el cuarto trimestre de 2011, la economía española destruyó 350.000 empleos en una caída libre de virulencia inusitada. A lo largo de todo el año pasado desaparecieron en España un total de 600.000 empleos y más de medio millón de personas se sumaron al paro, que alcanza ya la vergonzante cifra de 5,3 millones. A estas alturas, y tras un ajuste acumulado del 11% en cuatro años, sigue sin vislumbrarse una ralentización en ese proceso de destrucción masiva, mientras las malas previsiones macroeconómicas para este año y el próximo hacen cada vez más factible el riesgo de una fractura social de consecuencias difíciles de subestimar.
La radiografía que dibuja la EPA no solo revela un empeoramiento del diagnóstico, sino que evidencia nuevas patologías y un cambio sustancial en el perfil del paciente. Si al principio de la crisis fueron los inmigrantes el colectivo que más acusó el desempleo, dada su desprotección y la precariedad de sus condiciones de trabajo, ahora el foco recae sobre los trabajadores nacionales. Si entonces la mayor parte de los puestos de trabajo destruidos eran temporales, ahora son mayoritariamente indefinidos. Si el epicentro de la destrucción se situó inicialmente sobre la construcción, en estos momentos se cierne sobre el sector servicios. El retrato robot del desempleado en España corresponde a un hombre joven con contrato fijo que, en muchas ocasiones, es también la persona de referencia en su hogar. Con las últimas cifras sobre la mesa, en estos momentos más de un millón y medio de hogares tienen a todos sus miembros en paro.
Con este panorama, no debería haber dudas de que ya ha pasado el tiempo de debatir sobre cómo frenar la hemorragia. El Gobierno no solo tiene la legitimidad, sino también la obligación perentoria y exigible de colocar a la cabeza de todas las importantes reformas que España tiene pendientes la transformación profunda de un mercado de trabajo cuya rigidez se ha convertido en un verdugo para el empleo. Es hora de dejar de esperar que sean los agentes sociales -cuyo reciente acuerdo sobre moderación salarial parece ignorar la gravedad real del problema y cuyo historial de fracasos negociadores desde que comenzó la crisis es indiscutible- quienes ejerzan de cirujanos y de coger de una vez por todas las riendas del proceso. Los problemas de competitividad que padece España ya no pueden arreglarse a la antigua usanza, haciendo uso de los mecanismos de política monetaria. Con un mercado de crédito en contracción, una demanda bajo mínimos y una nueva recesión en el horizonte, tampoco puede contarse con un crecimiento que tire poco a poco del empleo. Por todo ello se hace urgente reducir los elevados costes laborales que soporta el mercado de trabajo en España, de forma que las empresas nacionales -y también las extranjeras- puedan hacer crecer o reducir sus plantillas según sus necesidades con razonable flexibilidad.
Dado que ese proceso tiene unas implicaciones sociales de extraordinaria importancia, la rebaja no debería centrarse en una sola variable, sino repartirse entre todos los factores que inciden en el coste del trabajo: salarios, cotizaciones, despido, retenciones sobre la renta laboral, formación y seguro de desempleo. A todo ello hay que sumar una reconversión profunda del mecanismo de negociación colectiva que permita a las empresas liberarse del yugo de unas condiciones que muy a menudo no pueden cumplir sin poner en peligro su supervivencia. Lejos de suponer un golpe al papel de los agentes sociales, esa reforma redundaría en un fortalecimiento de la figura de los sindicatos, que estarían obligados a negociar empresa a empresa las condiciones de trabajo. La situación de emergencia que vive España no puede superarse con pequeñas modificaciones que mantengan las cosas tal y como están, sino que requiere un cambio drástico y profundo. El objeto de los agentes sociales es defender los intereses del trabajador, tanto del que tiene un empleo como del que lo ha perdido. Y el primer interés de un trabajador en paro es tener la oportunidad de volver al mercado laboral.