EDITORIAL

Hay margen para subir la gasolina

La aplicación del céntimo sanitario en las comunidades autónomas ha elevado considerablemente el precio de la gasolina en algunas regiones españolas y provocado diferencias de precio entre unas y otras de hasta un 30%. El impuesto que los Ejecutivos regionales pueden aplicar a las ventas minoristas de ciertos carburantes para contribuir a costear la sanidad está vigente actualmente en 8 de las 15 comunidades autónomas de régimen general, a las que se sumarán a partir del 1 de marzo Cataluña y Castilla y León. Sin embargo, y dada la acuciante situación de las cuentas autonómicas, no es descabellado pensar que antes o después pueda extenderse también a otras regiones. La última en sumarse hasta el momento ha sido la Comunidad Valenciana, que se ha estrenado con el recargo más alto -4,8 céntimos por litro-, asfixiada por la necesidad de reducir el déficit público. Ello se ha trasladado de forma automática al precio final del combustible, colocando un buen número de gasolineras valencianas en el podio de las más caras de España y llevando el litro de gasolina al filo de los 1,5 euros. Pese a que no es una medida precisamente popular, la potestad de las comunidades autónomas para aplicar el céntimo sanitario resulta tan indiscutible como la imperiosa necesidad que tienen en estos momentos de elevar su recaudación tras años de haber gastado como cigarras. Cuestión aparte es si desde el punto de vista de la técnica fiscal resulta coherente gravar los combustibles para financiar la sanidad, en lugar de elevar la tributación de aquellos productos cuyo consumo influye directamente en el montante de la factura sanitaria, como es el caso del alcohol o del tabaco.

Al margen de ese debate, a la subida del precio de los carburantes en las comunidades autónomas hay que sumar la posibilidad más que real de que el Gobierno opte finalmente por elevar los impuestos especiales -entre ellos, el de hidrocarburos- en su batalla por cuadrar las cuentas del Estado. Los bolsillos acusarán de forma intensa ese encarecimiento, pero conviene no perder de vista que el precio de llenar un depósito de combustible en España continúa siendo uno de los más bajos de la zona euro. Ello implica que existe un margen razonable para gravar los combustibles y contribuir así a realizar el ajuste fiscal que España debe afrontar. La coyuntura geopolítica no facilita la decisión, con una amenaza de bloqueo en ciernes hacia Irán que puede disparar el precio del Brent y dañar especialmente a España, cuyo consumo de energía depende en un 80% del petróleo. Pero ese extremo, más que cuestionar la conveniencia de retocar la tributación de los carburantes, debe hacer reflexionar sobre otra asignatura que en España se sigue sin resolver: la dependencia energética y sus nefastas consecuencias.