¿Se 'mojará' el Gobierno con su reforma laboral?

El Consejo de Ministros estudia hoy un primer informe sobre la reforma laboral, tras el fracaso de un gran pacto entre patronal y sindicatos. A partir de ahora se abre una gran incógnita: ¿Se atreverá el Gobierno a posicionarse en materia de despido, poder del convenio de empresa u alguno de los temas acordados por los interlocutores sociales, como la formación?; o apostará por retoques menores.

La próxima reforma laboral ha levantado más expectativas que ningún otro proceso de negociación en el sector desde inicios de los años noventa. Los 5,3 millones de parados (y subiendo); la vuelta al Gobierno de un partido conservador, tras siete años de mandatos socialistas; las deterioradas cuentas públicas con un 8% de déficit (dos puntos más que lo previsto); y la mala imagen de la economía española en el exterior, que le hace sufrir constantes castigos en su prima de riesgo, son la causa de estas enormes expectativas puestas en los cambios del mercado de trabajo.

La inmensa mayoría de los expertos coinciden en la necesidad de darle a las instituciones y normativa del mundo laboral la vuelta como a un calcetín. Dado que eso exige cambios legales sólo puede hacerlo un Gobierno y/o el Parlamento. Sin embargo, en el caso español es ya tradición dar la posibilidad a los agentes implicados (patronal y sindicatos) de que pacten previamente los cambios que estimen necesarios para ofrecérselos después al Ejecutivo de turno.

Hasta el inicio de la crisis en 2008, en mayor o menor intensidad los agentes sociales han ido pactando las reformas laborales, pero este diálogo social idílico y ejemplar en toda Europa es ya historia. El último Gobierno socialista tuvo que recurrir más de dos veces al decreto par cambiar el mercado laboral y ahora le toca el turno al nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy. ¿Se mojará o no a la hora de diseñar su reforma? ¿Qué opciones tiene?

En principio, podría aceptar los seis pequeños pactos a los que han llegado los agentes sociales y calcarlos a su reforma laboral. Pero eso impediría, por ejemplo, que el Ejecutivo legislara sobre dos aspectos que a tenor de los expertos en la materia deben modificarse mucho más intensamente que lo plasmado en estos acuerdos. Se trataría del sistema de formación profesional para el empleo y la solución a la falta de acuerdo en la negociación de los convenios colectivos. En el primero de los casos, patronal y sindicatos han pactado prorrogar la situación actual, y en el segundo, limitar sólo en parte la prórroga automática de los convenios (ultraactividad) a través del uso del arbitraje. Asimismo, aceptar estos minipactos, contravendría la promesa electoral de Mariano Rajoy de limitar al máximo las prejubilaciones.

Dicho esto, el Ejecutivo, si cumple su programa electoral, tendrá que posicionarse sí o sí, al menos en

dos cuestiones fundamentales: los costes laborales (bonificaciones a la contratación y despido) y la ordenación del número de contratos; y, en segundo lugar, acerca del peso de los convenios de empresa en la estructura de la negociación colectiva.

Respecto al primero de los asuntos, se espera que el Gobierno cree un nuevo contrato "para la crisis". Si finalmente tiene en cuenta el modelo de contrato que estaban negociando patronal y sindicatos, éste será de carácter indefinido pero tendrá una duración de entre dos y cinco años. Y su indemnización por despido estará entre los 20 días que defiende la patronal o los 30 que piden los sindicatos y con un máximo de una o dos mensualidades. En este punto hay una gran incógnita que marcará la diferencia: se trata de si Rajoy optará porque este nuevo contrato no sea sólo para la crisis y sustituya los dos actuales contratos fijos, con lo que erradicaría la histórica indemnización por despido de 45 días por año y un máximo de 42 mensualidades (de las más altas de Europa).

Otra de las decisiones complicadas será optar o no por bonificar la contratación o, simplemente, incentivarla rebajando selectivamente las cotizaciones sociales. Es una política que Rajoy defiende para los jóvenes pero que se ha demostrado bastante ineficaz en los últimos tiempos y de la que están en contra los interlocutores sociales.

Por lo que respecta a cualquiera de los temas relacionados con la negociación colectiva, y en concreto con la apuesta popular de dotar de más poder a los acuerdos de empresa, el equipo de Rajoy deberá decidir si se pone en contra con ello a buena parte de la patronal y los sindicatos, que a través de los resquicios legales que les dejó la última reforma de los convenios, están pactando en un 80% de los casos que sean los convenios sectoriales de ámbito superior a la empresa los que primen sobre el resto.

Otras incertidumbres es si el Ejecutivo dará entrada de lleno a las empresas de trabajo temporal en la intermediación del mercado de trabajo o si dotará de mayor poder a los médicos de las mutuas para dar altas. En ambos casos, empresarios y sindicatos han sido totalmente incapaces de siquiera aproximar posturas.

Nada podrán hacer los responsables económicos del nuevo Gobierno acerca de la política salarial del sector privado, ya que esto comete exclusivamente al ámbito de la negociación colectiva. Aunque también en este punto y con el horizonte puesto en los Presupuestos Generales que se presentarán en marzo (el mismo horizonte que se ha fijado Rajoy para poner en marcha la reforma laboral) el Ejecutivo, como patrón que es de los empleados públicos sí podrá tomar nuevas salariales para los trabajadores de este sector.