Una buena reforma, pero no la última
El pasado mes de noviembre el Foro de Expertos del Instituto Aviva de Ahorro y Pensiones del que formo parte celebró su primera reunión, estudiando tanto la efectividad de la reforma de las pensiones recientemente aprobada como los retos a largo plazo del actual sistema público de pensiones.
Dicho Foro de Expertos esta presidido por Guillermo de la Dehesa y también forman parte de él otros economistas especializados en pensiones de España, como Juan José Dolado (Carlos III), Rafael Doménech (BBVA y UV), Ángel de la Fuente (CSIC), José Antonio Herce (AFI) y César Molinas (Multa Paucis). En el informe de conclusiones destacamos los siguientes puntos.
En primer lugar, que la reforma era urgente, no por la crisis económica, sino por la crisis demográfica. Era prioritario adaptar nuestro sistema de pensiones a la nueva realidad demográfica. España, como el resto de países desarrollados, envejece. El porcentaje de personas con más de 65 años sobre el total era el 8,2% en 1960, en la actualidad supera el 17%, y se espera que alcance el 32,1% en 2050. Los factores que están detrás del envejecimiento de la población son las bajas tasas de fecundidad (que ha pasado de 2,9 hijos por mujer en edad fértil en 1970 a 1,4 en la actualidad) y, en especial, el aumento espectacular de la esperanza de vida, que en las últimas cinco décadas ha aumentado en más de 10 años. Es decir, los ciudadanos están ganando un tiempo de vida extra, lo que es, sin duda, una buena noticia. Y la longevidad seguirá aumentando: el progreso técnico, social y sanitario permite que cada ocho años la esperanza de vida a partir de los 65 años aumente en un año.
En segundo lugar, la reforma de 2011 constituye la reforma más importante que ha experimentado nuestro sistema de pensiones desde la del año 1985 (Ley 26/1985). La reforma de 2011 introduce medidas importantes: i) para la mejora la contributividad se amplía el periodo de cálculo de la base reguladora hasta los 25 últimos años trabajados y se amplía el número de años para alcanzar el 100% de la tasa de sustitución; y ii) para alargar la edad de jubilación se pospone gradualmente la edad de jubilación hasta los 67 años y se eleva la edad mínima de jubilación anticipada hasta los 63 años.
En tercer lugar, es muy positivo que se haya alcanzando en el seno del diálogo social y es destacable la responsabilidad de los sindicatos al rebasar sus líneas rojas tradicionales, como la edad legal de jubilación a los 65 años o la ampliación del periodo de cálculo.
Hay que tener en cuenta que en España se estableció la edad legal de jubilación a los 65 años en 1919. Esta edad ha permanecido inamovible hasta la reforma, a pesar de que los cambios han sido espectaculares: la esperanza de vida al nacer se ha incrementado en cerca de 40 años (pasando de 41 años a 81 años), el porcentaje de cada generación que alcanza los 65 años ha pasado de ser menos del 35% de cada generación a más del 90% y la esperanza de vida a partir de los 65 años ha pasado de menos de 10 años a casi 20 años en la actualidad.
En cuarto lugar, según los distintos estudios que se han hecho hasta la fecha (incluidos los oficiales) sobre el impacto de la reforma 2011, sostienen que la reforma será capaz de resolver el 33% del incremento del gasto futuro y por lo tanto para llegar a un equilibrio virtual será necesario introducir nuevas reformas.
En definitiva, el Foro de Expertos del Instituto Aviva de Ahorro y Pensiones está convencido de que la reforma llevada a cabo por el anterior Gobierno es un primer paso necesario y muy positivo que ha abierto las puertas necesarias para destruir tabúes e implementar nuevas medidas de transición hacia un modelo más racionalizado y sostenible en el futuro. En concreto, proponemos seguir avanzando en la siguiente dirección:
l El factor de sostenibilidad debería anticiparse en su implementación y, en línea con lo que se ha hecho en otros países, debe diseñarse considerando otros factores como la tasa de dependencia u otras variables de corrección de la demografía que tienen un efecto muy directo sobre la salud financiera del sistema.
l La pensión de jubilación deberá, en la medida de lo posible, ser actuarialmente proporcional a las cotizaciones efectivamente realizadas a lo largo de toda la vida laboral.
l La edad de jubilación debe ser flexible. Es decir, debe permitirse el acceso a la jubilación a diferentes edades, siempre y cuando se produzca el correspondiente ajuste actuarial de la pensión a percibir en función de las cotizaciones realizadas a lo largo de toda la vida laboral y de la esperanza de vida en el momento de la jubilación.
Todas estas reformas paramétricas, nos acercarían a lo que podría considerarse la reforma definitiva: la transición hacia un sistema público de pensiones de reparto y contribución definida con cuentas nocionales.
J. Ignacio Conde-Ruiz. Profesor de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Complutense e investigador de Fedea