Ajustes con el paso cambiado
El Consejo de Ministros acaba de aprobar el primer paquete de medidas de ajuste. Congela el sueldo de los funcionarios, y el salario base, y establece un recargo temporal (durante los años 2012 y 2013) en las rentas del trabajo y del capital a través del IRPF. El recargo será progresivo, yendo desde 075% en los tramos más bajos hasta 7% para las capas de ingresos más elevados. Además, sube el IBI que pagarán las viviendas más caras y suprime la bonificación que tenía el gasóleo profesional.
Sabemos que estas medidas, y el grueso de los recortes que se incluirán próximamente en los Presupuestos Generales del Estado, forman parte de un programa de reducción del déficit público español a 4,4% del PIB en 2012. Si realmente esto es inevitable, está muy bien que todos contribuyamos al objetivo final. Mi argumento, sin embargo, es que en estos momentos de crisis económica los países de la zona euro deberían adoptar conjuntamente medidas de expansión fiscal o, como mínimo, retrasar la meta de consolidación presupuestaria fijada para 2013 en los países periféricos. De esa manera, las finanzas públicas ayudarían a estabilizar el ciclo económico, pues de acuerdo con el papel estabilizador de los presupuestos públicos, los Gobiernos deben obtener superávit durante las fases expansivas del ciclo económico -cuando el PIB está por encima de su valor potencial- e incurrir en déficit en los años de desaceleración y de recesión económica como los que estamos viviendo. Obsérvese que, si se opera así, las oscilaciones cíclicas de la economía resultarán atenuadas y el saldo presupuestario del Gobierno estaría equilibrado a medio plazo.
Las medidas fiscales contractivas como las que acaba de adoptar el Ejecutivo de Mariano Rajoy debilitan la demanda agregada y disminuyen el crecimiento de los países donde se aplican, sobre todo cuando los otros resortes de la demanda -gasto de familias y empresas y sector exterior- están atenazados o muy debilitados. La anunciada reducción del gasto público en 16.500 millones de euros durante 2012 contribuirá a que se hagan realidad, o incluso se agranden, las aciagas perspectivas de la economía española dadas a conocer recientemente por el Instituto de Finanzas Internacionales y también por el Banco de España: la recesión iniciada en el último trimestre del presente año se prolongará en 2012, configurando un crecimiento negativo de 2,1% para el total de ese año y un nivel de desempleados que alcanzará la cifra de 5,2 millones. Entonces, ¿por qué se están aplicando estos ajustes de manera casi generalizada en la zona euro? Simplemente porque los Gobiernos influidos por las tesis liberales creen que el equilibrio constante en las finanzas públicas genera confianza en los mercados y, por tanto, disminuciones de la prima de riesgo y de los costes de financiación, las cuales reaniman la inversión.
Oliver Blanchard, director del FMI, desenmascaró, hace unos días, la falacia de este argumento: es cierto que los inversores reaccionan positivamente a las noticias de consolidación fiscal, pero lo hacen negativamente después al ver que la consolidación fiscal conduce a un menor crecimiento, como ocurre a menudo. Los inversores acaban dándose cuenta, en efecto, de que un crecimiento negativo, o positivo pero muy débil, del PIB hace crecer el porcentaje de la deuda pública sobre el PIB y, en consecuencia, imposibilita el pago de la deuda pública.
La cuestión siguiente es: si las finanzas públicas de los países periféricos, y por tanto también las del Gobierno español, están ya muy deterioradas, ¿qué vías existen para generar nuevas medidas expansivas o al menos retardar la consolidación fiscal? Haría falta una respuesta conjunta de los países del euro, porque a nivel de toda la eurozona hay fondos y demanda suficientes. Solamente se necesita una mejor distribución de los mismos. Por ejemplo, durante muchos años, Alemania aprovechó muy bien las facilidades que le brindaban los otros países europeos para colocar en ellos sus productos, y ahora contempla cómo los fondos de sus vecinos adquieren la deuda alemana exigiendo un interés nulo o incluso negativo. Estaría muy bien que en estos momentos el Gobierno alemán adoptara medidas expansivas, y que facilitara la financiación de los más necesitados, reciclando los fondos que ahora está recibiendo. Para ello, es necesario que las razones económicas y el principio de solidaridad predominen sobre los intereses políticos, lo cual no es evidente en estos momentos.
Todos acabaremos lamentando que el Gobierno español siga, tan a pies juntillas, las prescripciones de Bruselas, Fráncfort y Berlín, aplicando fuertes medidas de ajuste que, hoy por hoy, van con el paso muy cambiado.
José García Solanes. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Murcia