'Le jour de gloire est arrivé'
Llegó la hora. En nuestra historia reciente solo el cambio que resultó de las elecciones generales de 1982 fue tan ansiado y tan esperado como este. Y ahora, como entonces, el triunfo electoral se cimienta en muchos votos prestados. Votos que deberían ser cada vez más, para que cualquier Gobierno supiera que el cuerpo electoral, lejos de guardar fidelidades inconmovibles, es capaz de utilizar su voto para desalojar del poder a quienes no han estado a la altura de las responsabilidades que derivan de su ejercicio.
No hace falta, hoy día, que nadie acompañe en su paseo triunfal al vencedor para recordarle, como en la Roma imperial, que es solo un hombre. Pero la sociedad sí tiene que recordar, desde el primer momento, al nuevo Gobierno, cuáles son sus compromisos insoslayables. Y digo compromisos, porque aunque el pacto electoral haya quedado desdibujado por las ambigüedades programáticas, los españoles saben por qué y para qué han elegido al nuevo Gobierno, y los elegidos también lo saben. La prioridad es la economía, sin duda, y dentro de ella, el empleo. Desde el primer día recetas y actitudes tienen que ser distintas. La vía que hemos seguido hasta ahora no da más de sí. Lamento ser impertinente, pero espero que la primera visita del nuevo presidente del Gobierno no sea al norte de África y que la primera llamada del Ministro de Trabajo no sea a los sindicatos. Con todos mis respetos para el norte de África y para los sindicatos. Sin desmerecer la necesaria colaboración con nuestros vecinos del sur, nuestra prioridad debe ser Europa, porque solo dentro de Europa podremos afrontar y resolver adecuadamente nuestros problemas. Y sin ignorar las bondades del diálogo social, el pacto con los sindicatos no puede condicionar las reformas que hemos de emprender.
No se trata de poner en cuestión los fundamentos del Estado del bienestar (pensiones, desempleo, sanidad, educación), pero sí de adaptarlos a los términos en que puede ser sostenido y de evitar abusos. Y eso exige, junto a otras adaptaciones, revisar el modelo de protección laboral que han consagrado nuestra normativa legal y nuestros convenios colectivos. La tutela del trabajo se ha convertido en una eficaz maquinaria de destrucción de empleo. El adelgazamiento de las estructuras laborales de las empresas, el intenso proceso de externalización de actividades empresariales, la deslocalización industrial, tienen sus bases, entre otros factores, en una regulación laboral y en una negociación colectiva que han ido protegiendo cada vez más a cada vez menos trabajadores.
Para crear empleo a corto plazo es preciso romper la dinámica de la negociación colectiva de consolidar todo lo que se vaya pactando y de acumular, simplemente, nuevos beneficios laborales en cada proceso de negociación. El convenio debe ser la determinación de las condiciones laborales que en cada momento resulten posibles, adaptándose al cambio de las circunstancias económicas y productivas y convirtiéndose en un instrumento de gestión compartida de las relaciones laborales. Para ello hay que terminar con la ultraactividad de los convenios, con su aplicación forzosa después de terminada su vigencia y hasta que se alcance un nuevo acuerdo. Los convenios deben ser contratos temporales, que deben tener la duración y la vigencia pactadas para los mismos. Con independencia de que haya condiciones laborales que forman parte del nexo contractual entre empresario y trabajador (salario y duración del tiempo de trabajo) y que deben mantenerse hasta su modificación expresa.
Junto a ello, debe darse prevalencia a los convenios y acuerdos de empresa sobre los sectoriales. Preferencia directa y automática, sin complejas regulaciones de descuelgues. Y deben regularse procedimientos más ágiles de modificación y adaptación de condiciones de trabajo, particularmente cuando se plantean como medidas alternativas al ajuste de empleo.
En el terreno de la contratación, los despidos económicos deben liberalizarse, suprimiendo el control judicial y administrativo sobre el fondo de las decisiones empresariales y reforzando a cambio los deberes de información a los representantes de los trabajadores y los procedimientos que permitan su participación en la adopción o ejecución de las citadas decisiones. Deben abrirse posibilidades de contratación que no generen resistencias empresariales (contratos indefinidos no fijos) y aprovecharse mejor las potencialidades de las agencias de empleo para una gestión responsable de la temporalidad. Y debe despejarse el horizonte de las pymes, con una amplia exención, para las mismas, de la normativa laboral y comenzar a articular una protección social del empleo (complementos de rentas) más que de la desocupación.
Federico Durán. Catedrático de Derecho del Trabajo. Socio de Garrigues