España no aprobará la nueva ley de 'telecos' y se expone a sanciones comunitarias
La nueva Ley General de Telecomunicaciones no verá la luz en esta legislatura a causa del adelantamiento de las elecciones generales al próximo 20 de noviembre, que va a provocar la conclusión del periodo de sesiones en el Parlamento en las próximas semanas, según reconoció ayer el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Juan Junquera.
La ley estaba en la fase de enmiendas en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados y todavía debía ser aprobada en el pleno para posteriormente ir al Senado y volver después al Congreso. Su aprobación estaba amenazada por la disolución de las Cámaras ante las próximas elecciones, tal y como adelantó CincoDías el pasado 2 de septiembre.
A principios de agosto, el Ministerio de Industria situó a esta nueva ley dentro del grupo de normas que podían aprobarse antes del fin de la legislatura. No obstante, al final no ha podido ser, según fuentes del sector, por las posibles discrepancias entre los grupos parlamentarios a causa del proceso de reforma constitucional. Ahora, la nueva ley deberá ver la luz en la próxima legislatura.
Asimismo, el incumplimiento de los plazos en la adaptación de las leyes españolas a la legislación comunitaria podría provocar la imposición de sanciones a España por parte de la Comisión Europea. La nueva legislación venía a contribuir al desarrollo del mercado interior de servicios de comunicaciones electrónicas en la UE.
La normativa venía a transponer las directivas europeas de Mejor Regulación, de Derechos de los Ciudadanos y el reglamento del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas, que forman el denominado Paquete Telecom.
La no aprobación provocará un retraso significativo de diversas materias claves para el sector como la neutralidad de la red o la organización de competencias de los organismos reguladores, en este caso la CMT.
Uno de los puntos contemplados en el proyecto de ley era la opción de que "en los supuestos de fallo persistente de la competencia en el mercado, la CMT podrá imponer al operador con poder significativo en el mercado (Telefónica, en el caso de la red fija en España) la separación funcional entre su red y los servicios minoristas que presta". Un escenario similar al que se dio en Reino Unido con BT.
El proyecto de ley ratificaba también que la titularidad del espectro radioeléctrico correspondía al Estado.