Contrición y propósito de enmienda
En una economía sin crecimiento solo hay tres formas de lograr el equilibrio presupuestario: recortar gastos, subir impuestos o emitir deuda. Las dos primeras, además de desacelerar en un primer momento la demanda, conllevan costes políticos. La emisión de deuda, en cambio, traslada al futuro los costes y, al inflar el gasto, tiene, conforme a los postulados keynesianos, un efecto de estímulo sobre la demanda efectiva. Por eso, la emisión de deuda forma parte de los diseños de las políticas anticíclicas. En Estados Unidos, demócratas y republicanos la han usado profusamente como medida de estímulo. El problema está en que superado un límite relativamente estrecho, la deuda pública presiona al alza los tipos de interés, resta financiación a las empresas e hipoteca los presupuestos.
Pero el déficit no es solo una receta para impulsar la economía. En las democracias modernas los procesos de decisión pública tienen una tendencia crónica hacia la indisciplina fiscal y esta, bajo una divisa única, genera efectos perversos sobre el conjunto de países de la zona monetaria común. Por eso, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de junio de 1997, todavía en vigor, introdujo reglas fiscales restrictivas destinadas a evitar que la laxitud de la política presupuestaria de un Estado miembro penalizara a los demás a través de los tipos de interés.
Sin una política fiscal común, instrumentos como los eurobonos a los que ahora se pretende apelar trasladarían al conjunto de los Estados miembros la responsabilidad de hacer frente al endeudamiento de cualquiera de ellos, incentivando así la propensión al desorden presupuestario.
En agosto, la presión de las primas de riesgo y el vértigo bursátil alertaron sobre la gravedad de la situación en la eurozona haciendo inaplazable la adopción de medidas en España e Italia. A falta de un mecanismo común de respuesta, hubo que presionar al BCE para que adquiriera deuda de ambos países, con un coste de 22.000 millones de euros solo en la primera semana.
Italia se apresuró a aprobar un plan espectacular de ajuste en la Administración publica. La réplica española fue un real decreto-ley que establecía para las grandes empresas un aumento de los anticipos del impuesto de sociedades de 2.500 millones y la reducción del gasto farmacéutico en 2.400. Era urgente restaurar la credibilidad de España para retornar al equilibrio presupuestarlo y mantenerlo. Para restaurar la confianza ha sido necesario, nada menos, que inscribir el principio de estabilidad presupuestaria en lo alto de nuestro ordenamiento jurídico modificando la Carta Magna. ¿Por qué utilizar esa vía para algo que, en teoría, podría abordarse en el ámbito del Consejo de Política Fiscal, a través de una ley orgánica o incluso por la transposición de la normativa europea?
En primer lugar, por falta de tiempo; el diseño constitucional permite eludir el cuánto y el cómo, y manejar conceptos como el de déficit estructural, aplazando así la controversia, para que prevalezca el mensaje con el que se pretende tranquilizar a los socios comunitarios y a los mercados.
Pero hay más. La constitucionalización del equilibrio presupuestario tiene un cierto carácter de contrición solemne, de catarsis. Los heterodoxos, los devotos del déficit, no solo son implícitamente reprobados: quedan al margen de la norma básica de nuestra convivencia. Es una gigantesca rectificación: la condena de los excesos keynesianos al panteón del olvido.
No son las reformas, pero sí algo que obliga a reconsiderar la dimensión del Estado y a coordinar las políticas fiscales de las Administraciones públicas. De ahí, el enojo de quienes creen que el gasto público, al que atribuyen propiedades expansivas duraderas, es, al mismo tiempo que la causa, la solución del desastre.
No es seguro que la modificación constitucional consiga tranquilizar a los mercados (los inversores exigen hechos) y no va a resolver el problema del endeudamiento exterior originado, en gran parte, por corporaciones privadas y ligado a un problema de crecimiento. Al comenzar la semana, la prima de riesgo se ha vuelto a disparar, las Bolsas se han venido abajo (también las europeas) y el BCE ha tenido que volver a comprar deuda.
Pero se ha dado un paso indispensable para sanear las cuentas públicas y garantizar la expansión de la actividad productiva, la generación de empleo y el Estado del bienestar. Al final, los mercados han cumplido su papel de avisadores y han demostrado, una vez más, su formidable poder dinamizador.
Roberto Escudero. Representante del Consejo de Colegios de Economistas en el Consejo Superior de Estadística