Mucha atención a los ajustes drásticos
La Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha ha valorado el llamado plan de garantías de los servicios sociales básicos, con el que la flamante presidenta de la región ha anunciado que pretende recortar un 20% el gasto en su comunidad, como una iniciativa "necesaria", en tanto que las medidas relacionadas con el ahorro de más de 1.800 millones de gasto corriente y la optimización del uso de los recursos públicos, primer paso para corregir la situación financiera actual, son la base fundamental para afrontar el futuro económico de la autonomía. Lo que no se le puede negar al plan Cospedal es que la sucesora popular del socialista José María Barreda intenta marcar el camino del PP a la hora de solventar los serios problemas económicos en las cuentas públicas de una comunidad intermedia en la España de las autonomías.
La patronal castellanomanchega destaca que el diseño establecido por Cospedal responde a los planteamientos empresariales, "insistiendo en la importancia de la austeridad y de abordar el saneamiento de las cuentas públicas". Es una puerta abierta a una colaboración que tiene especial trascendencia porque los empresarios valoran sobre todo que se vaya a llevar a cabo sin incrementar la tributación, "que hubiera sido el recurso más fácil". Al no aumentar la presión fiscal, aseguran, se evita agravar la situación económica actual de las empresas y la sociedad castellanomanchega.
Esa lectura del plan Cospedal lleva a entender que las organizaciones empresariales están convencidas de que la puesta en marcha de las medidas contempladas permitirá, en el medio plazo, recuperar la capacidad económica y mejorar los recursos propios de financiación de la Administración, "lo que redundará en una mejora de las condiciones para la financiación de las actividades productivas y permitirá la creación de un entorno favorable y adecuado a la inversión y el desarrollo de nuevos proyectos empresariales". Es decir, lo reciben como un acierto pleno.
El eficazmente bautizado -desde el punto de vista de la propaganda- como plan de los servicios sociales básicos exige esfuerzos extraordinarios a toda la sociedad castellanomanchega, pero indudablemente es la fotografía de lo que los dirigentes del Partido Popular entienden como hoja de ruta para la nueva España que, según las encuestas, se aprestan a gobernar.
Se puede estar o no de acuerdo con el ajuste presentado por la secretaria general del Partido Popular. Pero hay aspectos indiscutibles, como que el hecho de que una comunidad como Castilla-La Mancha cuente con 76.000 funcionarios es, básicamente, la interpretación precisa de un inexplicable despilfarro o, dicho de otra manera, de un espectacular monumento a la ineficacia. El Estado de las autonomías es un invento maravilloso que muy acertadamente ha acercado las decisiones del poder, fundamentalmente las inversiones en infraestructuras, a las necesidades reales de los territorios. Pero en el momento en que estas se transformaron en gastos innecesarios, el Estado de las autonomías empezó a mostrarse como un sospechoso castillo de naipes. Solo ha hecho falta la primera crisis económica seria para evidenciar las exageraciones del gasto que han acabado por dibujar aquello que los ciudadanos quisieron como proximidad del poder como unos simples virreinatos propios de nuevos ricos.
Nadie dude que el diseño de Cospedal es un plano de laboratorio. Quien tenga acceso a la letra pequeña, o a la simple comprobación de cómo los planes se van a transformar en la realidad, constatará que no es ajuste todo lo que se dice, ni que es tan fácil meter la tijera a fondo sin recortar el gasto social. Pero sí resulta indiscutible que el escenario presentado por una de las políticas que se prefigura como importante en la vida de este país ha colocado en la vitrina una serie de datos que pueden hacer sonrojar a cualquiera.
Es posible que estén en juego, como dice el PSOE, miles de empleos. Pero si muchos de estos son tan poco productivos como parece indicar el plan Cospedal, es para preguntarse dónde se examina la inteligencia económica de este país. Si hay más autonomías, de uno u otro signo, en el mismo estado, es para preguntarse qué hemos estado haciendo en los tres lustros de bonanza que precedieron a esta crisis y que hacen imprescindibles ajustes tan evidentes.