Los tres ciclos económicos de Zapatero
Seguidismo de la estela de Aznar-Rato
La secuencia de la política económica aplicada por Zapatero se inició con un revisionismo de la política tributaria, consistente únicamente en un endurecimiento de los tipos a las rentas del capital y el ahorro. Pero mantuvo básicamente la política económica practicada por José María Aznar, que había dado unos resultados muy aceptables en generación de riqueza y creación de empleo. Aunque con apuntes críticos en materia fiscal y de protección social, los socialistas se aferraron a la estela de un ciclo que acumulaba ya ocho años de muy generoso desempeño, y con réditos sobre todo en materia de empleo.
Mientras el Gobierno mantenía un discurso supuestamente revisionista, permitió que la cometa del endeudamiento agresivo de las familias y las empresas dispusiese de cuanto hilo demandase, y dejó el espejismo del cambio de modelo de crecimiento en un simple discurso. Si desde 1996 hasta 2004 la deuda privada española se había duplicado por el fuerte crecimiento de la demanda de inversión (en casas sobre todo), únicamente en los cuatro primeros años de Gobierno de Zapatero, la deuda privada se duplicó de nuevo, lo que supone que creció al doble de velocidad, y lo hizo tanto en crédito para actividad inmobiliaria como en inversión para energías renovables. Ni rastro, por tanto, de cambio de modelo.
En materia industrial y corporativa los primeros años de la nueva generación de socialistas se caracterizan por una gestión discutible del modelo energético, con decisiones erráticas que concluyeron en que una empresa privatizada como Endesa terminase en manos públicas (italianas, eso sí) de nuevo.
Activismo del gasto contra la recesión
La reacción del Gobierno cuando estalló la crisis, unos meses antes incluso de renovar la confianza política, fue negarla o considerarla ajena al país. Zapatero se puso a la cabeza de la manifestación para cebar la bomba keynesiana del gasto, con puesto fijo en las cumbres del G-20, y combatir así un ajuste del empleo que se llevó por delante dos millones largos de empleos en los dos primeros años del ajuste. Centró, además, el expansionismo del gasto en aquellas partidas con menos repercusión en el crecimiento, funcionando más como subsidios que como inversión. De hecho, corrigió las veleidades liberales y rigoristas de su vicepresidente Solbes, cesándolo en la primavera de 2009, y adoptando él, junto con Elena Salgado, la gestión de la economía.
En materia legislativa desoyó cuantas peticiones le llegaban desde todas las instancias para que reformase los mercados laborales, y se plegó, por convicción, a la estrategia suicida de los sindicatos, que le convocaron posteriormente una huelga de oficio cuando tomó las primeras medidas de ajuste.
Repliegue obligado y pérdida de crédito
La enloquecida huida hacia adelante en su política de gasto social y su apego al inmovilismo reformista se acabó el 9 de mayo de 2010. Un Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Monetaria Europea exigió al Gobierno español un duro e inmediato recorte del gasto público para que los mercados comenzasen a creer que España recuperaría su capacidad de pago, así como un programa de reformas profundo tanto de los mercados de trabajo como del sistema de pensiones, además de crear un mecanismo activo de reforma y capitalización de las cajas de ahorro que alejase el miedo a una quiebra encadenada de entidades por su riesgo inmobiliario. Dicho y hecho: el 12 de mayo el presidente Zapatero despertó de su sueño de irrealidad y ejecutó el mayor ajuste de gasto que se recuerda, con funcionarios, pensionistas y hogares en general como víctimas, además de paralizar prácticamente todas las inversiones públicas.
El presidente de la expansión de los derechos y el gasto social iniciaba el viaje de vuelta y se encontraba con un rechazo generalizado de su base electoral, que descendió hasta niveles nunca cosechados por los socialistas, al menos en las encuestas.
En paralelo al compromiso de rigor fiscal, Rodríguez Zapatero se puso manos a la obra con las reformas exigidas, tanto la laboral como la de las pensiones o la del sistema financiero, amén de otras de bastante menor calado. Un presidente más grave que el de los seis primeros años de mandato se aferró a la obligación de devolver el crédito a su país, al precio altísimo de tener que renunciar incluso a una segunda reelección por la presión de su electorado y de los cuadros dirigentes de su partido.