El marco regulatorio del viento no es para el verano
La industria sigue reclamando al Gobierno un horizonte normativo más allá de 2012, cuando expira el actual real decreto que acota al sector.
Es la tecnología renovable más madura y un referente mundial. La industria eólica española goza de excelente reputación fuera de las fronteras nacionales, a la vista de un recorrido apabullante en la última década, con 889 parques eólicos puestos en funcionamiento en España. Ahora, la crisis económica ha esculpido un talón de Aquiles en el fugaz crecimiento del sector. La actual regulación que acota la industria del viento no tiene guion más allá de 2012, cuando expira el real decreto que fija la retribución para los operadores de parques.
El director general de Energía, Antonio Hernández, adelantó en el mes de junio, durante la convención anual de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que las nuevas reglas del juego se enviarían a la Comisión Nacional de Energía "antes del verano", pero el sector sigue esperando. Hernández anticipó algunas de las líneas maestras que nutrirán el futuro real decreto, como la posibilidad de sustituir los cupos actuales, de carácter anual, por otros bienales o plurianuales, para cumplir con el objetivo de 35.000 MW de potencia instalada en el horizonte de 2020 que fija el nuevo Plan de Energías Renovables (PER).
La industria ha recibido con optimismo la hipótesis que baraja el Gobierno de eliminar el actual registro de preasignación para la concesión de la prima, el cual "no tiene sentido para una tecnología tan madura como la eólica", según Hernández. En su lugar, se podría virar hacia un nuevo criterio que fijara el acta de puesta en marcha, un documento que se entrega cuando el parque eólico está construido y listo para verter electricidad a la red, en lugar de esperar a una autorización administrativa.
Mientras el Ejecutivo tarda en cerrar los flecos normativos, la industria sigue perdiendo fuelle. La AEE estima en 1.000 los megavatios que se dejarán de instalar de aquí a 2012 por carecer de estabilidad que ofrecer a los bancos, dejando la potencia en 22.000, de los 23.200 previstos. "Los promotores más pequeños lo están pasando mal. Antes, los bancos financiaban el 90% del préstamo, ahora solo el 20% y con intereses más elevados", explica Heikki Willstedt, director de políticas energéticas de la AEE.
Para este experto, "la estabilidad no la da el objetivo (en referencia a los 35.000 MW del Plan de Energías Renovables), sino un marco económico que dé seguridad a los bancos, y ahí falla". La industria también lamenta que el futuro PER haya mermado hasta 750 MW el objetivo para la eólica marina. "Si los 2.250 MW que se han restado a la eólica marina se hubiesen trasladado al objetivo de eólica terrestre, se lograría un ahorro importante para la economía española ya que, según el propio PER, el coste de generación de la eólica será en 2014 similar al del mercado eléctrico", según ha explicado José Donoso, presidente de esta patronal.
Pese al aparente ruido de queja, algunas voces del sector atribuyen la escasa guerra de la industria al hecho de que las eléctricas comparten sus posesiones de muchos megavatios de potencia eólica con otros tantos en centrales térmicas de gas.
El liderazgo internacional logrado en esta última década podría verse amenazado, advierten desde la AEE. Las empresas han limado hasta ahora la sequía de contratos de fronteras hacia dentro con proyectos fuera, "pero la competencia es más dura con la entrada de India y China. Si no hay margen para invertir en I+D y mantener la ventaja tecnológica, en dos o tres años nos habrán comido en tecnología", añade Willstedt.
El Supremo, contra la fragmentación del parque
El Tribunal Supremo confirmó este mes la paralización del parque eólico Curueña II solicitada por la organización ecologista SEO/BirdLife, en Omaña (Castilla y León), porque las evaluaciones de impacto ambiental "no pueden ser eludidas mediante la artificiosa división o segregación del parque eólico en varios proyectos de ejecución, con la finalidad de obtener declaración de impacto ambiental favorable en fraude de ley".La sentencia llega a raíz del elevado índice de mortalidad de las especies de aves de urogallo y alimoche por choques contra los aerogeneradores.El Supremo apunta así a la ilegalidad de fragmentar los parques eólicos de menos de 50 MW de potencia, a la que recurren los promotores eólicos para recibir las primas y que están sujetos a la evaluación de las diferentes comunidades autónomas.
La cifra
35.000 megavatios de potencia eólica es el objetivo fijado por el Plan de Energías Renovables (PER) entre 2010 y 2020.