Las cuentas públicas de nunca acabar
El espectáculo ofrecido por los políticos ganadores y perdedores de las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha en los dos últimos meses no es el más edificante de cuantos necesita la economía española para restaurar la credibilidad entre sus financiadores. En una especie de escalada interminable, el Partido Popular ha abierto la veda de las acusaciones con crecientes cantidades de supuestas facturas no pagadas y déficits súbitos, y los gestores salientes del PSOE no han sabido dar una explicación creíble que desautorizase las invectivas de los nuevos administradores.
Desde luego que tan censurable es acusar de desajustes presupuestarios sin conocer íntegramente las cuentas, como abandonar la Administración con un notable agujero en ellas, que terminarán pagando los contribuyentes castellanomanchegos en el mejor de los casos, o todos los españoles si fuese necesario. Por mucho victimismo que quiera ampararse y ocultarse en los daños de la crisis, es obligada la administración prudente, tanto en la gestión de recursos y empleos, como en la transparencia con los administrados. Y esa es precisamente la que no ha existido en unos cuantos territorios a juzgar por los datos que se van conociendo poco a poco.
Pero la situación francamente delicada por la que atraviesa la economía española, en parte por la parálisis de crecimiento y en parte por la desorientada cacofonía comunitaria que impide resolver el lastre griego, aconseja unificar el criterio de cara al exterior, y dejar la presión política teñida de tinta electoral que el Partido Popular practica para mejor ocasión. Si los fundamentales no justifican la prima de riesgo que España paga ahora en sus emisiones, habrá que buscar en esta especie de práctica de tinta de calamar parte de la explicación. Extender la sospecha, salvo que esté taxativamente probada, de que en Hacienda puede haber también facturas sin pagar solo contribuye a enrarecer la imagen de un país que está al borde del precipicio en materia financiera.
Tiene poca explicación la ausencia de propuestas netas por parte del partido que preside Mariano Rajoy para solventar la crisis económica y social en la que está España; pero ya que practica el silencio en esta materia, podía hacerlo extensivo a cuestiones tan delicadas como las cuentas del Estado cuando la sombra de la duda sobrevuela los mercados. El Gobierno, en todo caso, debe dar cuantas explicaciones clarifiquen la situación fiscal del país y no arrastrar los pies si los números no lo permiten. El crecimiento de la economía no parece sustentar ingresos y pagos coherentes con un déficit del 6%, y difícilmente puede hacerse una aseveración acerca del cumplimiento de los objetivos cuando solo se dispone de datos hasta el mes de mayo y no son precisamente los más idóneos.