La hora de la verdad en el sector financiero
Se van cumpliendo los plazos de un proceso nacido de la necesidad de fortalecer nuestro sistema financiero para afrontar la crisis y que tuvo uno de los pocos consensos políticos de la actual legislatura. Fue hace dos años cuando vio la luz el primero de los tres reales decretos ley que ponía en marcha su reestructuración con acuerdo entre Gobierno y oposición.
Desde entonces son incontables los pasos de nuestras entidades financieras, principalmente cajas, para sanear sus balances, despolitizar sus órganos de gobierno, conformar grupos integrados, reforzar la capitalización de los resultantes y racionalizar sus estructuras. Un proceso realizado bajo la mirada atenta del Banco de España y la vigilancia de Bruselas al que ha llegado la hora de la verdad. Fijadas las necesidades de reforzamiento de capital y decididos los planes de grupos y de entidades por ahora en solitario, es el momento de saber cuánto valen los bancos recientemente constituidos. La frase machadiana de que solo el necio confunde valor y precio es útil para evitar la confusión que puede dejar en fracaso la reestructuración.
El valor de estas entidades no debe ser el que se les supone sino el que tienen. Cuando se están iniciando los procesos de valoración no conviene adelantar los supuestos descuentos, como cuando se anuncian las rebajas. Sin metodología, sin datos objetivos es, cuanto menos, una frivolidad porque tras esos descuentos pudiera haber intereses de compra a precio de saldo.
Corresponde al regulador ser riguroso para asegurar el verdadero valor de estos bancos y facilitar su reconocimiento. Hay casos significativos a los que quiero referirme como posibles riesgos de desviación del espíritu y la letra de la reestructuración. Por ejemplo, no mantener la debida importancia valorativa del saneamiento realizado por algunas entidades calificado por el propio FROB como "fundamentalmente sólida" para un proceso de integración no consumado. Por ejemplo, no facilitar el recurso a las participaciones preferentes (FROB), sin impedimento legal alguno, optando por la toma directa de capital, procedimiento mucho más oneroso para el fondo, nutrido de recursos públicos.
Sin duda se reconoce a Caja Mediterráneo en ambos casos aunque lo cierto es que los ejemplos puestos pueden afectar al conjunto del sistema y a muchos de los nuevos bancos.
Se sienta un precedente de discriminación pues el no ser un SIP no debe excluir de la posibilidad que da la ley de acceder a las participaciones preferentes de la que el Banco de España no ha excluido a nadie. También podría ser un precedente de inseguridad jurídica que los mercados interpretarían negativamente si lo recogido en la legislación se viera alterado de hecho por otras decisiones sin la modificación legislativa que las sustente. Y no hay que olvidar que entidades como Banca Cívica y Bankia ya han anunciado su salida a los mercados y sin duda se verían afectadas negativamente por una valoración a la baja excesiva y una corriente de desconfianza entre los inversores internacionales. La misma suerte tendrían otras que siguieran este camino. En definitiva, se corre el riesgo de tener que aceptar precios de saldo por un sistema reestructurado con dinero público. Estoy seguro de que Miguel Ángel Fernández Ordóñez, persona inteligente, no caerá en la confusión por la que tan duramente califica Antonio Machado a sus autores.
La credibilidad del sector financiero español ha de ser reforzada por el compromiso de apoyo a quienes lo puedan precisar ante los nuevos requerimientos de capital exigidos por el Banco de España, singularmente a las cajas de ahorros que han sufrido con mayor virulencia la crisis, al no haber tenido la posibilidad de acudir a Bolsa para capitalizarse. El fin principal es responder a los retos de capitalización y solvencia y recuperar el ritmo de crédito al desarrollo económico y social.
La filosofía de tan importante reforma está plasmada en la exposición de motivos del RDL 2/2011: "La crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de garantizar por parte de los poderes públicos las bases para la existencia de un sistema financiero competitivo y sólido". El objetivo es claro cuando se afirma que el Gobierno ha impulsado medidas "dirigidas a facilitar el acceso a la financiación de las entidades de crédito, salvaguardar la estabilidad del sistema, fomentar su reestructuración y eficiencia, y velar, en último extremo, por la adecuada canalización del crédito hacia la economía real". Es al Gobierno al que corresponde que el proceso culmine con éxito.
Ramón Madrid Nicolás. Vicepresidente del Registro de Economistas Auditores del CGCEE. Decano del Colegio de Economistas de Murcia