Mejorar la cooperación entre las comunidades
El modelo de Estado español tiene una estructura muy descentralizada con las comunidades autónomas a la cabeza del gasto público (36% del total en 2010). Para asumir sus competencias disponen de dos tipos de sistema de financiación, con resultados bien distintos: el de régimen común, aplicado a la mayoría de las comunidades, y el foral, aplicado en País Vasco y Navarra que genera aproximadamente el doble de euros por habitante que el común para afrontar una relación similar de políticas. La causa de esta significativa diferencia no estriba en su carácter foral, sino en un diseño que contiene una colaboración simbólica en las políticas de nivelación aplicadas en las comunidades con menor renta.
El régimen común estrenó en 2009, con el acuerdo de todos los partícipes, un modelo que mejoraba sensiblemente el anterior. En suficiencia, al aumentar la valoración de sus necesidades globales, es decir, del dinero disponible (14.348,11 millones de euros adicionales en 2012). En autonomía fiscal, por la mayor participación autonómica en impuestos básicos (50% en el IRPF e IVA y 58% en los impuestos específicos sobre el consumo), incluida la capacidad normativa en algunos. La nueva estructura del sistema también redujo sensiblemente las anteriores deficiencias de equidad (a la mitad calculada en euros por habitante equivalente, es decir, el dinero que recibe por persona después de aplicar las variables objetivas de distribución territorial), aunque a falta de conocer la primera liquidación oficial, se puede anticipar que todavía se mantienen diferencias entre comunidades incoherentes con la filosofía de facilitar a todos los ciudadanos las mismas prestaciones públicas cuando realiza un esfuerzo fiscal similar, entendido este último como el pago de impuestos idénticos. Las negociaciones políticas bilaterales están en el origen de esta deficiencia.
La crisis de la economía española tiene una vertiente fiscal muy acusada. Los problemas de financiación de la deuda soberana están apoyados en un fuerte aumento del déficit de las cuentas públicas y del volumen de deuda en circulación (aunque sea todavía menor a la media de la UE), pero su origen se puede encontrar en un brusco y abrupto desplome de los ingresos fiscales (7 puntos del PIB entre 2008 y 2010) al estar muy relacionados con las operaciones inmobiliarias tan habituales en la fase expansiva del ciclo. Disponer durante una década de incrementos en sus ingresos superiores al 10% anual fue un incentivo de los gestores para realizar en muchos Gobiernos prácticas de gasto poco cuidadosas (y sostenibles). El ámbito autonómico no ha sido una excepción, como demuestra el fuerte empeoramiento del saldo negativo de sus cuentas, a pesar de haber dispuesto de ingresos sobrevalorados en los ejercicios 2009 y 2010 recibidos desde la Administración general del Estado en concepto de anticipos del Sistema de Financiación Autonómica que teóricamente deben devolver en los cinco años posteriores a 2011 (cerca del 2,5% del PIB).
El presupuesto autonómico afronta una estructura presupuestaria muy desequilibrada, difícilmente sostenible a corto plazo (con el agravante más que posible de la existencia de gastos ordinarios de años anteriores pendientes de contabilizar). El incremento en el volumen de su deuda también confirma la evolución, al haberse duplicado en los dos últimos años y alcanzar casi una quinta parte del total de la deuda pública española.
En este delicado momento donde España afronta el riesgo de perder la confianza de los inversores internacionales, todos los niveles de Gobierno deben asumir su obligación para cumplir con el severo proceso de consolidación de las cuentas públicas exigido por la Unión Europea, de acuerdo a un principio de corresponsabilidad fiscal que no había sido desarrollado en toda su amplitud hasta la fecha (conviene recordar que a falta de una ampliación pactada del plazo, la opción del rescate empeora el escenario).
Después del necesario periodo de despliegue del Estado de las autonomías parece muy necesario construir un sistema fiscal sostenible en el tiempo apoyado en la suficiencia para hacer frente a políticas públicas similares a las de los países más avanzados de la zona euro, y un mayor grado de equidad en la distribución de los esfuerzos. Para ello se necesita adoptar decisiones estructurales en ingresos (subidas de los tributos en el ejercicio de la capacidad y autonomía fiscal: propia o colegiada) y en las políticas de gasto, donde se debería buscar una mayor eficiencia en el uso y destino de los recursos, es decir, elegir las políticas que sirven a las personas; buscando actuaciones cooperativas (entre las comunidades, y con el resto de las Administraciones) y eliminado duplicidades entre niveles de Gobierno.
El Estado de las autonomías no implica igualdad absoluta de los territorios (para eso es mejor tener un Estado centralizado) pero es compatible la heterogeneidad en la forma de interpretar las políticas con un elevado grado de equidad en el trato de los ciudadanos, y para avanzar en ese camino es preciso explicarles las causas por las que se priorizan unas políticas frente a otras y, en especial, su relación con el pago de impuestos, olvidando prácticas anteriores donde desde una pésima pedagogía, rayana con el insulto intelectual, se les prometía más gasto y menos impuestos.
Miguel Ángel García Díaz. Profesor asociado de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos