EE UU tiene que hacer sus deberes
Si a principios de año fue Alan Greenspan quien alertó de la posibilidad de una crisis de deuda pública en Estados Unidos, el lunes el propio FMI cargó las tintas con firmeza sobre el mismo punto. En su último informe sobre perspectivas monetarias, el organismo insiste en la necesidad de que las economías avanzadas ahonden en "una trayectoria fiscal sostenible" a medio plazo y pide un esfuerzo urgente a EE UU para controlar su déficit público y alejar el riesgo de fluctuaciones en el mercado de bonos, riesgo que podría provocar un grave desequilibrio en la economía internacional.
Si hasta el momento la tormenta de la deuda pública se había centrado en la vieja Europa, con los bonos alemanes y estadounidenses beneficiados por la búsqueda de seguridad de los inversores, el temor ahora es que el fenómeno se traslade al otro lado del Atlántico. En el caso de EE UU, el riesgo de una crisis de deuda no apunta tanto a un aumento generalizado de las tasas de los bonos públicos a corto plazo, algo que no se considera probable, como a la posibilidad de variaciones repentinas y abruptas de las primas de riesgo que pongan en jaque la precaria estabilidad financiera mundial.
La advertencia del FMI tiene fundamentos sólidos. Como el propio organismo reconoce, el vertiginoso crecimiento del déficit público estadounidense no puede atajarse únicamente con recortes de gasto discrecionales, como los aprobados hasta el momento, sino que exige medidas drásticas en materia de reforma fiscal -elevar los impuestos- y de Seguridad Social -recortar prestaciones-. En ese sentido, lo que se pide a EE UU no es ni más ni menos que la medicina adoptada por las economías europeas y reforzada por la exigente presión de los mercados financieros: austeridad en el gasto y férreo control del equilibrio presupuestario.
La necesidad de abordar un ajuste fiscal en EE UU -se calcula que a final de año el déficit alcanzará 1,6 billones de dólares y que en 2016 la deuda equivaldrá al 110% del PIB- va más allá de la dura batalla política que enfrenta a republicanos y demócratas y de sus respectivas concepciones sobre cuál ha de ser el peso y el papel del sector público en el país. La necesidad creciente de financiamiento soberano tiene un efecto directo sobre el destino de la inversión en detrimento del sector privado y, por tanto, de la recuperación económica global. Una recuperación que, de acuerdo a las previsiones del FMI, es todavía débil en las economías avanzadas -en el caso de España, el organismo prevé un crecimiento inferior al 2% hasta 2017- y que afronta un camino repleto de riesgos y obstáculos. Ni a la economía mundial ni a la estadounidense les conviene que entre esos obstáculos figure otra nueva crisis de deuda soberana.