Los expertos elevan a más de 15.000 millones el déficit del sistema sanitario
Plantean fórmulas de copago y centrales de compras para reducir el agujero financiero.
En 1999 había cerca de 38 millones de personas protegidas por el Sistema Nacional de Salud. Once años después, ese volumen de población se ha elevado a 47 millones de personas. Nueve millones de personas más que utilizan los servicios de atención primaria, los centros de especialidades, las urgencias o que se benefician de los fármacos subvencionados por el Estado. Pero no solo el factor demográfico explica la presión a la que han sido sometidas las cuentas públicas destinadas a sanidad.
El que mejor explica el elevado gasto sanitario es el fuerte envejecimiento de la población española. Hace 11 años había 6,7 millones de personas por encima de los 65 años; en la actualidad esa cifra se eleva a 7,7 millones y las perspectivas son mucho peores, ya que se prevé que habrá 10 millones de personas en edad de jubilación en apenas 10 años.
De esta manera, el crecimiento de la población y el envejecimiento han obligado a gastar mucho más dinero del previsto a las comunidades autónomas, las Administraciones que tienen competencias en la materia, lo que ha elevado el déficit sanitario a una cifra entre 10.000 y 15.000 millones de euros, según un informe elaborado por PwC y coordinado por dos exministros de Sanidad, Julián García Vargas y Ana Pastor. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) calcula que entre 2003 y 2007 el agujero llegó a 11.000 millones.
A este desfase entre ingresos y gastos habría que añadirle el déficit sin contabilizar que arrastran un gran número de comunidades autónomas. Miguel Ángel García, director del Gabinete Económico de CC OO, calcula que esta cifra se podría elevar a 22.000 millones de euros. "Las dificultades se agravarían de ser ciertas las declaraciones no oficiales de responsables del sector sanitario que cifran en esa cantidad el gasto realizado en asistencia sanitaria y pendiente de contabilizar", recalca.
Gran parte de ese dinero puede proceder del desvío de gasto que las comunidades autónomas han realizado de un año a otro y que posteriormente no se ha contabilizado. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, entre 1998 y 2005 se han trasladado más de 35.000 millones de gasto, de los que una tercera parte (12.962) corresponden a Cataluña. El nuevo Ejecutivo de CiU reveló hace tres semanas que el déficit sanitario dejado por el anterior Gobierno se elevaba a 1.200 millones, de los que 290 eran gasto desplazado catalogado como facturas en el cajón sin pagar. La celebración de elecciones municipales, previstas para el próximo 22 de mayo, puede servir para aflorar el déficit sanitario oculto en otras comunidades en las que se produzcan cambios en la presidencia.
En este escenario solo quedan dos alternativas: reducir el gasto recortando las prestaciones o aumentar los ingresos mediante impuestos o el establecimiento de un copago. La primera opción parece descartada por el elevado coste político que puede tener para aquellos que opten por ponerla en marcha, por lo que los expertos consultados por CincoDías abogan por esta segunda alternativa como la más rápida porque proporciona dos efectos: por un lado, disuade del uso excesivo de recursos y, por otro, genera ingresos para compensar el desvío del gasto.
Un informe elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y McKinsey aboga por una mayor implicación del ciudadano en la financiación y por establecer un sistema de copago, siempre ligado al nivel de renta y a las posibilidades económicas del paciente. "El sistema público, tal y como está diseñado en la actualidad, es insostenible. Es necesario un mayor control sobre las visitas médicas (España encabeza la lista europea con 8,1 visitas al año por habitante)", apunta Pablo Vázquez, director del servicio de estudios de Fedea. A su juicio, es imprescindible que cada persona que acuda a un hospital a España contribuya con una pequeña aportación, tal y como se hace en la gran mayoría de países de la Unión Europea. En Francia, por ejemplo, se abona un euro por cada consulta de atención primaria (hasta un máximo de 50 euros al año) y hasta un 25% del coste de la atención especializada. También existen este tipo de pagos en Alemania, Bélgica, Italia, Portugal, Suecia o Reino Unido.
El céntimo sanitario
Si el copago está tan extendido entre los vecinos europeos, ¿cuál es entonces el problema para poner en marcha este mecanismo en España? Los principales recelos entre aquellos que no están de acuerdo con esta fórmula es que la sanidad ya se financia en España a través de los impuestos y que un nuevo gravamen podría tener efectos injustos sobre aquellos ciudadanos que tienen un menor poder adquisitivo.
La alternativa que más apoyos concita es el de un impuesto finalista que se destinara a la financiación de la sanidad. El único que existe en la actualidad es el céntimo sanitario, que, según los últimos datos del Economía, proporciona una recaudación anual de 1.400 millones de euros. Hasta este año tan solo seis comunidades (Madrid, Cataluña, Asturias, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Galicia) habían aplicado el tramo autonómico de este impuesto y en 2011 se han unido Andalucía, Extremadura y Murcia. El secretario de Política Económica del PSOE, Octavio Granado, señala que la forma más equitativa de financiar la sanidad es a través de impuestos, "porque garantiza el mismo acceso a todos los ciudadanos".
Todos los expertos, sin embargo, coinciden también en que antes de establecer un impuesto finalista o un copago sería necesaria una revisión a fondo de la política de costes del sistema sanitario. Y entre las áreas donde se pueden conseguir mayores ahorros figuran, en primer lugar, los recursos humanos, y en segundo, las compras de bienes.
Un dato que ilustra la la importancia de los salarios en el conjunto del gasto es que suponen el 43,5% de los 66.621 millones que cuesta el Sistema Nacional de Salud. Ignacio Riesgo, director de sanidad de PwC, recalca que el principal campo donde se puede actuar para reducir los costes en los recursos humanos es la lucha contra el absentismo. "Si se consiguen atajar los altos niveles de ausencia en el puesto del trabajo se podrían reducir los numerosos contratos de sustitución que se firman en hospitales y centros de salud", asegura. Riesgo aboga también por instaurar programas centralizados de compra entre hospitales. "El modelo imperante en España es que el hospital es quien compra, almacena y distribuye. Habría que ir a un catálogo único de productos y al uso de plataformas logísticas compartidas, que redundaría en un menor precio de los productos", concluye.
Las cifras
35.000 millones de euros es el montante de los presupuestos para Sanidad que ha sido desplazado por las comunidades autónomas entre 1998 y 2005.
1.400 millones es lo que se recauda al año por la aplicación del céntimo sanitario.
43,5% es el porcentaje del gasto sanitario público que corresponde a los salarios de los trabajadores.
La patata caliente del gasto farmacéutico
El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, fue el primero que apuntó hace dos años (ese argumento lo ha reiterado recientemente) que las comunidades tenían grandes posibilidades de recortes en la compra de fármacos, cuyo coste llega a 12.500 millones al año. El Ejecutivo impulsó en 2010 ese recorte a través de dos reales decretos que establecían una rebaja obligatoria de los precios de los medicamentos, tanto genéricos como de marca. Esos dos decretos han tenido un efecto balsámico en el gasto farmacéutico, que bajó un 2,36% en 2010 (300 millones de euros en términos absolutos) tras encadenar un gran número de ejercicios creciendo por encima del 4%.Ante las grandes posibilidades de ahorro, algunas comunidades han optado por medidas unilaterales y en algunos casos ilegales, lo que les ha llevado a pleitear con la patronal de las farmacéuticas y con el propio Ministerio de Sanidad. Es el caso de Galicia, que aprobó a finales de 2010 un catálogo que excluía a una serie de medicamentos subvencionados en otras comunidades. La razón es el ahorro generado, que según los cálculos de la Xunta de Galicia, podría llegar a los 90 millones de euros al año. Sanidad y Farmaindustria lo denunciaron ante el Constitucional y ahora mismo se encuentra suspendido a la espera de una decisión judicial.En la misma línea, Castilla-La Mancha ha excluido algunos fármacos de la prescripción a través de la receta electrónica, lo que, según Farmaindustria, también vulnera el principio de igualdad territorial.