La SEPI dice que readmitir a 258 personas complica la liquidación de Babcock

La sentencia del Tribunal Supremo que ha supuesto la readmisión de 258 trabajadores de Babcock que salieron de la compañía mediante un ERE aplicado en 2004 ha desatado la caja de los truenos en sus principales acreedores. La SEPI, con importantes intereses comprometidos en el fabricante vasco de bienes de equipo, bajo tutela judicial con un exigible de 73 millones, estimó ayer "contraria a derecho" la decisión de los gestores de la sociedad y de los administradores concursales de ejecutar la sentencia de readmisión porque complica su ordenada liquidación.

El holding público se basa para elevar su escrito al Juzgado de lo Mercantil número 2, que entiende del concurso de Babcock, en que la sentencia del alto tribunal no ha sido comunicada a la Dirección General de Trabajo, a quien corresponde la solicitud de ejecución de la sentencia, al haber sido el autor directo del ERE anulado por el Supremo.

Entiende que hay una opción jurídica que permitiría conciliar los intereses de los 350 trabajadores que todavía pertenecen a Babcock, para los que ya se ha presentado un expediente de resolución de contratos pero "que la precipitación de la empresa podría hacerlo inviable". Añade el grupo presidido por Enrique Martínez Robles que un normal "proceso de ejecución de la sentencia" no perjudicaría la plantilla en activo ni a los 258 trabajadores que se deben ahora reincorporar. La SEPI, su propietaria hasta 2001, tiene otorgadas unas garantías a sus trabajadores que vencen el 31 de mayo.