El ladrillo, el gran maná autonómico y local
Los departamentos de Economía de las distintas Administraciones han lamentado casi tanto como los promotores el fin del sueño inmobiliario en España. La compra de un terreno para edificar, la construcción de una vivienda, la venta de una casa o la firma de un préstamo hipotecario son actividades sobre las que se aplican múltiples impuestos, en su mayoría autonómicos y locales.
El boom inmobiliario desencadenó otro boom recaudatorio. Las comunidades vieron cómo se multiplicaba el impuesto sobre transmisiones patrimoniales -tributo que grava la compraventa de viviendas usadas- que alcanzó los 10.000 millones en 2006. Una cifra estratosférica si se tiene en cuenta que actualmente las comunidades ingresan menos de 3.000 millones por el mismo concepto. También el impuesto de actos jurídicos documentados -que se aplica sobre los préstamos hipotecarios- y el IVA, que grava la compraventa de casas nuevas, crecieron exponencialmente.
Para los ayuntamientos, el sector del ladrillo también supuso una fuente de ingresos que parecía inagotable. La venta de terrenos públicos -además de alentar la corrupción- permitió a los alcaldes disparar la inversión y consolidó en algunos casos un nuevo riquismo grotesco. Si ello no fuera bastante, la mayoría de tributos locales -impuesto sobre plusvalías, IBI o impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras- se aplican sobre la vivienda. Ahora, con el fin del boom inmobiliario, el principal reto de los alcaldes pasa por pagar las nóminas.
Mayor control
Los excesos de comunidades y ayuntamientos han llevado al Gobierno a elevar el control sobre las finanzas territoriales. De hecho, el Ejecutivo prohibió al consistorio madrileño refinanciar su abultada deuda. Sobre las comunidades, de momento, se muestra más permisivo.