COLUMNA

Brotes marchitos

A mediados del pasado año había razones para hablar de brotes verdes en la economía española, porque muchos de los indicadores mensuales habían abandonado la tendencia decreciente o, como poco, mostraban tasas de caídas claramente decrecientes. Ahora, por el contrario, sin haberse consolidado ese atisbo de recuperación, no pocos indicadores de demanda interna vuelven a mostrar tendencias decrecientes o han dejado de mejorar sus tasas de variación.

En la situación de exceso de oferta en la que se encuentra la economía española desde hace dos años y medio es necesaria la recuperación tanto de la demanda interna como de la externa para volver a crecer y a crear empleo. Y la actual tendencia de la mayoría de los indicadores de consumo, de inversión en equipos y de inversión en construcción no da pie al optimismo. Todo parece indicar que el consumo de las familias ha detenido su modesta recuperación, a juzgar por la evolución de los indicadores mensuales. Varios de ellos registran tasas de variación de su tendencia inferiores a las de hace unos meses, y en algunos casos son negativas. Algo análogo ocurre con los indicadores de inversión en equipos, que habían experimentado una recuperación más intensa pero que en los últimos meses han registrado una desaceleración de su tendencia. Y los indicadores de inversión en construcción siguen mostrando una tendencia decreciente y se ha parado la desaceleración de su caída apuntada meses atrás.

Las medidas de consolidación fiscal puestas en marcha durante el ejercicio anterior y el mantenimiento de las restricciones crediticias han debido ser los factores que han causado este parón. La elevación de los precios de las materias primas actúa en la misma dirección. Pero ésta, además, también va a acabar drenando vigor a la demanda exterior, a lo que se añadirá la actual incertidumbre creada por los desgraciados acontecimientos en Japón. Efectivamente, el precio del petróleo y la crisis japonesa pueden causar una ralentización del comercio mundial de duración e intensidad inciertas.

Con datos hasta finales de 2010 la previsión tendencial del empleo es que no va a aumentar durante 2011. Y en el contexto que acabamos de comentar si se produce un cambio de tendencia es más probable que sea negativo. Y esta falta de creación de empleo va a condicionar las decisiones de consumo, en el sentido de que pospondrá la recuperación de la propensión a consumir que tanto ha caído en los últimos 3 años.

El listado de posibles medidas no contiene ninguna de efectos inmediatos. La opción de una política fiscal expansiva se ha evaporado, por las dañinas consecuencias para el equilibrio de las cuentas públicas del boom constructor e inmobiliario que condujo a considerar como permanentes niveles transitorios de ingresos públicos. Posiblemente, la primera respuesta debería ser abordar con decisión los problemas de insolvencia de una parte del sistema bancario, que están imposibilitando la recuperación de los flujos de crédito y, además, están contribuyendo a elevar la prima de riesgo de los títulos emitidos por emisores españoles. Se ha tardado mucho en abordar la cuestión y aún hoy se perciben dudas y déficits de transparencia. El reconocimiento de los agujeros patrimoniales seguido de un inmediato plan de recapitalización es condición necesaria para normalizar el sistema crediticio; lo que debería constituir una prioridad.

Para dinamizar las empresas medianas y pequeñas, que son las que crean más empleo y en donde se crían los emprendedores, además del restablecimiento del flujo de créditos, se requiere un cambio en el marco laboral, especialmente en la negociación colectiva, y una mejora notable en la eficiencia de las administraciones públicas, cuya ineficacia constituye en no pocas ocasiones un obstáculo muy serio. La enésima reforma laboral ha sido tan decepcionante como las anteriores: no ha avanzado hacia el contrato laboral único y, por ahora, apenas ha alterado la negociación colectiva. Para miles de empresas medianas los convenios colectivos sectoriales y provinciales, acordados por burócratas de las organizaciones sindicales y patronales de espaldas a la realidad de las empresas, constituyen normas de carácter más rígido que las aprobadas por el Parlamento o por las Administraciones con capacidad normativa. Implican, además, reducir la posibilidad de acuerdos cooperativos específicos entre la empresa y sus empleados. Desligar los salarios de la inflación y ligarlos a la productividad, como postula el Pacto de Competitividad, sería muy conveniente, pero es difícil instrumentar lo segundo en convenios sectoriales que no tienen en cuenta la heterogeneidad de las empresas afectadas.

Carlos Sebastián. Catedrático de Fundamentos del Análisis económico de la Universidad Complutense