Los fotovoltaicos auguran un "colapso" por los recursos contra la rebaja de las primas
Las asociaciones fotovoltaicas entregan hoy 10.000 cartas de productores afectados por los recortes en la retribución a esta tecnología aprobados por el Gobierno en diciembre, según explicaron ayer desde la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF). El vicepresidente de la patronal, José Luis Martínez, auguró un "colapso administrativo" en los tribunales entre agosto y septiembre, cuando todos los perjudicados presenten sus recursos particulares.
Las asociaciones de la energía solar fotovoltaica ASIF, AEF y APPA entregarán hoy en el Congreso de los Diputados unas 10.000 cartas de productores afectados por los recortes a la retribución que tenían que recibir sus instalaciones, según avanzaron ayer los responsables de la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF). Estos recortes "retroactivos", recogidos en el Real Decreto 1565/2010 y el Real Decreto Ley 14/2010, afectan a "unos 60.000 propietarios", según sus datos.
Estas mismas patronales ya avanzaron ayer que inician una campaña de recursos judiciales "ante todas las instancias posibles", incluidas denuncias ante la Comisión Europea, contra ambos decretos, que rebajan las primas a las instalaciones nuevas y a las que ya están en funcionamiento. Las demandas ante el Tribunal Supremo han de interponerse "antes del 24 de enero, que es cuando cumple el plazo de dos meses para recurrir", aclaró Juan Laso, presidente de AEF, en un desayuno con la prensa organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).
El vicepresidente de AEF, José Luis Martínez, pronosticó ayer un "auténtico colapso administrativo" entre agosto y septiembre de este año. En estas fechas, calculan que "unas plantas con un buen rendimiento y una buena producción habrán alcanzado el número de horas máximo con derecho a cobrar retribución, limitado por el Gobierno, y los productores dejarán de cobrar primas".
"Cuando dejen de cobrar, llegarán a los tribunales a reclamar por el daño patrimonial que se les está causando", afirmó Laso. Las patronales están preparando plataformas para que sus asociados perjudicados y otros puedan gestionar estos recursos.
El presidente de AEF, Juan Laso, mostró su confianza en que los partidos políticos rechacen la semana próxima el real decreto ley en el Congreso o al menos acuerden tramitarlo como proyecto de ley para "introducir modificaciones que lo hagan más llevadero".
Por otro lado, Laso reclamó que, para las instalaciones futuras, el Gobierno permita la instalación de 500 megavatios (MW) anuales, muy por debajo de los 2.500 MW de 2008, pero el doble de los 250 MW actuales. Estas nuevas plantas, como ya se contempla, pueden funcionar con primas menores, ya que los costes de producción del sector han caído un 70% en apenas dos años.
Sobre la cuestión del fraude, Martínez Martín se mostró partidario de acabar con cualquier irregularidad y lamentó que el Ejecutivo "no haya hecho nada para perseguirlo", pese a aprobar el real decreto sobre trazabilidad en el que se establecen las bases para ello. "¿Por qué no está desarrollando los reales decretos?", se preguntó. "Las acusaciones de fraude son el gran sofisma del sector energético, en las que se nos presenta como piratas y timadores, cuando nosotros somos los principales interesados en combatirlo", afirmó el vicepresidente de AEF, quien se mostró partidario de "haber reducido el coste de la fotovoltaica" a través de la lucha contra las supuestas irregularidades, en vez mediante el recorte de primas.