La noria de las reformas sigue girando
Cuando al equipo de Mariano Rajoy se le traslada que para la próxima legislatura solo quedará pendiente la reforma de las Administraciones públicas, ya que el actual Gobierno dejará encauzado el futuro de las pensiones, el del modelo energético, la consolidación del sistema financiero o el nuevo marco laboral, una sensación de escepticismo se detecta en los gestos de algunos de sus principales interlocutores. Y es que pesa la sensación de que lo que realmente está haciendo José Luis Rodríguez Zapatero, más allá de enunciar una y otra vez sus proyectos, es parchear muchos de ellos sin llegar a abordar contenidos estructurales de fondo con garantía de permanencia.
Las dificultades que encuentra el principal partido de la oposición para bendecir algunas de estas reformas, más allá de su aval inicial a la integración de las cajas de ahorro, no proceden solo de las derivadas políticas vinculadas al rosario electoral que se avecina, sino más bien de la falta de criterio que anida en el Gobierno sobre algunas de estas reformas. La del sector energético se cita en el PP como un ejemplo claro del juego del escondite que puede estar practicando el Ministerio de Industria y eso que todos los partidos han tenido la oportunidad de retratarse junto al PSOE durante el año que han durado los trabajos de la subcomisión parlamentaria que ha elaborado el mix energético a 25 años vista.
Pacto de Toledo
Otro tanto está ocurriendo con la reforma de las pensiones, que ha encontrado un primer rellano en las recomendaciones elevadas al Gobierno por la comisión del Pacto de Toledo. En ella se ha producido un amplio acuerdo sobre todos los aspectos de esta reforma, salvo el del aumento de la edad legal de jubilación, bajo la condición de un redactado ambiguo que deja amplio margen de maniobra al Ejecutivo para adoptar cualquier decisión. En lugar de aprovechar el diálogo interno dentro del Congreso para alumbrar la reforma definitiva, el Gobierno ha preferido retrasar la negociación auténtica con los partidos a las vísperas de la aprobación del proyecto de ley por el Consejo de Ministros con la intención de que los sindicatos le despejen algo el camino y dejen sin demasiado margen de contestación tanto al PP como a la izquierda parlamentaria.
En esta estrategia envolvente ha sido definitiva la intervención del vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuyo aterrizaje en el diálogo con los agentes sociales se ha producido cuando ya se daba por fracasada la ronda de contactos emprendida por el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.
La táctica empleada en las últimas semanas por el Gobierno no ha sido ajena a la sensación de que tanto UGT como Comisiones Obreras necesitaban un plan de rescate después del dudoso éxito que ambas centrales cosecharon en la huelga de funcionarios y en el paro general convocados el año pasado. Justamente cuando las constantes vitales del Gobierno y de los sindicatos reflejaban un estado preocupante ha operado una especie de sociedad de socorro mutuo en la que se han sometido a revisión algunos de los aspectos más lacerantes de la reforma laboral.
La lógica política que arropa el giro experimentado por el diálogo social en las dos últimas semanas descansa en las conversaciones de fondo mantenidas por importantes miembros del Gobierno con el secretario general de UGT, sobre todo, acerca de los riesgos compartidos que entrañaría para las dos partes anticipar la llegada del PP al Gobierno a través de la convocatoria de una segunda huelga general cuyo resultado en ningún caso sería beneficioso para la imagen de José Luis Rodríguez Zapatero.
Y es aquí donde los pasos del Gobierno han tomado también en cuenta los intereses que operan en los movimientos de Convergència i Unió y el Partido Nacionalista Vasco. Las dos formaciones tienen en su guion un denominador común que les dicta la conveniencia de facilitar a Zapatero la coronación de la legislatura, en el bien entendido de que unas elecciones anticipadas, con lo que está lloviendo, colocarían a Mariano Rajoy con una holgada mayoría absoluta en La Moncloa.
El PP, a la espera
Las elecciones municipales y autonómicas de mayo se instalan en este mapa como un alto condicionante de la intención del presidente de llegar a marzo de 2012 inmolándose con todas las reformas en marcha. La razón es sencilla y obedece a las dificultades que tendría Zapatero para agotar la legislatura en el supuesto, contemplado por no pocas encuestas, de que el poder territorial del PSOE merme tanto dentro de cuatro meses que ni siquiera pueda retener el control de la comunidad extremeña.
La firme intención del presidente de culminar estas reformas choca también con sus planes, de momento ocultos, relacionados con el futuro cartel electoral del PSOE. Si, como se especula en medios socialistas, el anuncio de su retirada llega ligado a un acontecimiento político de tanta magnitud como sería el fin definitivo de ETA, la gestión de estas reformas se haría sin un liderazgo claro o, tal vez, con un liderazgo compartido que entorpecería la detección de interlocutores sólidos y estables, algo que viene solicitando el PP en numerosas parcelas desde antes de que Zapatero se sacara de la manga, por consejo del ministro de Fomento, José Blanco, los famosos y frustrados Pactos de Zurbano.