Demografía y reforma de las pensiones
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha actualizado la información disponible sobre la población residente en España, y concluye que, según el registro padronal de los ayuntamientos, ahora viven en el territorio nacional más de 47 millones de personas, un umbral nunca superado hasta ahora. Aunque el crecimiento demográfico del año es de los más modestos de este siglo, inferior al 1%, el empuje de la inmigración sigue generando incrementos de la población más elevados de los que proporciona el comportamiento natural, y todo ello pese a que España acumula tres años de recesión o estancamiento económico, y pese a que las perspectivas de crecimiento no son precisamente positivas.
En concreto, en el último ejercicio al menos han entrado vía inmigración dos personas por cada una agregada por el movimiento natural y vegetativo. En total, el avance es de unas 300.000 personas para sobrepasar los citados 47 millones, cifra jamás rebasada en España. Este comportamiento se produce en un entorno de crisis y del replanteamiento sobre si es o no sostenible, a qué precio y en qué cuantías, el estado del Bienestar. La inmigración se ha considerado siempre una especie de bálsamo futuro para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones, ya que la población nativa no podría por si sola hacer frente al súbito envejecimiento demográfico que experimentará España dentro de una década, especialmente cuando las generaciones del baby boom de los sesenta del siglo pasado lleguen a la situación de pasivo.
Pero el verdadero combustible que mantiene caliente el sistema de pensiones y que lo hace sostenible no es solo la existencia de población activa, población potencialmente en edad de trabajar, sino la capacidad del mercado de trabajo y de la actividad económica de generar empleo cualificado y productivo, capaz de soportar crecientes dosis de cotización para sostener las finanzas del sistema de retiro. Por tanto, no basta con población, sino que hace falta ponerla a trabajar. Y para ello deben cambiar varios paradigmas que solo en los últimos meses se han comenzado a movilizar: el sistema productivo, las normas laborales y ahora la relación entre aportaciones y prestaciones al sistema.
Todas las reformas de los próximos meses deben encaminarse a ese objetivo, y aunque no ofrezcan retornos inmediatos, deben poner la normativa a disposición de la actividad económica para que cuando regrese la demanda agregada, interna y externa, la economía genere el empleo suficiente como para hacer sostenible el modelo de pensiones público, a ser posible con niveles de protección mejores que los actuales.
A ese fin se han entregado los partidos políticos que forman parte de la comisión del Pacto de Toledo, y han logrado un acuerdo de mínimos entre las grandes fuerzas, aunque sus recomendaciones son tan abiertas, tan flexibles, tan interpretables, que dejan en manos del Gobierno y de ulteriores negociaciones con partidos, sindicatos y patronales, las condiciones en las que los trabajadores cotizan y aquellas en las que los pensionistas se jubilan.
La reforma tiene que tener un solo norte: reforzar los mecanismos de contributividad, que en plata significa que cada cual cobre cuando sea pensionistas en función de lo que ha aportado cuando era cotizante, y en ningún caso más, aunque tampoco menos. Debe mantenerse una franja de protección para personas con muy baja cotización (en tiempo y cantidad), pero no hasta el punto de forzar tanto la solidaridad que desincentive la contribución del trabajador, sea por cuenta ajena o propia.
Aunque no hay una indicación explícita a retrasar la edad de jubilación, no tiene sentido sociológico ni financiero dejarla donde ya estaba hace cuarenta años, porque la esperanza de vida de hoy no tiene nada que ver con la que entonces, como tampoco tiene nada que ver el mercado de trabajo. Debe también exigirse más años para acceder a la pensión contributiva (hacia los 25) y estirar los años de la carrera de cotización que se usan para calcular la pensión (no menos de 25). Esas tres teclas proporcionan una melodía afinada. Pueden lograrse tonalidades especiales con otros arreglos y matices menores y secundarios (viudedad, prejubilación, pensiones mínimas, revalorización), pero solo esas tres sostendrán el sistema..., si hay población con empleo.