COLUMNA

Fin de año

Acabamos el tercer año de recesión con más incertidumbres de las que teníamos a principio de año. Estamos en recesión aunque hubiéramos abandonado las tasas intertrimestrales negativas del PIB, pues esa es una convención propuesta en su día por el NBER que ni el propio NBER sigue cuando fecha el comienzo y final de una recesión en Estados Unidos. El empleo empezó a caer a principios de 2008 y lo sigue haciendo ahora y esto refleja un estado recesivo.

Las incertidumbres provienen de las dudas que los mercados financieros tienen sobre la solvencia del Reino de España. Las dudas probablemente tienen escasa justificación, pero para disiparlas la respuesta no es que España tiene una ratio deuda/PIB inferior a muchos países europeos, pues esa es una foto estática con escaso valor. La dinámica de esa ratio está determinada por la combinación del nivel del déficit (primario) y de la diferencia entre tipo de interés y tasa de crecimiento del PIB nominal, y esa combinación es hoy por hoy muy adversa. Por eso es crucial reducir el déficit; porque además si no se hace de forma creíble el tipo de interés puede aumentar más y la combinación ser aún más adversa.

El argumento de que reduciendo el déficit se aumenta la ratio porque se afecta negativamente a su denominador (el PIB) es débil, pues depende de muchos factores: cuál es el multiplicador del gasto público, en cuánto va a aumentar el tipo de interés (y por tanto los gastos) al no reducir el déficit, cuál es el nivel de endeudamiento público, en cuánto se va a afectar la demanda privada por la elevación de los tipos, cuál es la capacidad de la oferta para responder a la mayor demanda pública, etc. En una situación como la actual la relación entre gasto público y PIB es asimétrica: una disminución afecta más (negativamente) al PIB que lo que lo hace (positivamente) una expansión. Asimetría derivada de las restricciones en la oferta impuestas por las dificultades de crédito que tienen las empresas.

En cualquier caso, la eliminación del déficit estructural habrá que hacerla más tarde o más temprano y el superávit primario que habrá que generar será mayor cuanto mayor sea la ratio deuda/PIB que se haya alcanzado. Otra cuestión es cómo instrumentar la reducción del déficit y cuánto atentado a la equidad distributiva se va a realizar. No sé si piensa que la credibilidad se alcanza mejor haciendo sangre o que hacer sangre resulta más sencillo que racionalizar el gasto. Me temo que es lo segundo. Hubiera preferido un adelgazamiento de las Administraciones públicas y la eliminación de subvenciones a ciertas instituciones y sectores que la eliminación del subsidio a parados de larga duración.

Pero las incertidumbres están en mayor medida relacionadas con dudas acerca de la solvencia de las entidades bancarias. Es probable que los déficits financieros que hubiere no significasen una proporción del PIB escandalosa. Pero se necesitaría mandar señales más claras. La política de saneamiento está siendo poco decidida y transparente. Hay que facilitar el afloramiento de los agujeros, aunque algunas entidades tuvieran que ser reestructuradas o socorridas como consecuencia. Se están produciendo ventas fallidas de carteras de activos dañados, porque las entidades no aceptan un precio inferior al 50% del valor de tasación inicial y ningún inversor está dispuesto a acercarse a ese precio. Señal que esos activos están incorrectamente valorados.

Los valores estadísticos del precio de los inmuebles tienen escasa validez, pues solo reflejan los que se dan en algunas transacciones en un mercado que mantiene un considerable exceso de oferta. Distan mucho de ser precios de equilibrio, que seguro se encuentra a un nivel mucho más bajo. La valoración de los activos a precios de equilibrio podría poner en dificultades a algunas entidades, pero eliminaría incertidumbres, y a muchas otras entidades les permitiría obtener recursos para reducir endeudamiento y aumentar el crédito.

Por último, expresar algunas dudas sobre las últimas reformas anunciadas, no sobre su conveniencia sino sobre su implementación. Dudo que se mantenga la justificada eliminación de la cuota cameral y dudo de que por fin se reduzcan los trámites y plazos para crear empresas. Esto último se ha anunciado repetidas veces a lo largo de los años sin ninguna consecuencia, manifestación de la incapacidad reformadora del Gobierno (de éste, de los anteriores y de los próximos). En buena parte porque son las propias Administraciones públicas las que lideran el incumplimiento de leyes y normas.

Carlos Sebastián. Catedrátivo de fundamentos del análisis económico de la Universidad Complutense