La clamorosa ausencia de una política energética
El principal problema de la economía española no es tanto su deuda pública como su enorme deuda privada, acumulada en los 14 años anteriores de expansión económica y financiada en gran parte por inversores extranjeros. En medio de aquella alegría expansiva, las eléctricas y el entonces ministro de Economía, Rodrigo Rato, acordaron en 2003 la fórmula contable del déficit de tarifa para congelar el recibo de la luz hasta 2010 y regular una nueva deuda: el déficit tarifario del sector eléctrico. Con la espectacular subida del crudo que se produjo desde 2004 hasta 2008 y la crisis financiera a que dio lugar, aquella mala regulación ha convertido el déficit tarifario en un verdadero drama al confundirse con la deuda soberana y hacer casi imposible su colocación en los mercados. Es la última constatación de que la energía no ha tenido política.
Lo más consecuente en su momento -lo sigue siendo hoy- hubiera sido definir una estrategia energética a largo plazo, pero se optó por no ir al fondo de los problemas, reduciéndolos exclusivamente al coste de las renovables, aplicando parches que solo los han agravado, cambiando la norma todos los años y minando la confianza de los inversores. Se ha aplicado un doble discurso, de apoyo a las renovables fuera de España mientras a nivel interno se las ha culpado de todos los déficits de la economía. Y para que nada cambie, se decide incentivar el consumo de carbón, incrementar la cuota del gas natural en el balance eléctrico y reducir los objetivos de todas las tecnologías renovables. Ahora, los responsables se disponen a abandonar el barco y en el Ministerio de Economía suenan campanas de moratoria para las energías limpias, amenaza que culminaría el despropósito absoluto y clamoroso que constituye la ausencia de una estrategia energética a largo plazo.
Esa tergiversación de la realidad ha llegado hasta el punto de que las organizaciones de consumidores y hasta de economistas hayan coincidido en su rechazo a las renovables. No se trata del fin de un sueño, el de la economía sostenible, sino del éxito de la falta de transparencia de la política energética que prefiere dejar una herencia endemoniada. Se ha elegido lo más fácil a corto plazo, como es frenar las renovables, y lo más caro para el futuro, que es consumir más combustibles fósiles. ¿Pero a quién le importa lo que sea más caro después de 2012?
Las energías renovables no contribuyen al déficit público porque no se financian a través de los Presupuestos del Estado sino del recibo de la luz y el origen del déficit tarifario se produce en 2003, cuando las renovables son todavía insignificantes. Tampoco contribuyen a otros déficits de la economía ya que su aportación al producto interior bruto duplica el coste de las primas que reciben, es decir, que cada euro que los consumidores pagan por las renovables en el recibo de la luz genera un impacto de dos euros en la economía española. Y si aceptamos las previsiones que el Ministerio de Industria publicó el mes de abril pasado de un coste para las renovables de 126.000 millones de euros en los próximos 25 años, a 5.000 millones de media anual, y lo comparamos con el coste de las importaciones de gas y petróleo y de las emisiones de CO2, más de 42.000 millones en 2008, está claro que los combustibles fósiles cuestan 10 veces más. Sin embargo, la situación de incertidumbre permanente ha hecho que las grandes empresas españolas de renovables hayan reducido su valor en 2010 por más de 3.000 millones, mientras las petroleras han incrementado su beneficio en más de un 30% por las subidas del gas y del petróleo.
Las sucesivas modificaciones que se han hecho del mix energético para 2020 coinciden en rebajar los objetivos de renovables ya comunicados a la Comisión Europea, enviando señales contradictorias a los mercados y a la propia industria, actuando en realidad como medida eficaz para ralentizar el avance de España en la reducción de sus mayores costes energéticos, que son la mayor dependencia e intensidad energética y las emisiones de CO2. Por eso, cuando desde la patronal eléctrica, en su último informe de situación, se afirma que la mayor eficiencia energética traerá consigo mayores costes de energía, no cabe duda de que estamos ante otro problema de transparencia. El mismo que ha motivado que el Tribunal Supremo haya exigido a las eléctricas que informen de los contratos y precios de aprovisionamiento de gas que nadie conoce.
Igual que en el verano de 2004, hoy el petróleo vuelve a sus máximos valores. El presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, acaba de alertar en Madrid sobre los efectos que ya está provocando de más inflación, subidas de tipos y más dificultades para la financiación de la deuda. Cada subida de un 10% del petróleo representa 3 décimas menos de crecimiento económico y España es más vulnerable por su elevada dependencia energética. Hace seis años la política económica y energética ignoró la escalada de precios del petróleo; por eso ahora no se puede entender que ante la expectativa de una nueva crisis se mantenga una política tan interesada y miope.
Javier García Breva. Presidente de la Fundación Renovables