Buen momento para negociar el agua
El año pasado ha sido generoso en precipitaciones. Nuestros embalses y acuíferos almacenan reservas de agua muy importantes, como no se conocían desde hace mucho tiempo; en la cuenca del Segura, las reservas son incluso las mayores nunca registradas. Ahora que hay abundancia es el tiempo de negociar y alcanzar acuerdos políticos sobre un problema tan conflictivo en nuestro país como es el de los recursos hídricos; cuando vuelva la sequía será mucho más difícil, porque las necesidades inmediatas no facilitan un análisis sosegado de los problemas a mayor plazo.
Para negociar el agua se requiere una voluntad y una participación lo más amplias posible de los grupos políticos, en primer lugar para reconocer que la gestión del agua que se hace en España es bastante buena en algunos aspectos y deficiente en otros, como señalan las conclusiones del reciente informe del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos titulado Hacia una gestión sostenible del agua en España.
Según este estudio, entre los logros de nuestro país en temas de agua, el primero es que estamos siendo capaces de garantizar el suministro anual de más de 25 kilómetros cúbicos -sí, 25 gigantescos cubos de 1 kilómetro de lado cada uno- para nuestras ciudades, la agricultura, el turismo o la industria, gracias entre otras cosas al enorme esfuerzo que se ha hecho en modernizar infraestructuras de abastecimiento y regadío y ser más eficientes en el aprovechamiento del agua. La prevención de inundaciones -a pesar de los excesos urbanísticos- y la lucha contra la contaminación son también aspectos en los que hemos avanzado notablemente, y en desalación y reutilización es bien sabido que España se encuentra entre los primeros países.
Pero también hay cosas que hacemos mal. El informe señala que la más destacada es precisamente nuestra incapacidad para negociar y ponernos de acuerdo sobre las políticas del agua, y temas no faltan, desde luego. El coste anual de todos los servicios del agua que prestan las tres Administraciones -estatal, autonómicas y locales- se estima en unos 12.800 millones de euros, pero 3.000 de ellos están subvencionados y no se pagan por los usuarios, comprometiendo gravemente la sostenibilidad y calidad de esos servicios e incumpliendo la directiva marco europea del agua sobre recuperación de costes. Acabar con esta situación exige una nueva regulación económica del uso del agua, imposible de conseguir sin un acuerdo político y sin la convicción social de su necesidad.
La presencia cada vez mayor del agua en los nuevos estatutos de autonomía -algunos de ellos recurridos al Tribunal Constitucional por este motivo- no hace más que poner de manifiesto otro problema importante. Baste recordar que la Ley de Aguas data de 1985, y que, en lo esencial, no se ha adaptado desde entonces al desarrollo del Estado de las autonomías. Sigue pendiente una reforma de la ley que armonice la gestión integrada de las cuencas hidrográficas de competencia estatal con el ejercicio de las competencias autonómicas en esta materia, algo también imposible sin un acuerdo político que, además, incluyera en particular la gestión del trasvase Tajo-Segura.
Con la ayuda de los fondos europeos comunitarios, España se ha dotado de un gran patrimonio de infraestructuras hidráulicas, por lo que han de destinarse progresivamente más recursos a conservación y menos a inversión. Están pendientes todavía, no obstante, importantes programas de infraestructuras; ante la necesidad de contener el déficit público, hay que establecer prioridades en su ejecución, y exigir requisitos rigurosos de viabilidad económica, ambiental y social. Tampoco puede hacerse sin un acuerdo que rechace demandas injustificadas que no responden a verdaderas necesidades, sino más bien al deseo de ejecutar infraestructuras al precio que sea.
Todo esto debería ser objeto de un amplio acuerdo político que, repito, ahora se vería facilitado por la favorable coyuntura de las reservas almacenadas. Avanzaríamos así notablemente hacia lo que debe ser una gestión basada en criterios de eficiencia, y no en falsos conflictos que nos distraen del verdadero objetivo de la política hídrica: proteger los recursos hídricos y garantizar el suministro de unas necesidades de agua que sean sostenibles.
Adrián Baltanás. Director general de Asagua y miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos