La agenda reformadora y el calendario electoral
Las dudas que los mercados tienen sobre las posibilidades de repago de Irlanda, que registrará este año un déficit fiscal de no menos del 30% de su PIB para atender la inyección adicional de capital que precisaron los bancos en los últimos meses, han vuelto a meter a España en el torbellino del pesimismo. Las autoridades políticas, incluido el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, se han apresurado a advertir que la solvencia de buen pagador de España está garantizada y que carece de justificación toda desconfianza hacia las emisiones del Tesoro. Es cierto tomado de forma aislada, pero no lo es en un mercado global, en el que el dinero discrimina cada día y opta por las opciones más seguras.
Desde que en los primeros meses del año comenzó la presión orquestada de los inversores institucionales contra los déficits elevados en los países periféricos europeos hasta que el Gobierno anunció un severo recorte de gasto público, un calendario más o menos creíble de consolidación fiscal y un listado reconocible de reformas de mercados internos, la prima de riesgo de España no dejó de avanzar. Las medidas gubernamentales flexibilizaron la intensidad del acoso, y España comenzó a abrir distancias con otras economías más delicadas, como la irlandesa (donde el sistema financiero tiene un tamaño que septuplica su PIB) o la portuguesa.
En el bien entendido que la dificultad de España no está tanto en la acumulación de deuda (un 62% del PIB) como en las paupérrimas estimaciones de crecimiento de la economía, el mercado mira por encima de todo la intensidad y convicción de la agenda reformadora del Gobierno, aquella encargada de remover los obstáculos al crecimiento económico en un escenario de demanda privada muy tímida, obligada por la deuda exagerada de los agentes privados.
Y es precisamente ahí, en la agenda reformadora, donde siguen alojadas las principales dudas de los inversores, que observan cómo países con tasas de paro muy inferiores a la española se mueven, caso de Reino Unido, mientras que una tasa de desempleo del 20% y una economía plana no excitan los ánimos reformistas de las autoridades españolas. Tras un cambio limitado en la normativa laboral, que no ha dado hasta ahora ni un solo fruto medible, la flexibilización de los mecanismos de determinación de los salarios sigue planteándose, en el mejor de los casos, para dentro de seis meses.
Además, aunque se admite públicamente que una reforma rigurosa de las pensiones mejoraría notablemente la solvencia financiera de España ante los mercados mundiales, no hay fecha para tales cambios, y se sigue intentando un consenso político total que es importante, pero en modo alguno es imprescindible. El Gobierno y los partidos políticos comienzan a tentarse cada vez más la ropa antes de hablar de cambios radicales, o simplemente profundos, en determinados mercados por el endiablado calendario electoral que arrancó el viernes en Cataluña, y que no dará descanso durante los seis próximos trimestres. Es legítimo ambicionar la reelección, y legítimo es pretender llegar al poder cuando se está en la oposición. Pero desde luego es más perentorio atender las necesidades de la ciudadanía, que en este caso pasan por recomponer la confianza interna y externa para que la economía comience a devolver lo que ha arrebatado a todos los agentes económicos.
En muchos casos, un simple entendimiento político entre las dos grandes alternativas gubernamentales genera más sinergias que los contenidos mismos de su consenso. Pero si las resistencias para ellos son insalvables, y parece que lo son en materia energética, fiscal, educativa o de pensiones, es responsabilidad del Gobierno poner sobre la mesa sin más demora sus propuestas, dejando de lado los dichosos cálculos electorales. Cierto es que la demanda ajena, externa, tiene que dar un notable impulso a la economía española; pero España no puede encomendarse a ella como si no quedase otra alternativa. Hay que buscar una solución interna, movilizar la demanda doméstica si queremos que las tasas de desempleo vuelvan a la normalidad. Pero no se puede despreciar el papel que de nuevo tienen que jugar las inversiones extranjeras, que reclaman también una recomposición de una seguridad jurídica no del todo normalizada.