Cambio en el modelo de crecimiento
El Gobierno surgido de las elecciones de 1996 inició un proceso de cambio en la política económica que desembocó en el ingreso de España en la Unión Monetaria. En 1996 se inicia un comportamiento contractivo en las Administraciones públicas cuyo déficit se reduce del 7,3% en 1995 al 2,6% en 1997.
Los tres hechos más significativos de este periodo fueron la no disponibilidad en mayo de 1996 de créditos por un importe de 200.000 millones de pesetas, con objeto de restringir la capacidad de gasto derivada del Presupuesto prorrogado y adaptar la política presupuestaria a la senda de convergencia; el fuerte ajuste realizado en la elaboración del Presupuesto para 1997, cuyo gasto sólo creció el 1,7%, y la aprobación en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997 del cinturón de hierro normativo, con la finalidad de corregir las desviaciones que pudieran originarse tanto en los gastos como en los ingresos.
La independencia otorgada en 1994 al Banco de España y la realización de la política presupuestaria que acaba de ser descrita, permitió al Banco elaborar y ejecutar una política monetaria para controlar la inflación al nivel de convergencia. El índice de precios al consumo experimentó una desaceleración sustancial a lo largo de 1996; en diciembre de 1995 la tasa interanual era del 4,7%, mientras que a finales de 1997 había descendido al 2%.
La firmeza del Gobierno hizo posible el ingreso de España en la Unión Monetaria Europea. Esa misma firmeza es la que se espera del Gobierno para sacar a nuestra economía del estancamiento que se vislumbra para el futuro. Para el Banco de España el crecimiento de la economía española en el tercer trimestre de 2010 ha sido nulo; en términos anuales creció dos décimas. Para algunos, el resultado no es malo teniendo en cuenta el efecto sobre el consumo de la subida del IVA a primeros de julio y el final de las ayudas a la compra de automóviles. Para otros, tal hecho muestra la incertidumbre que existe sobre la economía española.
La crisis de nuestra economía puede prolongarse aún varios años, ya llevamos tres, si no conseguimos elevar nuestra competitividad. Pero esto no se consigue por decreto, sino elevando la productividad de los factores de producción. La educación juega un papel destacado en el aumento de la productividad del factor trabajo. Llevamos ya, desde la llegada de la Democracia cinco reformas educativas y la calidad de la enseñanza ha ido decreciendo como han puesto de manifiesto los sucesivos informes de la OCDE.
Se ha dicho que tal hecho es consecuencia de que España gasta poco en educación. Sin embargo, el porcentaje del citado gasto con relación al PIB ha ido subiendo y los resultados del proceso educativo se han ido deteriorando, lo que muestra que el proceso de producción del servicio público de educación no es eficiente.
La educación es un bien privado preferente, en el sentido de que no cumple las dos características de los bienes públicos puros que en la actualidad son suministrados total o principalmente por el sector público. La educación, la sanidad, las pensiones, el desempleo y la asistencia social constituyen casos típicos de grupos de bienes que forman la protección social.
La justificación para que la educación tenga que financiarse públicamente se encuentra en fallos del mercado, necesidad preferente, distribución de la renta y la integración social. Sin embargo, la justificación para que los bienes de la protección social tengan que financiarse públicamente, no quiere decir que tengan que ser producidos públicamente, debería serlo por el agente más eficiente: público o privado.
La introducción de la competencia en la producción de los bienes del servicio de educación podría permitir una reducción de sus costes y es posible que una mejora en su calidad.
Junto a la educación, otro factor que influye fuertemente en la productividad es la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Sobre ellos, España tiene que hacer esfuerzos para aumentar su provisión pública. Este mayor gasto tendría que ser financiado con baja en otras políticas para mantener el déficit en el nivel señalado por la Comisión Europea.
José Barea. Catedrático Emérito de la UAM