'Águila Roja' y 'Satur' asaltan a Zapatero y Trichet
La última cumbre europea (28-29 octubre) dejó una paradoja ideológica que, vista con más reposo, se rebela como un descarado asalto por parte de Alemania, con el resignado apoyo de Francia, a la capacidad de financiación de los países menos ricos de la zona euro.
Los conservadores Angela Merkel y Nicolas Sarkozy exigieron durante la cumbre que el sector privado asuma parte de la factura del rescate de un país de la zona euro para que los inversores en deuda pública no se lucren a costa del contribuyente europeo. La cruzada se topó con la resistencia de José Luis Rodríguez Zapatero y Jean-Claude Trichet, que quedaron como unos progresistas rendidos ante la fuerza del capital.
Pero la trama no es exactamente así. La águila roja alemana y su presunto escudero francés (el verdadero, ya sabemos, es alemán) no llegaron a Bruselas con fines altruistas, sino con el objetivo de garantizar que el mercado mantiene el diferencial de interés entre el bono alemán y el resto de deuda pública de la zona euro, en particular de Grecia, Irlanda, Portugal o España.
Quizá la mejor prueba de que a Merkel no le preocupa el dinero del contribuyente sea que sigue inyectando capital público en los bancos de su país que dilapidaron miles de millones en hipotecas subprime estadounidenses o en deuda pública griega, como le recordó el viernes el comisario de Competencia, Joaquín Almunia.
Pero Berlín está convencido de que la equiparación en el riesgo de todos los países del euro vivida durante la primera década de la Unión Monetaria es un error, porque relaja la disciplina fiscal, y además perjudica a la economía alemana, porque provoca la fuga de capital hacia burbujas meridionales de rápida rentabilidad.
Para evitar los dos males, nada mejor que alertar por adelantado a los inversores sobre el riesgo asociado a los bonos de esos países para que apliquen un recargo equivalente a la reducción en la retribución que podrían cosechar.
El presidente del Gobierno español y el del BCE se resistieron a esa penalización que, como ha recordado Francfort, ni siquiera el Fondo Monetario Internacional la impone por adelantado a sus posibles víctimas.
Para España, por supuesto, podría suponer un inmerecido castigo, porque podría asociar su riesgo al de países con mucho menos potencial económico. Al BCE podría obligarle a clasificar el colateral de los 16 países en función de su riesgo (en mayo, ya tuvo que suspender el criterio mínimo de calidad en el caso de Grecia, para poder seguir aceptando instrumentos de ese país). De ahí al resquebrajamiento de la Unión Monetaria quizá sólo faltara un paso.