La defensa de Roca pide la nulidad de todas las escuchas del 'caso Malaya'
La primera sesión del juicio por el caso Malaya se saldó con la petición de la defensa de Juan Antonio Roca, cerebro de la trama, de anular todas las escuchas telefónicas realizadas a su cliente en cuatro años y medio "por falta de motivación".
Ayer arrancó en la Ciudad de la Justicia de Málaga el juicio contra los 95 imputados por el "caso Malaya", el mayor caso de corrupción en un municipio español (Marbella). El descubrimiento de la trama de corrupción dirigida por Juan Antonio Roca provocó que la Junta de Andalucía tomara una decisión histórica: la disolución del consistorio en abril de 2006 y la constitución de una comisión que se encargó de la gestión del municipio hasta los siguientes comicios en 2007.
Desde primeras horas, la entrada de la Ciudad de la Justicia permaneció acordonada por la Policía Nacional para ordenar el revuelo organizado en torno al inicio del juicio, en el que estaban acreditados 300 periodistas y en la que intervenían casi un centenar de imputados con sus abogados. A lo largo de la mañana fueron entrando en las dependencias judiciales cada uno de los 95 imputados, excepto el tasador José Mora, que no compareció al encontrarse enfermo y hospitalizado, según precisaron ayer fuentes judiciales.
Y la primera en intervenir fue Rocío Amigo, letrada de Juan Antonio Roca, principal imputado y cerebro de la trama. Durante su exposición propuso la impugnación de todas las intervenciones telefónicas desarrolladas durante los cuatro años y medio de instrucción "por falta de motivación y falta de proporcionalidad". Asimismo, la defensa de Roca solicitó la suspensión de la vista por la ausencia de algunos expedientes urbanísticos, petición que fue denegada por el Tribunal. En su intervención, Amigo denunció a la Policía "por haber mentido en reiteradas ocasiones" y acusó al primer juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres, ahora destinado en Granada, "de no querer comprobar si lo que decían los policías era cierto o falso".
Marbella solicitará que se le reintegren los 4.000 millones que exige la Fiscalía
Por su parte, la defensa de los abogados del gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta- Soriano Pastor, a los que se acusa de crear el entramado societario que presuntamente permitió a Roca ocultar sus bienes, pidió la nulidad de las detenciones al considerar que el sumario "es fruto de la voluntad caprichosa" de un juez. Asimismo denunció la falta de 5.000 folios en el sumario y la existencia de irregularidades que podrían provocar "nulidades parciales". A la primera sesión del juicio también asistió el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Marbella, Félix Romero, quién se mostró optimista sobre la posibilidad de que todos los bienes que salieron de las arcas municipales "vuelvan al Consistorio y a ser disfrutados por los ciudadanos que fueron robados". Ese dinero, a su juicio, debe servir para restituir todos los servicios "que no pudimos dar como debíamos porque ese dinero faltaba".
El portavoz del PP considera que los 4.000 millones que solicita la Fiscalía en concepto de impagos a Hacienda y Seguridad Social a los acusados debería ir a las arcas municipales y no a las estatales. Para ello pidió el apoyo de la Junta de Andalucía, que está personada en la causa como acusación particular.
Los tres principales imputados
Juan Antonio Roca: asesor municipal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella, está considerado el verdadero cerebro de la trama. Ingresó en prisión incondicional el 31 de marzo de 2006 acusado de malversación de fondos públicos, cohecho y blanqueo de capitales. La Fiscalía Anticorrupción pide para él 30 años de prisión y 810,78 millones de euros de multa.Marisol Yagüe: alcaldesa de Marbella desde el 13 de agosto de 2003, tras presentar una moción de censura contra Julián Muñoz. Ingresó en prisión el 1 de abril de 2006 y salió en libertad bajo fianza el 13 de septiembre de 2006. La Fiscalía pide 20 años de prisión por malversación, fraude, alteración del precio en concurso y subasta, cohecho pasivo y cohecho pasivo continuado.Julián Muñoz: nombrado alcalde de Marbella en 2002, revalidó el puesto en las elecciones municipales de 2003, aunque un mes después fue relegado tras prosperar una moción de censura en el ayuntamiento marbellí. El ministerio público solicita para él 10 años de cárcel por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y cohecho pasivo.