El liderazgo empresarial en el sector eléctrico ante la crisis
En momentos de extraordinaria dificultad socioeconómica como la actual es cuando las sociedades deben demostrar su capacidad de dinamismo y adaptación y sus agentes sociales -fundamentalmente sus empresas- ejercer su liderazgo, es decir, demostrar su acreditada superioridad en sus ámbitos respectivos. El liderazgo corresponde, desde luego, a la clase dirigente en cuyas manos los electores han depositado los poderes ejecutivos y legislativos, pero también a sus mecanismos de creación de riqueza y de innovación que son sus empresas. De ahí que una de las condiciones esenciales para salir de la crisis consiste en aunar esfuerzos y establecer sinergias entre los responsables públicos y los agentes sociales. Son ellos, y especialmente las empresas, las que, en marcos idóneos para desenvolver sus actividades, han de apostar por la reactivación económica conforme a modelos de gestión avanzados que se anticipen a neutralizar los factores negativos y a extraer de la crisis el mayor número de oportunidades.
Grandes empresas españolas están acreditando que una correcta adaptación a los mercados en los años previos a la crisis les ha permitido mantenerse sólidamente en la recesión. El contexto de la crisis que vivimos viene definido por una disfuncionalidad de los mercados crediticios que ha provocado una recesión y ésta ha exigido el apoyo de políticas públicas de carácter fiscal y monetario a entidades financieras, lo que ha propiciado ya en 2010 un fuerte incremento de los déficits públicos y ha generado dudas en los mercados sobre la capacidad de pago. Esta situación parece requerir -y en esa línea se están reformulando las políticas económicas gubernamentales- un reequilibrio del patrón del consumo internacional; limitar el gasto público; profundizar en la reforma del sistema financiero y evitar nuevas burbujas provocadas por el exceso de liquidez.
En el caso español se contemplan factores adversos muy serios y que deben revertir con gran esfuerzo: la nuestra es la tercera economía más endeudada de Europa, tras Irlanda y Portugal, porque hemos vivido claramente por encima de nuestras posibilidades. Además, la crisis ha puesto de manifiesto que el modelo de crecimiento basado en la demanda interna se ha agotado, lo que en combinación con un peso exorbitante de la construcción y de la operaciones financieras especulativas, nos ha llevado a una situación difícil y comprometida. Valga como ejemplo el de que nuestro país ha retrocedido desde 2006 nada menos que 31 puestos en el ranking mundial de competitividad y 9 respecto de la Unión Europea de los 27, acusando también un descenso evidente de la productividad.
Desde mi punto de vista, la corrección de estas inercias tan negativas pasa por un ambicioso plan de reformas estructurales que contemplen aspectos esenciales de nuestro actual modelo económico. Como están haciendo todos los Gobiernos de la Unión Europea es preciso una racionalización drástica del gasto público mediante la optimización de las prestaciones sociales y la racionalización de las inversiones públicas en infraestructuras. Es necesario también revisar el modelo de nuestras Administraciones públicas, no solamente en cuanto a la eficacia de su funcionamiento, sino, igualmente, respecto de las duplicidades y solapamientos que se producen en un modelo tan complejo como es el autonómico. La flexibilización del mercado de trabajo -se acaba de aprobar una reforma laboral que, aún mejorando el marco anterior, requerirá de nuevas medidas en el futuro, con políticas de apoyo al empleo y la formación- para la creación de puestos de trabajo. Y en el ámbito energético -que es un sector estratégico y puntero en todas las economías- es necesaria la liberalización de su modelo y una definición del mismo que aporte seguridad jurídica, junto a una reforma de los organismos reguladores en general -no sólo en el caso de la CNE- que les dote de independencia.
Pero esas medidas no completarían la plataforma que requiere la superación de la crisis si de modo simultáneo no se ponen en práctica otras que fomenten el fortalecimiento y la competitividad del tejido industrial. Medidas que pasan por el favorecimiento de la internacionalización de nuestras empresas; la formación de grupos tractores de nuestra economía que sustituyan a los tradicionales y ya con menor capacidad de regeneración; políticas fiscales incentivadoras y que no provoquen disuasión como ahora ocurre; un apoyo claro y taxativo a la inversión en I+D+i y un fuerte impulso y reconocimiento a la acción de los emprendedores.
En este contexto el sector eléctrico español puede ser -y de hecho lo está siendo- un motor para la recuperación económica porque relanza las inversiones, porque propicia la internacionalización -y el caso de Iberdrola es particularmente expresivo en este sentido con su presencia en Estados Unidos y Gran Bretaña, además de otros países- y porque inyecta liquidez a los proveedores. El sector energético, además, puede contribuir al cambio de modelo económico porque la recuperación y la transformación van de la mano. El sector es esencial para definir y alcanzar los objetivos medioambientales nacionales e internacionales; está preparado para obtener con solvencia recursos financieros en mercados exteriores; crea empleo de alta cualificación técnica; potencia las inversiones en I+D+i; su presencia internacional le permite exportar tanto conocimientos como equipos y no se trata de un sector -aunque en España se haya creado una cultura en este sentido bien contraria a la internacional- que favorezca la especulación, sino que apuesta por la estabilidad y la sostenibilidad.
La definición de una política energética y una apuesta inversora en sus infraestructuras es una condición imprescindible para remontar la crisis actual y transformar el modelo económico español. Así se ha entendido en países como Alemania y Estados Unidos, por poner los ejemplos más significativos, y, aunque parece que nuestras autoridades comparten este diagnóstico, en España estamos rezagados y titubeantes. Un buen modelo energético que aporte seguridad jurídica requiere de normativas e inversiones cuyos objetivos sean la seguridad del suministro, la disminución de la dependencia exterior, la reducción de emisiones y la competitividad. Todo ello requiere inversiones en la generación tradicional y renovable, nuevas redes de transporte y distribución y más interconexiones que quiebren la actual isla energética nacional.
No sería excesivo calificar esta necesidad de definición de política energética como de Estado en la medida en que el marco normativo e inversor ha de ser estable y a largo plazo, y que dote de unas expectativas de rentabilidad razonables y predecible a las cuantiosísimas inversiones. En la actualidad atravesamos por una preocupante indefinición en la normativa que regula las energías renovables -siendo la eólica la más madura de todas ellas hasta el punto de incardinarse como prácticamente convencional-; igualmente se observan políticas proteccionistas, ciertamente anacrónicas, por ejemplo, el carbón nacional que puede colisionar con los mandatos de la Unión Europea; el debate sobre la energía nuclear sigue, aunque progresivamente en menor medida, contaminado por prejuicios ideológicos y la liberalización está aún lejos de ser una realidad en España. El déficit de tarifa -un problema real y no contable como pretende presentarse por algún sector- está en una fase paliativa mediante su próxima titulización, pero sigue generándose por el mantenimiento en ella de costes ajenos a la generación.
Iberdrola, a la cabeza del sector eléctrico español y en el grupo del liderazgo internacional energético, ha consumado en muy pocos años -menos de una década- una profundísima transformación de su estructura accionarial; ha profesionalizado por completo su gestión; ha progresado en un modelo de internacionalización singularísima en el mundo anglosajón; es líder mundial en energía eólica; ha logrado una reconocida solvencia que le permite absorber recursos en los mercados financieros para cumplir sus planes de inversiones y se ha expandido hacia ámbitos naturales de su núcleo de negocio, como la ingeniería, lo que le está permitiendo una acción empresarial integral, todo ello sostenido en fuertes inversiones en I+D+i. Además, es característica de Iberdrola su capacidad de compromiso con sus entornos territoriales en los niveles municipales, provinciales y autonómicos. Y obviamente, su compromiso con la marcha de la economía española es consustancial a su propia razón de ser.
Este liderazgo empresarial como el que desarrolla Iberdrola requiere también que, desde la experiencia que aporta la gestión de la compañía, se concurra a la formación de criterios y estados de opinión que favorezcan la transformación del modelo económico español como mejor instrumento de superación de la crisis. El liderazgo empresarial comporta, en consecuencia, no sólo progresar en la eficiencia de la gestión para servir mejor a los accionistas, mantener e incrementar el empleo y generar riqueza en la sociedad, sino también -a veces desde el acuerdo, a veces desde la discrepancia- señalar las carencias de las políticas públicas. Para superarlas, Iberdrola ha demostrado disponibilidad a la más amplia colaboración e interlocución; ha acreditado su firme compromiso con la economía nacional en el que se descarta, incluso por razones de ética empresarial, cualquier tipo de factor especulativo y ha acreditado que la emergencia de su carácter español en su ya amplio proceso de internacionalización es un activo intangible que sirve tanto a su liderazgo como al de nuestro país.
Ignacio Sánchez-Galán. Presidente de Iberdrola