Los municipios se ven abocados a financiarse con sus proveedores

La posibilidad de que los ayuntamientos menos endeudados puedan seguir solicitando créditos a largo en 2011 cogió ayer por sorpresa a la Federación Española de Municipios y Provincias por el escaso impacto que tendrá sobre las maltrechas cuentas locales. Las corporaciones admiten que con la pérdida de ingresos sufrida y la imposibilidad de acceso al crédito, "sólo nos queda financiarnos con el pago a proveedores".

El real decreto aprobado en mayo de medidas para contener el déficit no sólo contenía la prohibición a los ayuntamientos de seguir endeudándose a largo plazo hasta 2012 (después se suavizó permitiendo nuevos créditos este ejercicio). Incluía otra iniciativa que está siendo aún más nociva: a 31 de diciembre todas las pólizas de crédito a corto que tengan deberán estar canceladas.

El vicepresidente de la Comisión de Haciendas Locales de la FEMP, Juan Bravo, explica que esta circunstancia es la que está abocando a los municipios a financiarse retrasando el pago a sus proveedores. "Si no nos permiten seguir endeudándonos, tampoco nos aprueban operaciones de refinanciación y nuestros ingresos son cada vez menores, no nos queda más remedio que financiarnos con el pago de proveedores". Bravo añade que mientras en los municipios medianos y pequeños, los plazos de pago habituales son ya de dos años, con casos extremos de cinco y seis anualidades, en los grandes ayuntamientos también se han ido dilatando desde el verano de 2009, llegando ya a rebasar los seis meses en grandes urbes como Madrid.

Al aprobarse en el Congreso la nueva ley de morosidad, que reduce los plazos de pago a proveedores en la Administración a 30 días en 2013 también se incluyó en el texto de la norma la imposición al Gobierno de que articulara en un mes de plazo una línea ICO para que los ayuntamientos pudieran saldar sus cuentas antiguas con los proveedores. Pues bien, no sólo no se ha puesto en marcha esa financiación extra, sino que desde Economía siguen dando largas alegando que tienen que estudiar si tendría impacto sobre el déficit.

La 'hoja de ruta' para salvar las cuentas de las corporaciones

-Línea ICO Ayuntamientos. La FEMP recuerda a Economía el incumplimiento de una de las disposiciones de la ley de morosidad. La norma instaba a desarrollar una nueva línea ICO para que los municipios pudiesen hacer frente al pago de facturas retrasadas a proveedores. Los ayuntamientos reclaman que la financiación ascienda a 3.000 millones.-Devoluciones al Estado. En la reunión que celebrará la ejecutiva de la FEMP el 14 de septiembre se abordará también solicitar que las devoluciones al Estado que deben realizar los municipios en 2011 por el desfase habido en las entregas a cuenta se retrasen hasta que esté en vigor el nuevo sistema de financiación local (para el que no hay fecha). También reclaman que el plazo de devolución se amplíe de cinco a seis años.-Más capacidad fiscal. Los ayuntamientos exigen al Ministerio de Economía que se les permita tomar algunas decisiones fiscales, como actualizar las tarifas municipales del impuesto de actividades económicas (IAE), que llevan congeladas desde 1992. Madrid obtendría casi 60 millones adicionales por ese concepto.

Facturas pendientes por unos 4.000 millones

Que ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes (en España representan el 86% del total) estén pagando a sus proveedores en plazos que superan con creces los dos años no tiene tanta repercusión en las cuentas de las empresas de servicios como que una gran urbe, como Madrid, esté abonando ya sus facturas a más de seis meses. "Madrid gasta sólo en limpieza 350 millones al año. Se trata de cantidades lo suficientemente importantes como para que a las empresas a las que se les adeudan esos grandes contratos les suponga una cuestión vital poder cobrar cuanto antes", asegura el vicepresidente de la Comisión de Haciendas Locales de la FEMP, Juan Bravo. ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Las dificultades para acceder al crédito de las que tanto se lamentan las empresas privadas no han sido una excepción para las corporaciones locales. Si a eso se le suman los límites impuestos al nuevo endeudamiento o la obligación de cancelar a 31 de diciembre las pólizas a corto plazo, el resultado final es "que todo el dinero que entra en la caja, que cada vez es menos, en lugar de destinarlo a pagar a proveedores, debo dedicarlo a devolver los préstamos a los bancos. Hasta las propias entidades financieras se llevan las manos a la cabeza", sostiene Bravo.Los cálculos efectuados por la FEMP estiman que la deuda de los ayuntamientos con empresas proveedoras de servicios asciende a unos 3.000 millones, a los que se sumarían otros 1.000 millones que se adeudan por proyectos de inversión. No confundir con la deuda total bancaria que mantienen las corporaciones locales, que a marzo de este año superaba los 36.000 millones, según los últimos datos del Banco de España. "¿Hasta cuándo podrán mantener las empresas su actividad si hay ya algún gran grupo de servicios con deudas pendientes de cobro de 400 millones?", se preguntan en la FEMP.