Las finanzas de los entes locales

Salgado recula para evitar la asfixia de los ayuntamientos

La presión ejercida por destacados dirigentes socialistas que ven en peligro el poder local ante la cercanía de las elecciones de mayo ha hecho mella sobre el equipo económico del Gobierno, dispuesto a levantar la prohibición que opera para que los ayuntamientos puedan endeudarse a largo plazo en 2011. Aquellos municipios cuya deuda no supere el 75% de sus ingresos corrientes podrán acceder al crédito.

Salgado cree que no es necesario eliminar las cláusulas de revisión salarial
Salgado cree que no es necesario eliminar las cláusulas de revisión salarial

El anuncio lo hizo ayer en el Congreso la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, el mismo día en que el responsable de política territorial, Manuel Chaves, se reunía con la Federación Española de Municipios y Provincias para dar una solución a la asfixia de las finanzas locales. Dicha reunión vino precedida de numerosas presiones ejercidas por presidentes autonómicos socialistas y alcaldes sobre La Moncloa y el equipo económico del Gobierno para que rectificaran el decreto de mayo donde, en aras de la reducción del déficit público, se prohibió el recurso al crédito a largo plazo por parte de las corporaciones locales hasta diciembre de 2011. El presidente andaluz, José Antonio Griñán, es uno de los dirigentes socialistas que con mayor empuje ha apadrinado la revuelta contra Economía, según fuentes consultadas por este periódico.

El decreto que será rectificado en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2011 establece que las corporaciones locales y sus entidades dependientes no pueden acudir al crédito público o privado a largo plazo en cualquiera de sus modalidades para la financiación de sus inversiones. Según anunció ayer Elena Salgado, el Gobierno levantará la mano para permitir nuevas operaciones de endeudamiento por parte de aquellas corporaciones cuyo volumen total de deuda viva no supere el 75% de sus ingresos corrientes.

Según Economía, con ello se trataría de "conciliar los objetivos de consolidación fiscal y de reducción de la deuda de las administraciones públicas con el desarrollo de la actividad económica en el ámbito de las entidades locales".

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Reconocimiento de la improvisación

Salgado le hizo ayer a la diputada Uxue Barkos, autora de la interpelación sobre las finanzas locales, una confesión significativa. La vicepresidenta segunda le reconoció que en la redacción del decreto de mayo, el Gobierno obró con cierta improvisación y nerviosismo para responder a la tormenta bursátil. "Fueron decisiones que tuvimos que tomar en un plazo muy corto de tiempo, que era necesario que los mercados entendieran con toda nitidez, decisiones que no se podían dejar a la situación específica, particular, de cada uno de los más de 8.000 ayuntamientos que hay en nuestro país", señaló. Para el año próximo, abundó Salgado, el Gobierno introducirá alguna diferencia entre el nivel de endeudamiento que tienen los ayuntamientos, permitiendo que aquellos que tienen pendientes operaciones de amortización o los que estén en una situación más saneada, puedan acceder de nuevo al crédito. La casuística es dispar. Hay entidades locales mínimamente endeudadas y las hay también que superan el 100% respecto a sus ingresos.

Pese a todo, advirtió la vicepresidenta, "tenemos que seguir dando señales claras de que ese endeudamiento se va a reducir". En su opinión, si opera el límite del 75% de los ingresos corrientes, tendrán abierto el grifo del crédito las tres cuartas partes de las corporaciones locales. Los ayuntamientos más grandes, los más endeudados, saldrán perjudicados porque para ellos seguirá operando la prohibición establecida en el decreto de mayo.

Salgado intentó restar dramatismo a la situación de las finanzas municipales, a pesar de que la FEMP ha advertido de que si no se toman medidas es posible que a final de año un 30% de los municipios dejen de pagar sus nóminas. La situación se complica ante unos presupuestos claramente restrictivos en los que los ayuntamientos tendrán que encajar la caída de la recaudación por tributos propios y la reducción de las transferencias procedentes del Gobierno central. Según los cálculos de la vicepresidenta segunda, el año que viene los ingresos municipales crecerán, en todo caso, una media del 9%, hasta los 1.200 millones. Esta cifra lleva ya descontados los 300 millones que tendrán que abonar como consecuencia de los anticipos recibidos a cuenta con cargo al ejercicio de 2008, cuya liquidación fue negativa ya que el Ejecutivo previó una recaudación impositiva más alta de la que en realidad se produjo.

Apelación a la austeridad

Salgado compensó ayer en el Congreso esta cesión a las presiones recibidas con algunos pronunciamientos que considera inamovibles. Uno de ellos es que el Gobierno en ningún caso compensará a través de los Presupuestos estatales del año que viene la caída de ingresos que los ayuntamientos españoles están sufriendo como consecuencia del parón inmobiliario.

Salgado defendió ante otra interpelación de Convergència i Unió que "no es posible ni razonable" reflejar sobre las cuentas estatales el descenso de este tipo de ingresos y, desde esta premisa, emplazó a los ayuntamientos a adoptar "políticas de austeridad" ya que la reducción del déficit público, advirtió, "debe ser tarea conjunta de todas las administraciones".

Pese a las demandas del PP, CiU y otros grupos del arco parlamentario, la negativa del Ejecutivo central a abrir una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que los ayuntamientos en peor situación puedan afrontar los pagos a sus proveedores sigue vigente. Salgado justificó así esta resistencia: "Los préstamos sin garantía de cobro asociada exigen una provisión automática en los Presupuestos y esto computa en el déficit. Si hacemos esto, el déficit aumentaría en tres décimas de PIB y ello sería perjudicial para los intereses de España".

Medidas insuficientes que dejan fuera a 16 grandes capitales

La respuesta de la FEMP al anuncio efectuado ayer por Hacienda de permitir seguir endeudándose a los ayuntamientos cuyo saldo vivo de deuda no supere el 75% de sus ingresos corrientes fue bastante tibia. El presidente de este organismo, el socialista Pedro Castro, dijo que esa solución, unida al aumento del 9% en las entregas a cuenta correspondientes a 2011 "dará un respiro" a los municipios. Sin embargo, fuera de los micrófonos, el también alcalde de la localidad madrileña de Getafe admitió visiblemente contrariado que estas medidas son insuficientes y no contribuyen en nada a paliar la grave situación financiera de las corporaciones locales. Según los cálculos efectuados por la FEMP con los datos de la liquidación de 2008, un total de 17 capitales de provincia no podrían seguir apelando al crédito. Se trata de Teruel, Madrid, Málaga, Córdoba, Zaragoza, Jaén, Valencia, Salamanca, Ávila, Tarragona, Lleida, Cuenca, Santander, Huelva, Cádiz, Castellón y Sevilla. Con los datos de 2009, se salvaría Sevilla. Ceuta y Melilla se mantienen al margen de estos cálculos.

Las mismas fuentes explicaron que vincular la deuda viva total con los ingresos corrientes de un ejercicio es un indicador ilógico porque la deuda normalmente no se amortiza en un solo año. "Es como si a una familia con unos ingresos de 50.000 euros anuales se les impidiera endeudarse por 200.000, ya que aplicando la misma fórmula, equivaldría a un ratio del 400%". Sería más lógico comparar la carga financiera (pagos por amortizaciones más intereses) con los ingresos", añaden estas fuentes. Por su parte, el portavoz del PP en la FEMP, Fernando Martínez Maillo, explicó que aumentar las entregas a cuenta en los ingresos del Estado es "colocar una tirita en una herida gangrenada". El representante de los populares señaló que, en realidad, la cantidad a recibir apenas será 197 millones mayor, ya que en 2011 los ayuntamientos no dispondrán, como este año, de los 1.000 millones para gasto corriente procedentes de los 5.000 millones del Fondo de Sostenibilidad Local. También recordó que los municipios tendrán que empezar a devolver las liquidaciones de 2008, estimadas en 1.500 millones. Por ese concepto tendrán que abonar en 2011 un total de 303 millones. Así, a los 1.500 millones adicionales de entregas a cuenta anunciados ayer habrá que restarle esos 303 millones y los 1.000 del Fondo Local. Conclusión, apenas 197 millones más. "No hay motivo para la satisfacción", dijo Maillo.

La cifra

75% es el umbral de endeudamiento sobre los ingresos corrientes que operará para que los ayuntamientos puedan comprometerse con nuevas operaciones de crédito.