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La presión de los grandes accionistas fuerza la salida

Vodafone abre la búsqueda para reemplazar a su presidente

Vodafone ha iniciado la búsqueda de un nuevo presidente para sustituir a John Bond, que prepara su dimisión, según aseguraba ayer el diario británico Financial Times. Según el rotativo, el operador de móvil de Reino Unido pretende nombrar al sucesor del actual presidente para la próxima junta de accionistas de la empresa. Vittorio Colao, nombrado consejero delegado de Vodafone hace poco más de dos años, se mantendría en su puesto de primer ejecutivo.

Según la información, la inminente salida de Bond se produce después de que un gran accionista, el fondo de pensiones Ontario Teacher, intentara forzar su dimisión en la última junta de accionistas, celebrada el pasado mes de julio. El fondo no lo consiguió y, según el Financial Times, la búsqueda de un nuevo presidente es anterior a esa junta, pero la oposición de la gestora a la labor de Bond ha acelerado el proceso, según fuentes conocedoras de la situación.

Bond se incorporó a Vodafone como consejero no ejecutivo en 2005, procedente de HSBC, banco del que fue máximo directivo, y se convirtió en presidente de la operadora en 2006. En principio, el alto cargo había expresado su deseo de permanecer en la compañía durante seis años, según las mismas fuentes.

Vodafone rehusó hacer comentarios sobre la posición de Bond como presidente. Financial Times recuerda que Bond ya había anunciado en la pasada reunión anual del grupo celebrada en julio que había planes de sucesión para todos los miembros de la junta, incluido él mismo.

Las razones del disgusto del fondo Ontario Teacher se basan en la "desastrosa" política de adquisiciones de Vodafone y en lo que consideran una "debilidad estratégica". Y eso que Bond fue capaz durante varios años de aplacar la furia de los inversores contra las compras realizadas por Arun Sarin, el anterior consejero delegado de Vodafone. Sin embargo, en el último año las relaciones con los grandes accionistas se han deteriorado, sobre todo por lo que los inversores consideran una mala gestión de las participaciones minoritarias.

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