La auditoría de las empresas en crisis
La delicada situación económica por la que estamos atravesando ha tenido un impacto importante en todos los ámbitos de la economía española, consecuencias que han sido objeto de un análisis detallado en varios foros. Sin embargo, no se ha dedicado tanto tiempo a analizar en qué medida ha afectado a la información que las compañías ofrecen a sus diferentes grupos de interés, y en especial la que tiene reflejo en las conclusiones de los informes de auditoría y el papel que deben realizar los auditores.
Antes de nada debemos explicar que desde un punto de vista estrictamente de normativa contable, el impacto de la crisis debería ser neutro, dado que las normas contables se redactan para reflejar los hechos económicos de las entidades independientemente de los ciclos económicos. Como es bien sabido, las empresas españolas desde el ejercicio 2008 se rigen por el Nuevo Plan General Contable que adapta bastantes de los principios contables a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta última normativa se aplica desde el año 2005 a aquellas entidades que consolidan sus estados financieros y que cotizan en mercados organizados. La normativa NIIF está en evolución y por tanto se van produciendo nuevos pronunciamientos donde, lógicamente, la coyuntura actual influye.
Sin embargo, más allá de esta realidad, es innegable que la crisis ha tenido un impacto en el negocio de todas las empresas, y por tanto en la información que trasladan al mercado. En líneas generales, aunque con notables excepciones, la situación se ha traducido en una disminución de ingresos, en una lógica reducción de los márgenes y del beneficio, y en un empeoramiento de la solvencia y la liquidez de las empresas. Mención aparte merece el sector financiero donde en un futuro próximo asistiremos a mayores requerimientos de capital y liquidez.
Frente a esta situación, las empresas han optado por una estrategia de ahorro de costes o por buscar alternativas de ingresos, fuentes de financiación alternativas o desarrollando nuevos mercados o productos. Y todo ello, como es natural, ha tenido su reflejo en los estados financieros de las empresas y en la información que maneja el auditor.
Los requerimientos de información, que son algo más estrictos en las empresas cotizadas que en no cotizadas, han adquirido mayor relevancia para los distintos grupos de interés o stakeholders, a la hora de realizar su análisis de inversión, financiación, etc.
Es lógico que las grandes empresas, que suelen contar con una política de transparencia muy desarrollada, se encuentren constantemente sometidas al escrutinio de los mercados, especialmente sensibles a cualquier dato relacionado con la cuenta de resultados, su solvencia y la capacidad de pagos. Esta circunstancia, junto al propio contexto de incertidumbre de la crisis, se traduce en un aumento considerable de la demanda de una información cada vez más detallada, clara y sobre todo de utilidad para la toma de decisiones.
Es decir, se ha solicitado más y mejor información, lo que por supuesto ha provocado un aumento de la exigencia y de la carga de trabajo tanto para las propias empresas como para sus auditores. Una situación ante la que ha sido clave el muy apreciable aumento del nivel de formación técnica de la propia gerencia de las compañías, que ha ayudado de forma importante a dar respuesta al aumento de calidad que ha demandado el mercado.
Si, como comentábamos, gracias a la transparencia en la información financiera que se somete a los mercados se consigue generar confianza a los distintos stakeholders, es obvio que obtendremos una ventaja competitiva en nuestras necesidades de financiación. Y los auditores pueden y deben ayudar a generar esta confianza.
Por ello, los auditores deben estar muy atentos a los nuevos riesgos que han aparecido como consecuencia de la coyuntura actual, y por tanto, se han rediseñado las pruebas de auditoría para adaptarlas a los riesgos actuales. En este contexto, tiene gran relevancia la valoración de los activos, que incluyen posibles deterioros de los fondos de comercio adquiridos, las cuentas a cobrar, los activos tangibles no necesarios para el negocio, pero también la adecuada clasificación de activos, pasivos e ingresos y gastos, y sobre todo, la liquidez y la solvencia de los negocios.
De forma adicional, hay un principio contable que sí ha ganado protagonismo: el principio de empresa en funcionamiento, que presume la continuidad de la marcha de la empresa en un futuro previsible, y a la que el auditor en la actualidad, debe dedicarle más tiempo a su análisis.
Todo esto nos da muestras del papel clave que juega el auditor, que debe asesorar a las empresas en el mejor tratamiento de la información financiera, asistir a los directivos y consejeros para detectar y solucionar a tiempo cualquier problema de índole contable y mitigar su impacto en las cuentas anuales, y por último pero no menos importante, ayudar a sus clientes a generar la confianza necesaria a los distintos stakeholders.
Manel Valls. Socio responsable de auditoría de PwC