El inevitable retraso de la jubilación
Una amplia mayoría (65%) de los trabajadores en edad cercana a la jubilación, entre 55 y 64 años, es partidaria de que se pueda seguir trabajando -si se desea- más allá de los 65 años, la edad actual del retiro. Además, seis de cada diez mayores de 65 años afirman tener buena salud e, igualmente, una mayoría entiende que hasta pasados los 70 años no se puede considerar como mayor a una persona. Esta es una muestra de las conclusiones de la Encuesta de Mayores 2010, elaborado por el Imserso, presentada ayer. Lástima que el Ministerio de Trabajo, del que depende el Imserso, no aporte información de cuántos de estos trabajadores a punto de jubilarse quieren continuar en su empleo. Lo único que detecta es que son partidarios de disponer de la posibilidad de elegir. Una potestad, por cierto, amparada ya actualmente en la ley, aunque con escaso seguimiento.
Pero al margen de estas deficiencias informativas, la encuesta ofrece unos argumentos que cargan de razón al Gobierno cuando plantea que las condiciones de vida han mejorado ostensiblemente en las últimas décadas y permiten defender que la jubilación a los 65 años parece prematura. De hecho, la mayoría de los países han aprobado ya elevar la edad del abandono laboral más allá de los 65 años.
Es evidente que la motivación principal de todas estas reformas es económica, pues las arcas públicas cada vez soportan peor el envejecimiento de la población y, por tanto, el encarecimiento de la nómina de los pensionistas. Sin embargo, también es cierto que socialmente está aceptado que la gran mayoría llega a los 65 años en buen estado de salud y, por tanto, con capacidad tanto física como intelectual para continuar en muchas ocupaciones. La encuesta lo apunta nítidamente, pues es frecuente que los jubilados se busquen variedad de actividades (no solamente lúdicas) para mantenerse activos.
Aumentar, pues, la edad de jubilación está justificado, y no sólo por razones económicas. Por tanto, el Gobierno debería acelerar las reformas planteadas en el Pacto de Toledo y la oposición demostrar suficiente responsabilidad para contribuir a establecer las bases del sistema público de pensiones de los próximos 30 años. Indudablemente, la reforma tiene un claro coste político, y posiblemente electoral, pues una mayoría se muestra contraria a un inevitable endurecimiento del acceso a las prestaciones, tanto en edad como en cotizaciones y en retorno, especialmente para los trabajadores más jóvenes.
Sin embargo, la cuestión no es si los españoles están dispuestos a jubilarse dos años más tarde, sino si aceptan correr el riesgo de que cuando les llegue la edad del retiro, el sistema no esté lo suficientemente saneado como para abonarles mes a mes su pensión. Esa es la pregunta que los políticos deben saber transmitir a la ciudadanía.