La 'acción de oro' sale rentable
Uno de los argumentos recurrentes de la Comisión Europea (CE) en su larga batalla contra las acciones de oro ha sido que el derecho de veto del Estado sobre las decisiones de un consejo de administración puede "privar a las compañías de importantes fuentes de financiación" (Comisión Europea, 2005).
Pero Portugal ha demostrado que el ejercicio de ese privilegio, aunque sea ilegal, puede reportar beneficios contantes y sonantes. Y lo que es más sorprendente aún: su prueba empírica sobre los beneficios de infringir la ley sólo han merecido una silenciosa e indiferente mirada por parte de la Comisión.
"Valió la pena", cantó ayer victoria el presidente del Gobierno portugués, José Sócrates, después de que Telefónica mejorase su oferta por Vivo, la operadora de móvil brasileña propiedad de la española y de Portugal Telecom (PT).
El gesto de Sócrates, probablemente, buscaba más rentabilidad populista que financiera. Y su supuesto logro de mantener la presencia de PT en Brasil a través de una nueva inversión en Oi, rival de Vivo en telefonía móvil, está rodeada de incertidumbre.
Aún así, el precedente sentado por el Gobierno portugués, que ha permitido a los accionistas de PT arrancar casi 1.000 millones de euros más a Telefónica, puede animar a otras capitales a intentar presionar a los inversores interesados en sus compañías.
El último inventario de la CE sobre derechos especiales, en 2004, encontró que 141 compañías privadas europeas estaban sujetas a algún tipo de control público. Algunos de esos derechos se han extinguido o han sido abolidos por los jueces. Pero muchos otros siguen en vigor y otros nuevos aparecen, de vez en cuando, en algún país.
Lisboa, sin ir más lejos, mantiene su acción de oro, además de en PT, sobre la petrolera Galp y la eléctrica y gasística Energias de Portugal, dos empresas potencialmente atractivas para sus rivales españolas.
En 2005, Polonia aprobó una ley que otorga al Estado derechos especiales en las empresas de 13 sectores calificados como estratégicos, desde el minero al energético o el audiovisual.
Y Alemania todavía no ha acatado la sentencia del Tribunal europeo que declaró ilegales algunos de sus poderes sobre Volkswagen.
La tentación de utilizar esos privilegios será mayor a partir de ahora tras la impunidad de Lisboa en el caso PT y el ominoso silencio del comisario europeo de Mercado Interior, Michael Barnier, ante una flagrante violación del derecho a la libre circulación de capitales.
Barnier se escondió primero tras el pleito planteado por su predecesor, Charlie McCreevy, contra la acción de oro de Lisboa en PT. El Tribunal debía resolver el caso, previsiblemente en contra de Portugal, sólo ocho días después de que Sócrates vetase la oferta de Telefónica por Vivo.
Bruselas aprovechó esa proximidad como coartada para no tomar partido en un conflicto incómodo para el presidente de la CE, el portugués José Manuel Barroso, y que afectaba a la empresa de un país, España, que había soliviantado a la CE al impedir la oferta de Eon por Endesa.
Tras el veredicto judicial, que efectivamente condenó la existencia de la acción de oro en PT, la Comisión siguió sin intervenir para revocar el veto de Lisboa.
Fuentes comunitarias justifican esa pasividad con el argumento de que una actitud más beligerante podría haber enconado a la opinión pública portuguesa, forzando a Sócrates a atrincherarse en una posición numantina.
La propia Telefónica tampoco ha buscado públicamente el apoyo de la CE y ha preferido librar por su cuenta la batalla. Y, al final, la operadora española y PT han podido salvar la operación. Pero, en adelante, Bruselas difícilmente podrá atacar la acción de oro invocando su supuesta falta de rentabilidad.