La colaboración público-privada en tiempos de crisis
Bajo la denominación de colaboración público-privada se alude a una serie de fórmulas muy heterogéneas pero que tienen en común la entrada del capital privado en la construcción de infraestructuras públicas. Los modelos más utilizados en nuestro país se articulan, jurídicamente, a través del contrato de concesión de obra pública, por el que el operador privado construye y financia la infraestructura, otorgándole luego su explotación, mediante el cobro de una tarifa a la Administración en función de su frecuentación -el denominado peaje sombra- o de un peaje a los usuarios.
Estos nuevos sistemas para la provisión de infraestructuras y servicios públicos presentan ventajas para todos los sujetos implicados, que se resaltan en tiempos de crisis. Desde el punto de vista de la Administración, en los casos de peaje sombra se consigue adelantar la construcción de la obra, difiriendo su pago durante todo el plazo de concesión a través de un canon anual. Por tanto, el impacto de la obra en los Presupuestos, en términos de déficit, se produce muchos años después de su puesta en servicio. Un buen ejemplo es el Plan Extraordinario de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, que prevé un impulso a la construcción de vías de ferrocarril, pero cuyo coste será asumido a partir de 2013, fecha límite para la vuelta de nuestro país a la disciplina presupuestaria impuesta por la UE. En los casos de peajes tradicionales, no se produce ya un aplazamiento en el pago de la obra, sino que éste es asumido por los usuarios, sin impacto alguno en las cuentas públicas.
Por tanto, estos sistemas son, en tiempos de crisis como los actuales, los únicos que permiten la cuadratura del círculo: mantenimiento de los estímulos a la economía mediante la licitación de obra pública, pero respetando las restricciones presupuestarias, sin incremento del déficit público.
Las ventajas para los socios privados son más que evidentes. Así, les permite seguir teniendo ocupación en la construcción de obra pública, una vez que la demanda de obra privada ha caído hasta cifras desconocidas. A su vez, ello permite la consecución de objetivos públicos, especialmente el mantenimiento de empleo.
En una situación como la actual los Gobiernos deben desprenderse de prejuicios ideológicos, confiando en el sector privado como un actor que puede y debe contribuir a salir de la situación de crisis económica. Eso sí, no cabe obviar que estas nuevas fórmulas de financiación suponen un mayor coste de las obras públicas ejecutadas, motivado por la carga financiera que llevan aparejadas. Por ello, la entrada del sector privado debe ir acompañada de un correcto diseño de los contratos, de manera que el empresario asuma los riegos de construcción y explotación de la obra. Asimismo, se les debe exigir que sean eficientes en la ejecución de tales contratos, consiguiendo un mayor valor por cada unidad monetaria gastada (value for money).
Dándose los condicionantes anteriores, todavía queda un serio problema que resolver para que el sistema funcione adecuadamente. Este no es otro que el acceso al crédito por parte de los empresarios que deben construir y financiar las infraestructuras. En este punto es determinante la intervención del sector público, ya que la emisión de valores negociables o la hipoteca de la concesión pueden no ser medios suficientes para el acceso al crédito. Por ello, la garantía del Estado (avales o préstamos participativos) es un elemento esencial. En este sentido, el proyecto de Ley de Financiación de los Concesionarios va en el buen camino, reforzando estas garantías crediticias. Igualmente, ha de aplaudirse la futura creación, por obra de la Ley de Economía Sostenible, de la denominada colaboración institucionalizada, que pasa por la creación de sociedades mixtas entre el ente público adjudicador y los operadores privados seleccionados.
En definitiva, nos encontramos ante un sector de futuro, que puede contribuir a mantener los estímulos públicos a la economía, así como a seguir dotándonos de infraestructuras de calidad, esenciales para nuestra competitividad. A partir de aquí sólo hace falta una apuesta por estos modelos, especialmente en cuanto a su financiación, exigiendo simultáneamente a los socios privados un alto grado de eficiencia.
Queda por resolver el problema del acceso al crédito por parte de los empre-sarios que deben construir las infraes-tructuras"
Javier Martín Fernández. Socio director de F&J Martín Abogados. Profesor titular de Derecho tributario de la universidad complutense