Los colegios se movilizan para apoyar al abogado de empresa
Madrid se une a Barcelona y crea una comisión que defiende el secreto profesional
La abogacía europea -en especial, la abogacía de empresa- espera expectante desde hace meses que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se pronuncie sobre el caso Akzo Nobel Chemical. Un proceso de competencia que ha puesto sobre la mesa una cuestión cuya respuesta puede cambiar completamente las relaciones de los abogados internos europeos con sus compañías en el marco de los procesos comunitarios: ¿tiene el abogado de empresa -como el resto de sus compañeros de profesión- derecho a ampararse en el secreto profesional ante las peticiones de información de autoridades comunitarias?
A la espera de que se falle la sentencia y ante el temor de que ese fallo sea contrario a la postura del colectivo, organizaciones corporativas y colegiales de toda Europa han comenzado a movilizarse para defender su posición en Luxemburgo. Frente a la abogada general del tribunal, Juliane Kokott, que en su dictamen aboga por restringir este derecho, instituciones como el Consejo General de la Abogacía Europea (CCBE) y el Colegio de Abogados de Holanda, asociaciones de abogados de empresa como ACC Europe, ECLA y los Gobiernos de Irlanda, Holanda y Reino Unido apoyan el deber de confidencialidad de los letrados internos hacia sus empresas. También en España los colegios profesionales han comenzado a organizarse para actuar corporativamente en este asunto. El colegio de Madrid presentó el martes una comisión de abogados de empresa, que cuenta entre sus objetivos con la defensa del secreto profesional de estos letrados, además de integrar de un modo más activo al colectivo en la vida colegial.
Durante la presentación, en la cual intervinieron José María Alonso, que preside la comisión, y la abogada de IBM, Paloma Valor, se defendió que es "esencial para los abogados de empresa la tutela diferenciada del secreto profesional y de la confidencialidad de sus comunicaciones".
La abogacía europea está pendiente de que el Tribunal de la UE se pronuncie
"El tema del secreto profesional nos preocupa mucho, porque hay algunas tendencias contrarias a él. Nuestra postura es que en tanto el abogado de empresa actúe como tal en su relación con su empresa, sus derechos y deberes son los mismos de los que cualquier otro letrado", apunta Alonso.
El presidente de la comisión, que en septiembre podrá en marcha un grupo de trabajo integrado por abogados de empresa, considera importante que los colegios profesionales puedan actuar de forma unitaria en esta cuestión, mediante "actuaciones mediáticas, impulso de reformas legislativas y defensa de los abogados cuyo derecho al secreto profesional pueda verse perjudicado".
En la misma línea se manifiesta Enrique Zapata, presidente de la comisión de abogados de empresa del colegio de abogados de Barcelona, creada en 2009 y que cuenta con 175 profesionales que participan a título personal. "La ponente del tribunal de la UE parece no saber lo que es el trabajo del abogado de empresa", señala Zapata, tras puntualizar que el deber de confidencialidad se refiere al abogado que actúa "en calidad de tal" respecto a su cliente, la empresa y no en otra posición, como es el caso del letrado que actúe como ejecutivo de la compañía.
Adaptar el código deontológico
Entre las actuaciones que podrían abordarse para defender el derecho al secreto profesional del abogado corporativo, figura la posibilidad de reforzar esta prerrogativa a través de las normas deontológicas que rigen la abogacía española. "El estatuto de la abogacía contempla el secreto profesional, pero es cierto que a través del trabajo de las comisiones de abogados de empresa esa mención podría ajustarse más y realizar adaptaciones en el código deontológico", explica Enrique Zapata, presidente de la comisión de abogados de empresa del colegio de abogados de Barcelona, que trabaja en un grupo de recomendaciones sobre el tema. "La patente en la independencia en el asesoramiento jurídico no la tienen solo los abogados externos por mucho que exista un salario en el caso de los internos", recuerda Zapata, asesor jurídico de una empresa del sector de telecomunicaciones.