La batalla por el control de Vivo

El Tribunal de la UE anula la acción de oro de Lisboa en Portugal Telecom

La máxima instancia judicial de la Unión Europea declaró ayer ilegal la acción de oro que el Estado portugués detenta desde hace 15 años en Portugal Telecom. La sentencia acorrala judicialmente al Gobierno de José Sócrates, ocho días después de que esgrimiera ese privilegio para vetar la oferta de Telefónica por Vivo.

El Tribunal de la UE anula la acción de oro de Lisboa en Portugal Telecom
El Tribunal de la UE anula la acción de oro de Lisboa en Portugal Telecom

Los jueces comunitarios no han dejado ni un resquicio al Gobierno de Sócrates para poder justificar legalmente la supervivencia del derecho de veto que el Estado portugués se arroga en la gestión del antiguo monopolio telefónico portugués.

En una sentencia breve (11 páginas) pero contundente, la sala primera del Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, declaró ayer que Portugal "ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 56 del Tratado de la UE, relativo a la libre circulación de capitales al mantener en Portugal Telecom derechos especiales (..) atribuidos en relación con acciones privilegiadas o golden shares".

El veredicto es inapelable. Y, en teoría, Lisboa debe acatarlo lo antes posible, como recordó ayer la Comisión Europea, que presentó la demanda contra la acción de oro portuguesa en 2008.

La resolución a la batalla legal podría tardar varios años en producirse

En la práctica, sin embargo, los Estados suelen tardar varios meses, como mínimo, en adoptar las modificaciones legales requeridas por el Tribunal. Y a menudo, cuando se trata de un fallo tan incómodo políticamente como este, recurren al filibusterismo más o menos descarado para retrasar durante años el cumplimiento completo de la sentencia.

Por desgracia para Telefónica, que la semana pasada sufrió el ejercicio de la acción de oro por parte del gobierno portugués, Lisboa parece apuntarse a la vía del obstruccionismo.

Ayer mismo, tras un consejo de ministros, el ministro portugués de Presidencia, Pedro Silva Pereira, advirtió que el Gobierno luso está en "desacuerdo" con la interpretación jurídica del Tribunal de la UE. Y que en el cumplimiento de la sentencia procurará "respetar el derecho comunitario y la defensa de los intereses nacionales".

Si Portugal cumple su amenaza de intentar compaginar ambos extremos, parece inevitable un enfrentamiento entre Lisboa y Bruselas que podría acabar de nuevo ante la Corte de Luxemburgo. Y aunque a largo plazo la batalla parece legal parece perdida para Portugal, la resolución definitiva del caso podría tardar varios años en producirse y, con toda probabilidad, ya no tendría ningún impacto real en la batalla por Vivo, la operadora brasileña de telefonía móvil controlada por PT y Telefónica.

Indefendible

La sentencia de ayer ya deja claro que los jueces comunitarios no aceptan ninguno de los argumentos invocados por los abogados de Portugal para defender la acción de oro en PT.

El Tribunal desmonta en primer lugar la tesis portuguesa sobre el carácter privado y voluntario de la decisión de PT de conceder derechos especiales a las 500 acciones de oro del Estado en la compañía. Los jueces reconocen que la ley portuguesa de privatización se limita a admitir la posible existencia de golden shares, pero que en el caso concreto de PT esos derechos especiales fueron aprobados en los estatutos de la compañía. Aún así, el Tribunal recuerda que en el momento de aprobar esos estatutos, el Estado portugués poseía una participación mayoritaria en la operadora, por lo que cabe considerarle responsable de la introducción de la acción de oro.

El resto de la sentencia sigue la jurisprudencia cada vez más consolidada de no aceptar más que en casos muy excepcionales la atribución al Estado de un derecho especial en una compañía privada. Los jueces desestiman los motivos de seguridad o interés público esgrimidos por Lisboa para justificar su acción de oro sobre la operadora dominante en el mercado de telecomunicaciones portugués.

Bruselas mantiene su perfil bajo en el conflicto

La Comisión Europea mantuvo ayer el perfil bajo que ha adoptado desde que el pasado 30 de junio el Gobierno portugués vetó la oferta de Telefónica por Vivo. Aquel día el organismo presidido por José Manuel Barroso se limitó a "tomar nota" de la utilización, por primera vez en la historia de la UE, de la llamada acción de oro. Y se remitió a la denuncia presentada dos años antes ante el Tribunal de la UE contra la acción de oro de Portugal Telecom. Ayer, conocida la sentencia sobre ese expediente, la CE ni siquiera dio la "bienvenida" al veredicto, como suele hacer cada vez que gana un juicio en Luxemburgo.

Barroso, a preguntas de los periodistas durante una comparecencia junto al nuevo presidente de Alemania, tan solo señaló que la sentencia "confirma" la posición de la CE contra las golden share. Y su portavoz oficial añadió después: "Confiamos en que el Gobierno portugués tome las medidas necesarias para cumplir plenamente la sentencia lo más rápidamente posible". El departamento de Mercado Interior, del comisario Michael Barnier, responsable en la materia, ni siquiera se pronunció oficialmente.

Fuentes familiarizadas con el expediente en Bruselas atribuyen la frialdad de la Comisión a su aparente voluntad de facilitar una salida dialogada al creciente conflicto entre la compañía de César Alierta y el Gobierno de José Sócrates.

La Comisión Europea parece consciente, además, de que una actitud más beligerante serviría de poco para obligar a Lisboa a respetar la voluntad de los accionistas de Portugal Telecom, que aprobaron de manera abrumadora la oferta de Telefónica por Vivo.

"Hay que recordar que en la frustrada opa de Eon por Endesa no sirvió de nada, en la práctica, la presión que ejerció la Comisión sobre el Gobierno español", recuerdan fuentes comunitarias.

Las cifras

1995 fue el año de la privatización definitiva de Portugal Telecom, el operador dominante del mercado portugués de las telecomunicaciones.

500 acciones de oro, con derechos especiales de veto, se reservó el Gobierno luso tras la privatización de la compañía.

10 años tardó la CE en abrir un expediente contra la acción de oro en PT.