_
_
_
_
Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

La prioridad reside en financiar las pymes

Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) son entidades sometidas a la supervisión y al control del Banco de España, diseñadas exclusivamente para facilitar la financiación de pymes y autónomos, por lo que en el contexto de fuerte restricción crediticia como el actual, cobran un especial valor como instrumentos destinados a proporcionar financiación a los segmentos menos atendidos por las entidades financieras. Las Comunidades Autónomas tienen un importante peso en el accionariado de las SGR, mientras que las aportaciones estatales se materializan a través de la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), que realiza una cobertura parcial de los riesgos asumidos por las SGR con las pymes.

La principal ventaja de las aportaciones de las administraciones públicas al Sistema de Garantía en relación a las ayudas directas a la financiación de pymes, es que la actuación de la SGR crea un efecto multiplicador en la financiación. En consecuencia, cada euro aportado al capital de una SGR permite financiar 12,5 euros de créditos para pymes (mantenimiento de un ratio de solvencia del 8%). El efecto es muy superior si la aportación se realiza a Cersa, ya que el reafianzamiento se limita a un porcentaje de las operaciones de las SGR, por lo que cada euro aportado a Cersa se multiplica hasta 37 veces en el crédito para las pymes.

La llegada de las pymes a la SGR se fomenta a través de la participación de los socios, las cámaras de comercio, asociaciones sectoriales, y a través de las propias entidades financieras. Otra de las ventajas del Sistema de Garantía Reciproca es su capilaridad. En España operan 22 SGR, 19 de ellas de ámbito regional y 3 de carácter sectorial, y en conjunto cuentan con una red de 72 sucursales.

En 2009 el conjunto de las SGR mostró un comportamiento positivo y anticiclíco, con un aumento del riesgo vivo del 10% y del 13% en el número de avales concedidos. El riesgo vivo del Sistema de Garantías se situó a finales de 2009 en 6.525 millones de euros. De dicho importe, nada menos que un 72% se concentra en pymes de menos de 10 trabajadores, y el 90% en financiación a más de tres años. El número de empresas avaladas superó en 2009 las 100.000, de las que 40.000 aproximadamente contaban con operaciones vivas. El empleo asociado a estas últimas empresas supera los 860.000 trabajadores.

El aumento de riesgo vivo de las SGR en 2009 ha demostrado la capacidad del sistema para apostar por la viabilidad de las pymes incluso en un entorno difícil. Pero el aumento de la actividad y el cumplimiento de sus objetivos de proveer de financiación a las pymes, ha pasado factura en términos de morosidad.

Las SGR han mostrado históricamente unos niveles de morosidad superiores a los que registra el conjunto de entidades de crédito, lo cual no puede interpretarse como una debilidad, sino como el resultado de asumir mayores riesgos en el segmento de empresas más vulnerables, y de avalar operaciones a las que las entidades financieras no otorgarían recursos si la pyme no contara con el respaldo de una SGR.

Ante la reducción de la solvencia que ha provocado el aumento de la morosidad, el Sistema de Garantía Recíproca necesita que Cersa se capitalice de manera extraordinaria en 2010 para poder seguir creciendo. De acuerdo con nuestras estimaciones, las SGR están preparadas para hacer frente a las tasas actuales de morosidad y a un repunte en próximos ejercicios. Sin embargo, si se quieren mantener los niveles de crecimiento del riesgo vivo registrados en 2009, los recursos actuales de Cersa son insuficientes.

No parece lógico, que en un momento como el actual de graves dificultades de financiación del segmento de menor tamaño de la pymes (menos de 10 trabajadores), la actuación de las SGR pueda quedar cercenada por restricciones en la solvencia de Cersa. El Gobierno podría articular medidas para que una parte de los recursos destinados a la financiación de pymes se canalizasen a través de las SGR mediante la capitalización de Cersa, cuyo efecto multiplicador, como ya hemos comentado, no es nada despreciable.

Arturo Rojas / Pablo Mañueco. Socios de AFI

Archivado En

_
_