El problema es la fiscalidad
En los últimos días se ha empezado a hablar mucho de impuestos, de ingresos públicos y de a qué denominamos rentas altas. En línea con la pobreza intelectual del debate social y político existente, se amontonan los tópicos, las ocurrencias y la falta de rigor.
A pesar de todo este ruido mediático, se observan pocos análisis rigurosos sobre el fondo de la cuestión, salvo el de Vicenc Navarro, que resulta ser la completa desfiscalización del sistema tributario español. Al margen de la complejidad, de la mala calidad legislativa según muchos expertos, subyace un problema esencial y es la insuficiente recaudación para sufragar los gastos públicos que devenga estar entre las 10 economías más ricas del mundo (al menos por volumen de PIB).
Este problema se arrastra casi desde su diseño, en 1978. Al proyecto original se han ido añadiendo parches, nuevas figuras tributarias, nuevas exenciones, o últimamente rebajas selectivas de impuestos, sin que haya mediado un estudio en profundidad sobre eficiencia y equidad, y se ha estado legislando en función de coyunturas electorales y tomando decisiones políticas en las que sólo primaba el corto plazo y satisfacer un electorado, o incluso grupos económicos de poder.
En este sentido, cobra cada vez más importancia la implantación, como tiene Suecia, de un órgano fiscal que estudia y diseña los cambios fiscales. Además, otros países han optado también por la implantación de policías fiscales e incluso una fiscalía especializada, en línea con la aparición de otras fiscalías temáticas. Esta figura, que debería ser implantada a nivel europeo, ahorraría debates estériles y daños a veces irreparables, pues una reforma fiscal mal hecha, y sobre todo frecuentes cambios fiscales, perjudican a los agentes económicos.
Con todo esto nos enfrentamos a un doble dilema, por un lado qué hacer en el corto plazo para poder paliar los efectos de la crisis, y por otro, cómo encarar el futuro para que se pueda diseñar un modelo tributario, lo mismo que educativo, coherente, equitativo, solvente, eficiente y duradero. Todo esto, en un contexto de debilidad política en España, pero también en Europa, sin rumbo claro y con ciertos apriorismos que han resultado ser falaces.
Lo que más sorprende, y ahí viene la dificultad añadida, es que las dos grandes tendencias políticas en Europa (salvo el bloque nórdico y algunos países centroeuropeos) , y en España no es una obsesión, es decir, socialdemócratas y conservadores coinciden en su visión fiscal. Han aplicado, casi sin matices, un proceso de reducción de ingresos públicos, con la idea puesta en la famosa curva de Laffer. Es decir, una menor presión fiscal acaba generando, en línea con la equivalencia ricardiana para la evolución de la deuda, un aumento de la actividad, y por tanto de la recaudación.
En España las reformas de 1999, 2003 y 2006 han ido en esa línea. Entre las tres, han sumando una merma de ingresos de más 16.000 millones de euros. Es decir, ha habido un consenso político de bajar impuestos, sin tener en cuenta la equidad ni la suficiencia recaudatoria ni la eficiencia, y se ha optado por un pensamiento único en materia fiscal. Llegado este punto, cómo se podrían incrementar los ingresos a corto plazo, pero con la idea de diseñar un modelo fiscal consistente a largo plazo.
En primer lugar, hay que saber que la renta media declarada por IRPF en España en 2006 era de 16.700 euros, con un tipo medio efectivo del 11%. Esto da muestra de que el nivel salarial no es un problema, y que por tanto no se puede reducir aún más la masa salarial sin caer en una depresión profunda. Dónde hay que ir por tanto a poder recaudar más, pues fundamentalmente en el impuesto de sociedades e IVA.
Existen algunos mecanismos automáticos que serían eliminar algunos beneficios fiscales con efecto retroactivo, igual que se ha roto el acuerdo con los funcionarios. En este sentido, eliminar la desgravación por compra de vivienda para rentas superiores a 100.000 euros, lo que generaría, con efecto inmediato, un ingreso de 1.200 millones de euros (esto se hizo en el Reino Unido), o la deducción por gastos financieros de endeudamiento para las empresas, o dejar sin efecto la bajada de impuestos de sociedades para grandes empresas (casi 3.000 millones de euros).
En suma, hay margen para elevar los ingresos a corto plazo, y así dar la señal de cambio en la tendencia de fiscalidad, abandonando el fatalismo histórico de que como hay mucho fraude fiscal, es mejor eliminar la imposición. A largo plazo, habrá que repensar la totalidad de incentivos fiscales, planes de pensiones, reinversión en vivienda, empleo, en aras de salvar los servicios públicos.
Alejandro Inurrieta. Economista y profesor del IEB