Neo-intervencionismo en los blindajes
El pasado 6 de abril se reunió la Comisión de Economía y Hacienda para votar, con competencia legislativa plena, una enmienda de modificación de la Ley de Sociedades Anónimas presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. A través de dicha enmienda se establecía la prohibición de que en este tipo de sociedades, los estatutos pudieran limitar el número máximo de votos que un mismo accionista o grupo de accionistas puede emitir. Esta aprobación salió adelante con el apoyo de CiU, quién para ello exigió reducir el ámbito de aplicación de la ley a las sociedades cotizadas, dejando pues fuera de su alcance a las pequeñas sociedades anónimas, o como ellos indicaban, a las sociedades familiares. Se incluyó además en la reforma un período de vacatio legis, al objeto de dotar a las sociedades cotizadas de un período de adaptación a la nueva regulación.
Bajo el brilliant disguise de romper con lo que denominan blindajes, lo que en realidad viene a hacer la reforma es limitar la libre autonomía de la voluntad de los accionistas de una compañía, expresada en una junta general. Los propietarios de la sociedad, ya no podrán tomar la decisión de que sus estatutos puedan reflejar cláusulas en las que se establezca el número máximo de votos que un mismo accionista o grupo de accionistas puede emitir. Esto supone un retroceso significativo en el proceso de autoafirmación del principio de libertad de configuración de las sociedades mercantiles, que ha venido imponiéndose desde los antiguos tiempos en los que las compañías se entendían como concesiones graciosas del poder político, cuya constitución y régimen se autorizaba a través de un acto administrativo discrecional como era el octroi. Es como si en el mundo empresarial de alguna manera volviéramos a los tiempos en que la Corona establecía los límites de las cuestiones que podía votar el parlamento.
La enmienda del Grupo Socialista ha suscitado un unánime rechazo entre las empresas españolas más grandes, entre las empresas familiares (que representan el 17% del PIB) y entre las organizaciones de accionistas minoritarios como Aemec (Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas). Todos coinciden que el Gobierno intenta cambiar las reglas del juego de las sociedades anónimas de improviso, con una enmienda que se ha presentado sin el informe del Consejo del Estado y obviando el trabajo de la Comisión General de Codificación. Además, la enmienda se ha incorporado de forma sorpresiva a un texto (Ley de Auditoria) que nada tiene que ver con esta materia. De hecho, si el Gobierno quisiera acometer una reforma seria de los derechos políticos de las acciones tiene otras alternativas legislativas más coherentes como la transposición a España de la Directiva 2007/36/CE sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de las sociedades cotizadas, o el proyecto de Ley de Sociedades Cotizadas que llevamos esperando años.
¿Por qué tanta improvisación? Parece que nos enfrentamos a una nueva muestra del intervencionismo socialista en el ámbito empresarial. Resulta paradójico que un Gobierno que no deja de culpar al mercado de todos sus males y que demoniza a los empresarios como responsables de la mayor cifra de parados de la historia de España, dedique tantas energías a intervenir en operaciones empresariales utilizando su capacidad legislativa. Lo hemos visto en los fallidos intentos de compra del BBVA, Endesa y en su regulación del mercado televisivo. Este Gobierno socialista tiene claros sus favoritos y no deja de mostrarles su apoyo. Parece que ahora los consejos de administración de las multinacionales energéticas españolas, Repsol e Iberdrola, son los próximos objetivos.
En todo caso, parece que el socialismo del señor Zapatero no es obstáculo para que se ocupe más de los repartos de poder en las grandes empresas españolas que de los accionistas minoritarios. Podría parecer lo contrario para quien se quedara con la idea de que igualar los derechos económicos y políticos de las acciones otorgaría más poder a los accionistas. La realidad es que sólo favorece a quienes tienen más del 10% de una compañía cotizada y menos del 30%. En cambio, los verdaderamente minoritarios resultan perjudicados, pues esta situación permitiría las tomas de control de facto en las compañías sin tener que presentar una OPA, en la que los minoritarios reciban sus primas en régimen de igualdad. Si se piensa que en los mercados de valores españoles un 85% de las compañías del Ibex pueden ser controladas con participaciones sociales inferiores al 30% establecido para presentar una OPA, se puede comprender el impacto que tendría esta reforma.
Es cierto, como repite el Gobierno español, que otros países europeos, como Italia y Alemania, han adoptado un sistema parecido al que propone. No obstante las decisiones tomadas en dichos países no sólo no resultan pacíficas en sus respectivos ordenamientos, sino que además no han sido secundadas por ningún otro Estado en el seno de la Unión Europea. De este modo, la enmienda unilateral del Gobierno coloca a España en una posición absolutamente minoritaria en Europa, máxime cuando el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de la política de competencia subrayó hace unos días la neutralidad de Bruselas al recordar que "no existe ninguna directiva que obligue a 'una acción, un voto".
La consecuencia más positiva del intento de reforma del Gobierno español es que ha abierto el debate público entre todos los stakeholders, que debería haberse producido antes de presentar la enmienda. También es unánime la opinión de realizar una reforma meditada y con el marco legislativo adecuado.
Entre las distintas soluciones de fondo que se plantean la que más consenso recoge es la inspirada en el modelo francés. Consistiría en mantener la posibilidad de limitar el voto, pero con la condición de que se retirara en caso de que se lance una OPA y se consiga el 75% del capital. De esta forma, el comprador sabe que si triunfa su oferta podrá gestionar sin obstáculos la empresa adquirida. Pero también los accionistas minoritarios verían protegidos sus intereses al ser tratados en igualdad de condiciones.
La batalla entre un Gobierno neointervencionista y la soberanía de las juntas de accionistas lleva camino de alargarse. En las próximas semanas veremos si las Cortes españolas consiguen mantener la independencia de las decisiones de los accionistas frente a quienes intentan emular a Carlos I en su afán de recortar el poder del parlamento inglés.
Javier Cremades. Abogado