El Ejecutivo consigue endurecer las penas por corrupción y delito urbanístico
El Congreso alumbró ayer la reforma número 26 del Código Penal de la democracia, nacido en 1995, que incorpora un endurecimiento de las penas por delitos de corrupción urbanística. Estas ya no se limitarán a las multas económicas o a la inhabilitación. Los cargos públicos implicados en este tipo de delitos serán castigados con la cárcel.
En concreto, los delitos así tipificados serán respondidos con penas de entre un año y seis meses a cuatro años de prisión y multas de 12 a 24 meses de inhabilitación para aquellos cargos públicos involucrados en la concesión de contratos y licencias de edificación que vulneren las normas de protección urbanística u oculten las infracciones impuestas por las inspecciones administrativas.
A falta de lo que decida el Senado, la reforma fue aprobada ayer en el Congreso con los votos del PSOE, CiU, ERC, Coalición Canaria y UPN. El PP se abstuvo, disconforme con algunos de los 150 artículos que el proyecto de ley modifica.
El nuevo Código, si finalmente se aprueba en su actual redacción, establece penas más altas para los delitos de fraude, tráfico de influencias y conductas ilícitas de los funcionarios públicos. También incorpora novedades para las empresas privadas, pues aunque CiU finalmente ha conseguido suavizar la norma para que se prioricen las multas económicas, podrán ser disueltas dependiendo de la gravedad del delito cometido.
CiU también ha sido determinante en el mantenimiento del régimen de prescripción de los delitos cometidos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social, que queda establecido en cinco años, frente a los 10 que el Gobierno pretendía fijar en un principio.
Otra novedad del Código Penal es el establecimiento de penas de entre uno y dos años de prisión para las ocupaciones violentas de edificios vacíos, delito para el que hasta ahora ha operado sólo la posibilidad de una multa económica. El terrorismo ya no prescribirá como delito en el nuevo Código aprobado ayer.