COLUMNA

Contagio en la crisis

La crisis de la deuda griega se ha agravado drásticamente en los últimos días ante la desconfianza que suscitan los planes de ajuste anunciados por el Gobierno de dicho país. Desconfianza en los países fuertes de la eurozona, que deberían estar impulsando una decisión sobre un paquete de ayuda financiera, y desconfianza en los inversores, que dudan de la viabilidad presupuestaria a largo plazo incluso si dicha ayuda se materializa. Aún más importante, la ausencia de perspectivas a medio plazo ha extendido la desconfianza a otros países de la eurozona, entre los que se incluye España, que supuestamente podrían enfrentarse a dificultades similares a las que atraviesa Grecia.

El resultado son elevaciones en los costes de seguro de la deuda (CDS), en los tipos de interés a largo plazo, y una posible rebaja en la calificación de riesgo país. Todo ello redunda en un encarecimiento de la financiación y, a su vez, en un deterioro adicional de las cuentas públicas. Estamos sin duda ante una crisis de deuda, que va trazando una espiral de dificultades cada vez más difícil de romper.

Conviene recordar que detrás de la mayoría de los grandes vaivenes de los mercados financieros hay un componente objetivo, que desencadena la preocupación de los inversores, y un componente de expectativas, tan importante como el primero. Examinemos la situación desde ambos puntos de vista. Objetivamente, el resto de los países europeos cuyos indicadores financieros están sufriendo tan grave deterioro estos días no está en la misma situación que Grecia. No sólo porque su nivel de endeudamiento como porcentaje del PIB sea inferior. La teoría económica enseña que lo importante no es dicho indicador de deuda, sino la capacidad de hacer frente al mismo, reflejada básicamente en dos aspectos relacionados: el coste de financiación en términos reales, y la capacidad de crecimiento económico a largo plazo. El primer elemento, resumido en el tipo de interés real, indica el tipo de sacrificio que el país debe hacer para hacer frente a la deuda y es importante porque los recursos destinados al servicio de la deuda no pueden destinarse a inversión, por ejemplo, limitando así las posibilidades de crecimiento. Esto hace que una ratio de endeudamiento respecto del PIB que para un país con posibilidades de crecimiento futuro robusto puede ser perfectamente admisible, para otro país puede resultar insostenible.

En lo que respecta a España, nuestra ratio de endeudamiento es aún inferior a otras de países de la eurozona pero, como he indicado, esta no es la comparación relevante. Más significativo es que la percepción de crecimiento potencial a largo plazo se ha visto deteriorada por la crisis, y niveles de endeudamiento que antes se percibían como sostenibles para España, ahora se ven como potencialmente inestables. Es muy difícil, desde luego, tener una clara idea de las posibilidades de crecimiento en un horizonte de 20 o 30 años, del mismo modo que antes de la crisis nos beneficiamos de una extrapolación injustificada hacia el futuro de las altas tasas de crecimiento que estábamos viviendo. Pero, precisamente por tal ambigüedad en un asunto de tanta trascendencia al juzgar la estabilidad de las finanzas públicas, el segundo componente que antes mencioné, las expectativas acerca de las posibilidades futuras de una economía, son tan importantes.

El Gobierno ha estado en lo cierto al defender que la situación objetiva de España no es como la de Grecia, pero este argumento, por sí sólo, es muy débil ante una crisis. No elaborar desde el inicio un plan creíble y coherente de ajuste presupuestario, basado en un riguroso diagnóstico de la situación económica ha sido un gran error. Se han aprobado recortes del gasto y reformas de las pensiones, pero se ha sembrado mucha incertidumbre acerca de su calendario de aplicación y se han revertido medidas anunciadas. Una significativa restricción del sueldo de los funcionarios habría sido una excelente señal hacia dentro y fuera. Así como una reconsideración de la eficacia de las muy diferentes partidas de gasto social.

Como en otros temas, se han tomado una variedad de medidas, sin considerar su coherencia interna en aras del logro de un objetivo claramente establecido. Un Gobierno puede y debe actuar sobre las expectativas de los mercados y las instituciones internacionales, y debe contar con un apoyo político amplio, guardando las diferencias para otras ocasiones. El Gobierno es responsable último, pero la contribución de los responsables políticos autonómicos y locales al compromiso de rigor presupuestario habría contribuido muy positivamente a generar sólidas expectativas acerca de la viabilidad de nuestras finanzas públicas.

Alfonso Novales. Catedrático de análisis economico